Negocios turbios en Seguridad: otra compra sospechosa bajo la lupa

Una licitación direccionada, sobreprecios y el fantasma de la corrupción internacional ponen en jaque una nueva operación del Ministerio de Seguridad. ¿Negocio o necesidad real?

La gestión de Patricia Bullrich vuelve a estar en el ojo de la tormenta por una denuncia de fraude millonario en la compra de cuatro buques patrulleros a la empresa francesa Naval Group. La operación, valuada en más de 325 millones de dólares, ha sido señalada por favorecer a un proveedor extranjero con antecedentes de corrupción, excluir a la industria naval nacional y encarecer costos de forma injustificada.

Este nuevo escándalo trae a la memoria las polémicas compras de armamento y equipamiento realizadas por Bullrich en su anterior paso por el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, fue acusada de pagar sobreprecios y favorecer licitaciones irregulares a proveedores de origen israelí. Ahora, el modus operandi parece repetirse, pero con sello francés.

Una licitación con nombre y apellido

El proceso de compra de los Offshore Patrol Vessel (OPV) comenzó en noviembre de 2023, bajo la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, lejos de revisarlo, Bullrich decidió impulsarlo y acelerar su ejecución tras asumir en diciembre. A pesar de las advertencias de la Comisión Asesora de la Industria Naval (CAIN) y de los astilleros nacionales, que solicitaron la suspensión de la licitación por estar diseñada a medida para un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad avanzó sin reparos.

El Astillero Río Santiago (ARS), con sede en Ensenada, ha desarrollado proyectos similares a costos menores y con producción nacional, lo que garantizaría empleo local y ahorro de divisas. Sin embargo, fue descartado del proceso. En su lugar, se adjudicó la construcción de tres de los cuatro buques a SPI Astilleros, una empresa sin capacidad técnica comprobada para fabricar embarcaciones de este porte. La sospecha es que los barcos terminarán siendo fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evitando impuestos de entre 20 y 30 millones de dólares por unidad.

Un socio con un pasado manchado

Naval Group no es una compañía con un historial limpio. En 2017, fue incluida en el “Ranking de Corrupción Militar” de la Universidad de Tufts, y su nombre ha estado vinculado a sobornos en contratos con Malasia, India y Brasil. En Argentina, ya protagonizó un escándalo en 2018, cuando vendió a la Armada cuatro patrulleros OPV-90 clase Gowind por un precio excesivo, incluyendo una unidad usada y con fallas mecánicas.

¿Por qué, entonces, se vuelve a elegir a una empresa con estos antecedentes? La respuesta parece estar en la diplomacia. En noviembre de 2023, Javier Milei y Emmanuel Macron cerraron un acuerdo por la compra de submarinos y patrulleros por 2.000 millones de dólares, financiados por Francia. La licitación impulsada por Bullrich encaja perfectamente dentro de este paquete de compras, dejando a la industria naval argentina fuera del juego.

Una compra innecesaria y costosa

Los denunciantes también cuestionan la necesidad de la operación. La Prefectura Naval Argentina cuenta con cuatro patrulleros similares en Mar del Plata, con pocas horas de navegación. Es decir, la modernización no responde a una urgencia operativa, sino a un interés comercial que, casualmente, beneficia a Naval Group.

El ingeniero naval Raúl Podetti, quien presentó la denuncia ante la jueza María Servini, calificó la compra como una “defraudación millonaria”, argumentando que la maniobra perjudica al Estado y a la industria nacional. Además, advirtió que SPI Astilleros no tiene la infraestructura para construir buques de 85 metros de eslora, lo que refuerza la sospecha de que serán construidos íntegramente en Francia.

Un patrón que se repite

Bullrich no es ajena a este tipo de polémicas. Durante la gestión de Macri, su cartera fue denunciada por adquisiciones directas de equipamiento militar a precios inflados y sin competencia real. En 2018, la compra de los mismos patrulleros a Naval Group fue criticada por costar el doble de su valor de mercado. Y si de antecedentes se trata, basta recordar la fallida compra de los cazabombarderos “Super Etendard Modernisé”, que llegaron inservibles y aún permanecen abandonados en los hangares de la Armada.

Ahora, con una nueva denuncia en su contra, Bullrich enfrenta acusaciones que la ubican en el centro de un esquema de corrupción estructural dentro del Ministerio de Seguridad. Mientras la justicia avanza en la investigación, la sospecha de que este escándalo es apenas un capítulo más de una historia repetida sigue cobrando fuerza.