La justicia acelera la investigación sobre el caso $Libra: Taiano busca el patrimonio de los Milei y las demandas se multiplican en EE.UU.

La investigación judicial que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por presunta estafa y otros delitos relacionados con la criptomoneda $Libra, ingresa en una etapa crucial. El fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado formalmente a la jueza María Servini que autorice el levantamiento del secreto fiscal y bancario de ambos, así como de otros imputados en la causa.

Esta medida tiene como objetivo profundizar el análisis del patrimonio de los hermanos Milei, de los organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y del ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. A principios de marzo, Taiano había instruido a la Secretaría de Recupero de Activos para que propusiera medidas y analizara la evolución patrimonial de los implicados desde 2023 hasta la fecha. El reciente dictamen del fiscal, dado a conocer por el abogado querellante Juan Grabois, insiste en la necesidad de conformar un legajo de investigación patrimonial y solicita explícitamente a Servini el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los cinco imputados.

La solicitud de Taiano se produce en una semana significativa para la causa. La Cámara Federal de San Martín decidió remitir a Comodoro Py la investigación paralela que llevaba adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien había logrado recabar pruebas relevantes. Al no haber cuestionamientos sobre sus actuaciones, este expediente se sumará al que instruye Taiano, fortaleciendo la investigación en curso. Una de las últimas diligencias de Arroyo Salgado fue librar un exhorto internacional, actualmente en trámite a través de la Cancillería, para intentar congelar las billeteras virtuales vinculadas a $Libra que operan bajo la tecnología USDT.

En paralelo, se conoció que el fiscal Taiano también ordenó una serie de oficios y exhortos internacionales dirigidos a plataformas digitales como Meta, Google, LinkedIn y GoDaddy, entre otras. El objetivo es obtener información de las redes sociales de todos los imputados, a excepción de Javier y Karina Milei. Uno de los requerimientos busca identificar al titular de la cuenta de correo electrónico [dirección de correo electrónico eliminada], asociada como correo de recuperación de [dirección de correo electrónico eliminada], dirección utilizada para la página web que promocionaba el token y sus supuestas inversiones en empresas argentinas.

Además, el fiscal citó a declarar para el próximo martes 15 de abril a los tres inversores representados por los abogados Juan Grabois, Nicolás Rechanik y Camila Palacin. Sus testimonios se sumarán al de Martín Romeo, el inversor que ya declaró ante Arroyo Salgado y que, a través de su abogado Nicolás Ozsust, espera ser aceptado como querellante en la causa principal.

Por otro lado, se cumplen dos meses del tuit en el que el presidente Milei promocionó el contrato para acceder al token $Libra, cuyo valor experimentó una rápida escalada desde centavos hasta casi cinco dólares, para luego desplomarse en una maniobra conocida como rug pull.

Mientras tanto, en Argentina se aguarda el análisis de la información contenida en los dispositivos secuestrados durante los allanamientos a Novelli y Morales a principios de marzo. La Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya realizó la extracción de datos en dos jornadas, y ahora se espera que el fiscal determine qué información resulta relevante para la causa.

Frente Judicial Abierto en Estados Unidos

El caso $Libra también ha generado un importante movimiento en Estados Unidos, donde se desarrollan investigaciones tanto a nivel gubernamental como privado. El bufete Burwick Law presentó una class action semanas atrás, y según informaron, la demanda se encuentra en la etapa de notificación a los demandados, un paso crucial para que legalmente deban responder ante la Justicia estadounidense.

De manera simultánea y con un marcado hermetismo, avanzan las investigaciones del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, impulsadas por presentaciones previas del equipo de Juan Grabois y del abogado Mauricio Moyano. Este último, según pudo saber este medio, trabaja junto a otros colegas en una presentación ante la Justicia Federal de EE.UU. que se enmarcaría en los términos de la ley antimafia de ese país, popularmente conocida como “ley RICO”.

El abogado y exfiscal norteamericano Timothy Trainor también se encuentra ultimando los detalles de la denuncia que anunció públicamente. En respuesta a una consulta de Tiempo, Trainor afirmó que su revisión de las pruebas disponibles, que considera sustanciales, está bastante avanzada. En la última semana, se reunió con el abogado argentino Gregorio Dalbón, quien viajó a Estados Unidos y también mantuvo encuentros con otros letrados, aportando información relacionada con el caso.

Consultado por este medio, Dalbón confirmó la firma de un pacto de confidencialidad con Trainor y señaló que «los organismos no gubernamentales están estudiando e investigando a todos los consortes de causa para congelar sus activos en EE UU». Entre las pruebas aportadas, Dalbón mencionó dos cortes de entrevistas televisivas de Milei con Luis Majul y Jonatan Viale, donde, según su interpretación y la de sus colegas estadounidenses, el presidente argentino se habría autoincriminado.