Cimbronazo en el Senado: rechazo a designaciones para la Corte Suprema

En una sesión que tensó aún más el ya caldeado ambiente político, el Senado de la Nación rechazó de manera contundente los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los magistrados propuestos por el presidente Javier Milei para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La votación, lejos de seguir las líneas divisorias tradicionales, exhibió una llamativa alianza entre el kirchnerismo y facciones del propio PRO, propinando un revés significativo a las aspiraciones del Ejecutivo en el ámbito judicial.

Los números fueron elocuentes. El pliego de Lijo cosechó apenas 27 votos a favor, insuficientes ante los 43 votos en contra y la abstención del senador libertario Juan Carlos Pagotto. Peor suerte corrió García-Mansilla, cuyo pliego solo obtuvo el respaldo de 20 senadores, mientras que 51 legisladores se manifestaron en su contra. La ausencia de la senadora chubutense Edith Terenzi completó el panorama de una jornada parlamentaria definitoria.

La votación dejó al descubierto una inesperada confluencia de intereses entre el kirchnerismo y el PRO. El bloque peronista, casi en su totalidad, se opuso a las designaciones, con 33 de sus 34 integrantes votando en rechazo. La única excepción fue la senadora jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal, quien había anticipado su apoyo a la candidatura de Lijo. Sin embargo, la sorpresa llegó de la mano de varios senadores del PRO, quienes decidieron apartarse de la línea oficialista y sumarse al rechazo. Nombres como Alfredo De Ángeli, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri se erigieron como voces disidentes dentro de su propio espacio, evidenciando las profundas fisuras internas y la creciente incomodidad con las estrategias del gobierno libertario.

El eje central del debate y el principal motivo del rechazo radicó en la polémica suscitada por el nombramiento en comisión de los jueces, una maniobra del Ejecutivo que generó fuertes cuestionamientos sobre su legitimidad constitucional. La incertidumbre jurídica en torno a la permanencia de un magistrado designado bajo esta modalidad en caso de no obtener la ratificación del Senado fue un factor determinante en la decisión de varios legisladores.

La situación de García-Mansilla, quien ya juró como miembro de la Corte tras su designación en comisión, se presenta ahora como un intrincado dilema. Mientras un sector sostiene que su eventual destitución solo podría concretarse a través de un proceso de juicio político, amparándose en la presunción de su investidura actual, otra postura, reforzada por el contundente rechazo del Senado, argumenta que su nombramiento carece ahora de validez y, por ende, no tendría derecho a continuar ejerciendo como ministro del máximo tribunal.

La sesión en el Senado estuvo precedida por intensas negociaciones que finalmente no lograron torcer el rumbo de la votación. Los intentos del oficialismo por ganar tiempo, incluyendo un pedido de prórroga de dos semanas gestionado por el ministro Santiago Caputo ante la bancada radical, resultaron infructuosos. Tampoco prosperó la sugerencia del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de suspender la sesión ante la falta de acuerdos.

Tras la votación, las reacciones no se hicieron esperar. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) fue una de las voces más críticas, señalando la inconsistencia de un gobierno que cuestiona prácticas que él mismo reproduce: “Las normas no están bien que la rompa un Gobierno sí y el otro no”, sentenció. Por su parte, el senador oficialista Daniel Bensusán destacó la responsabilidad del Senado en ejercer su rol de control frente a posibles abusos del Poder Ejecutivo, interpretando el rechazo como una impugnación al decreto presidencial que habilitó las designaciones en comisión.

En tanto, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), si bien reconoció la idoneidad de García-Mansilla, cuestionó las estrategias políticas que rodearon su nominación.

El futuro inmediato de los jueces designados se presenta incierto. Si bien el rechazo del Senado es un obstáculo insalvable para la confirmación de Lijo, la situación de García-Mansilla, con su juramento ya realizado, plantea un escenario de alta complejidad jurídica y política. La controversia constitucional sobre la validez de su designación en comisión y las vías para su eventual remoción prometen ser el foco de intensos debates en los próximos días.

Este revés parlamentario representa un golpe significativo para el gobierno de Javier Milei, exponiendo su debilidad en el ámbito legislativo y la dificultad para construir consensos incluso con sectores que, en principio, podrían ser aliados. La fragmentación política en el Senado y la capacidad de la oposición para articular estrategias conjuntas se erigen como desafíos importantes para la administración libertaria en su intento por reformar el Poder Judicial y consolidar su agenda de gobierno. La pulseada por el control de la Justicia argentina ha sumado un nuevo y trascendente capítulo.