Caso $LIBRA: la disolución de la UTI agudiza la investigación judicial sobre los hermanos Milei

Mediante el Decreto 332/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Poder Ejecutivo disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), un organismo creado para colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga una presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. El documento oficial argumenta que la UTI «cumplió con las tareas asignadas», pero la decisión ha sido recibida con fuertes críticas desde distintos sectores de la oposición, quienes denuncian un intento de encubrimiento y exigen la reactivación de la Comisión Investigadora en el Congreso.

Sospechas de encubrimiento y reclamo de la oposición

Diputados de Unión por la Patria y otros bloques opositores no tardaron en manifestar su indignación. Julia Strada, diputada de Unión por la Patria, calificó a la UTI como «una pantalla» y denunció que «nunca nos dieron los resultados de la supuesta unidad». Strada enfatizó que la disolución de la UTI confirma lo que ya reconocen Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en la Justicia: que Hayden Davis realizó una estafa «con ellos, con Karina y con el Presidente, claro».

Carlos Castagneto, también de Unión por la Patria, sostuvo que la medida es «una mentira más de Milei», cuestionando los resultados que la UTI pudo haber encontrado, sobre todo cuando la Comisión Investigadora del Congreso y las causas en Argentina y Estados Unidos «están vigentes».

Juan Marino, otro legislador opositor, manifestó que «hasta ahora, se negaron a hacer público el informe de la UTI. ¿Qué están ocultando?». Además, reveló que la jueza Servini solicitó información de los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei, y que «la familia de Novelli, socio de Javier, quien se reunió en numerosas oportunidades con Karina en la Rosada, vació sus cajas de seguridad luego de la estafa». Marino concluyó que «la disolución de la UTI es un paso más en el intento de garantizarse impunidad. Ahora y con más razón, hay que rechazar que paralicen la Comisión Investigadora en el Congreso. ¡No a la impunidad!».

Búsqueda de imparcialidad y reactivación parlamentaria

Fernando Carbajal, diputado de Democracia para Siempre, anticipó que en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados se intentará reactivar la Comisión Investigadora del caso $LIBRA. Carbajal declaró a Radio 10 que «la decisión solo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la impunidad de Milei». Añadió que la UTI del Gobierno sobre el caso $LIBRA «era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo».

El legislador enfatizó la importancia de la imparcialidad en cualquier investigación seria: «cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Y, en consecuencia, si el objetivo de la investigación es el Poder Ejecutivo, está claro que el organismo de investigación tenía que estar fuera de este». Carbajal lamentó las dificultades que están teniendo en el Congreso debido a «la actitud que tiene el Gobierno Nacional y sus aliados de haber impedido la conformación de la Comisión», y expresó expectación por las acciones de esta semana.

La investigación judicial avanza sin pausa

Mientras tanto, la causa penal, a cargo de la jueza federal María Servini, continúa su curso, investigando la presunta participación del presidente Javier Milei en una estafa con la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se desplomó tras ser promocionada en redes sociales. La Cámara Federal de San Martín resolvió que la magistrada quede al frente del expediente.

En un desarrollo clave, este mismo miércoles, la jueza Servini solicitó información financiera sobre los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei, así como de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

Además, se llevó a cabo una audiencia civil como parte de una mediación obligatoria previa a una demanda por daños y perjuicios. Sin embargo, ni el presidente Milei ni su hermana asistieron ni enviaron representantes a la citación, impulsada por el abogado Nicolás Oszust en representación de unas 25 personas afectadas, quienes reclaman un total de 4,5 millones de dólares por el colapso del activo digital.