Casi 450 mil trabajadores dejaron de aportar a la seguridad social en un año, mientras la desocupación y la informalidad laboral van en ascenso
La caída del empleo formal está dejando una marca indeleble en el financiamiento de la seguridad social. En el primer año de gobierno de Javier Milei, el ajuste fiscal no solo afectó las cuentas públicas, sino también el bolsillo de los trabajadores: 449.203 aportantes menos en solo doce meses.
El derrumbe del empleo registrado en la Argentina ya tiene cifras concretas. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social, en noviembre de 2024 se contabilizaron 12.648.423 aportantes, mientras que un año atrás eran 13.097.626. La pérdida de casi 450 mil trabajadores que cotizaban en el sistema previsional marca un retroceso alarmante en la estabilidad laboral del país.
El recorte afectó tanto al sector público como al privado: 172.220 asalariados dejaron de aportar, con una caída de 85.598 en el ámbito privado y 85.017 en el sector estatal. Además, hubo una disminución de 1.605 aportantes en regímenes especiales.
Pero la situación es aún más grave para los trabajadores independientes. El desplome entre los monotributistas fue de 19.609 personas, mientras que los autónomos sufrieron la peor parte: 267.856 menos en el sistema. Un dato llamativo es que las trabajadoras de casas particulares fueron la única categoría que creció, con 10.482 nuevas aportantes.
Un sistema en crisis
La desaparición de aportantes tiene un impacto directo en la sustentabilidad de la seguridad social. Con 12,6 millones de trabajadores registrados y una población ocupada estimada en 20 millones, hay al menos 7,5 millones de personas en la informalidad. Este déficit de cotizantes complica el financiamiento de jubilaciones y prestaciones sociales, en un contexto donde el ajuste fiscal se combina con la recesión.
El deterioro del mercado laboral también se refleja en las cifras de desocupación. En el cuarto trimestre de 2024, el desempleo pasó del 5,7% al 6,4%, mientras que la cantidad de ocupados demandantes de empleo subió del 15,5% al 16,6%. Paralelamente, la precarización laboral sigue en ascenso: los asalariados no registrados aumentaron del 35,7% al 36,1%, y los cuentapropistas del 22,6% al 23,8%.
Pobreza en alza y un futuro incierto
El aumento de la informalidad y la caída del empleo registrado impactan de lleno en la calidad de vida de la población. La pobreza alcanzó al 38,1% de las personas y al 28,6% de los hogares en el segundo semestre de 2024, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Si bien estos valores representan una mejora respecto al primer semestre, la indigencia sigue golpeando fuerte: el 8,2% de los argentinos no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
La paradoja es que, aunque las cifras oficiales muestran una leve baja en los índices de pobreza e indigencia, la descomposición del empleo formal anticipa un 2025 con más dificultades. Menos aportantes, menos cobertura social y una economía cada vez más informalizada son el combo explosivo que define el modelo de ajuste de Milei.
El gobierno celebra el «saneamiento fiscal» y la «reducción del gasto público», pero la realidad en la calle es otra: más trabajadores fuera del sistema, mayor incertidumbre sobre el futuro previsional y una economía que se achica sin generar nuevas oportunidades. Mientras tanto, el mercado laboral sigue encogiéndose, y el «costo» del ajuste lo pagan los mismos de siempre.
