Inaudito revés judicial: víctima de acoso laboral deberá costear parte del juicio, incluyendo la defensa de su agresor

Un reciente pronunciamiento de la Cámara V de Apelaciones del Trabajo, integrado por los jueces Gabriel de Vedia y Beatriz Friedman, ha desatado una ola de críticas y preocupación en el ámbito laboral y jurídico. Pese a ratificar el fallo de primera instancia que reconocía a una trabajadora como víctima de acoso laboral («mobbing») por parte de la cúpula jerárquica de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el tribunal determinó que la damnificada deberá afrontar el 60% de los costos del extenso expediente judicial, ¡incluyendo los honorarios de la defensa de su propio acosador!

Esta resolución, que contradice la lógica más elemental de la justicia y la protección de las víctimas, ha generado un profundo malestar, sumándose a la reciente polémica generada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en un caso de quiebra que relegó los derechos de los trabajadores.

En primera instancia, la jueza María Elena López había fallado a favor de la trabajadora, concluyendo que su despido fue injustificado y que existió un claro caso de acoso laboral, tal como lo confirmó posteriormente la Sala V, señalando que las acciones de hostigamiento provenían directamente de los altos mandos de CAME.

Sin embargo, la sorpresa y la indignación llegaron con la decisión de los jueces De Vedia y Friedman de imponer a la víctima la carga de sufragar el 60% de los gastos del juicio. La insólita medida llamó la atención de organismos internacionales como la Oficina de la OIT para el Cono Sur. El especialista en Normas Internacionales del Trabajo, Sergio Paixão Pardo, y la Oficial de Género, Larraitz Lexartza, convocaron de urgencia a la damnificada a una reunión virtual para informarse sobre el caso.

El involucramiento de la OIT radica en el Convenio 190, ratificado por Argentina en 2022, que recomienda la sanción de una ley específica sobre acoso laboral, un tema aún pendiente de debate en el Congreso de la Nación. Durante el encuentro virtual, los funcionarios de la OIT hicieron hincapié en esta alarmante falta de legislación.

Ante este revés judicial, la defensa de la trabajadora anunció la presentación de un recurso de queja ante la CSJN, buscando revertir este fallo que consideran re-victimizarte.

De la reunión informativa también participó la Dra. Marisa Belluomini, de la Oficina de Violencia Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que recepcionó el caso en su inicio y acompañó a la denunciante en su difícil periplo judicial. En diálogo con InfoGremiales, la Dra. Belluomini expresó su profunda preocupación: «No es habitual y llama la atención que en este momento se dé un fallo así que vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad a quien ya pasó una situación así. Es ilógico que pase esto, que una acosada pague a su acosador por los gastos judiciales. Es una brutalidad jurídica. Es desandar un camino recorrido porque estos fallos desaniman a hacer la denuncia; es, diríamos, una brutalidad jurídica».

Ocho años de trabajo y un despido tras denunciar el acoso

La víctima, cuya identidad se mantiene reservada, se desempeñó durante ocho años en el área de Comunicación de CAME. Su calvario comenzó tras denunciar formalmente el acoso laboral por parte de la cúpula de la entidad, siguiendo el propio Código de Ética de la empresa. La respuesta de CAME fue contundente e inesperada: a las 48 horas de realizar la denuncia, la trabajadora fue despedida. «Se usan los protocolos internos como tramperas: si denunciás que tu jefe te está acosando, te despiden», lamentó la demandante en conversación con InfoGremiales.

La situación se agrava al considerar dos factores adicionales: el despido se produjo en plena vigencia del decreto que prohibía las cesantías durante la pandemia de COVID-19, y la trabajadora contaba con un legajo intachable, sin sanciones previas en casi una década de servicio.

Según consta en la causa judicial, el acoso se intensificó tras la asunción de Alfredo González a la presidencia de CAME. La defensa de la trabajadora presentó pruebas documentales y testimoniales que acreditaron una serie de acciones sistemáticas de hostigamiento. Entre ellas, se destacan la misteriosa desaparición del CPU de su escritorio, el bloqueo de su cuenta de correo electrónico mediante el blanqueo de su contraseña, y la creación de un grupo de WhatsApp donde se coordinaban las tareas del sector, excluyéndola deliberadamente.

Si bien la justicia de primera instancia condenó a CAME a pagar más de 50 millones de pesos en concepto de daños morales y diferencias salariales, la reciente resolución de la Cámara del Trabajo ha generado una profunda sensación de injusticia y re-victimización para la trabajadora, quien ahora se ve obligada a costear parte de un juicio que precisamente buscaba reparar el daño sufrido. Este fallo sienta un precedente alarmante y podría tener un efecto disuasorio en futuras denuncias de acoso laboral, perpetuando la vulnerabilidad de las víctimas.