Auditoría despiadada: el Gobierno apunta a recortar 400 mil pensiones por discapacidad y desata la alarma
Con la excusa de detectar "irregularidades", la administración de Javier Milei planea una poda masiva que duplicaría las estimaciones iniciales, dejando en la incertidumbre a miles de beneficiarios, muchos de los cuales ni siquiera fueron notificados del proceso. Organizaciones denuncian crueldad e inhumanidad.
El ajuste fiscal del Gobierno nacional tiene un nuevo y preocupante foco: las pensiones por discapacidad. Si bien se había anticipado que este colectivo sería una de las «variables» del recorte, la magnitud de la medida que se avecina es mucho mayor de lo previsto. Fuentes oficiales confirmaron a Página/12 que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) proyecta dar de baja alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral para fines de este año. Esta cifra duplica la estimación inicial de 200 mil y representa un tercio del total de beneficiarios actuales. El «ahorro» esperado para las arcas del Estado ascendería a unos 900 mil millones de pesos.
Esta drástica reducción se implementará a partir de los resultados de una auditoría impulsada por el titular de la Andis, Diego Spagnuolo, tristemente célebre por firmar una resolución con insultos denigrantes hacia las personas con discapacidad. En este contexto, la ONG Alapa, que apoya a pacientes con enfermedades poco frecuentes, presentó un recurso de amparo para frenar lo que considera un proceso que «degrada la dignidad humana».
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había dado un sombrío anticipo de la brutalidad del ajuste al reconocer ante el Congreso que casi el 50 por ciento de las personas con discapacidad auditadas nunca fueron debidamente notificadas. Se trata de un universo inicial de más de 200 mil personas sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual que no recibieron la carta documento informativa. La principal excusa oficial es la inconsistencia en los domicilios declarados, pero la solución adoptada es la suspensión del cobro, dejando a estos beneficiarios en un limbo sin posibilidad de defender su derecho.
Según el informe de Francos, de las 470 mil cartas documento enviadas por la Andis hasta abril, 222.607 nunca llegaron a destino. Estas notificaciones, cuyo envío está a cargo de la empresa privada Andreani mediante una licitación millonaria, son solo la primera etapa de una auditoría que alcanzará a los 1,2 millones de personas que perciben pensiones no contributivas en el país. La Andis planea enviar unas 300 mil notificaciones mensuales para completar el proceso en los próximos meses.
Paralelamente a las bajas por falta de notificación, la poda se concretará con aquellos que, a pesar de ser auditados, no superen los exámenes médicos de la Andis o no logren demostrar que carecen de empleo y necesitan la pensión. El Gobierno alega buscar «irregularidades» de la gestión anterior, pero hasta el momento solo ha exhibido casos aislados que no justifican la magnitud del recorte planificado. Incluso, el caso más publicitado resultó ser una fake news.
La proyección final del Gobierno es dar de baja unas 400 mil pensiones, una cifra que duplica las estimaciones iniciales del proyecto de presupuesto 2025 y supera ampliamente el intento de Mauricio Macri en 2017, que derivó en un revés judicial.
El diputado Daniel Arroyo denuncia que la Andis recibió una «pauta de ajuste» del Poder Ejecutivo imposible de cumplir mediante auditorías genuinas, lo que obliga a «inventar» irregularidades y somete a 1,2 millones de personas a la desesperación de un proceso «cruel e innecesario». Arroyo impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área de discapacidad, buscando reasignar partidas y proteger no solo las pensiones, sino también a los prestadores de servicios esenciales que están al borde del colapso por el ajuste.
Organizaciones civiles vinculadas a la discapacidad vienen denunciando desde el año pasado el caos y la falta de protocolos adecuados en la auditoría de la Andis, que obliga a las personas con discapacidad a superar múltiples barreras burocráticas y realizar trámites presenciales sin considerar sus necesidades específicas. La cautelar presentada por Alapa busca «adecuar» el procedimiento a las posibilidades del colectivo, señalando la ausencia de normativas claras y la falta de participación de las organizaciones en el diseño del proceso.
El decreto 843/2024, que reinstauró un modelo médico de la discapacidad previo a la Convención de la ONU, y la Resolución 187/2025, que elevó el baremo de discapacidad física y contenía insultos hacia las personas con discapacidad intelectual, son los pilares normativos de este ajuste. A pesar de las tibias disculpas de Spagnuolo, el nuevo baremo sigue vigente, dificultando el acceso a pensiones futuras. Los números expuestos por Francos son elocuentes: en cuatro meses de este año, solo se otorgaron 211 pensiones. La auditoría, bajo la fachada de combatir irregularidades, se revela como una herramienta para un recorte masivo y despiadado que genera alarma y vulnera los derechos de miles de personas con discapacidad.
