La apertura económica genera alarma en la industria y los gremios
En medio de una crisis de consumo, tanto la UIA como los sindicatos piden regulaciones para evitar el impacto negativo de la apertura importadora.
La apertura económica impulsada por el gobierno de Javier Milei está generando tensiones entre dos sectores clave: la Unión Industrial Argentina (UIA) y los sindicatos. Mientras los industriales enfrentan un panorama desafiante por la competencia de productos extranjeros, los gremios denuncian cierres de fábricas y pérdida de empleo.
Desde la UIA advierten que, pese a algunas mejoras en sectores específicos, la actividad industrial en general continúa estancada. Según sus datos, diciembre de 2024 mostró una baja mensual respecto a noviembre, aunque con un leve aumento interanual gracias al bajo nivel de comparación. Se destacaron alzas en sectores como automotriz (2,8%) y cemento (11,1%), y un mejor desempeño en alimentos y bebidas, impulsado por la molienda de oleaginosas. Sin embargo, la caída en el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales (-8,7%) refleja la débil recuperación del sector.
Por su parte, los sindicatos, como la Unión de Trabajadores del Calzado (UTICRA), denuncian consecuencias directas de la apertura importadora, como el cierre de la planta Dass en Coronel Suárez, que fabricaba zapatillas Adidas, dejando a 400 empleados sin trabajo. Agustín Amicone, secretario general de UTICRA, afirmó que esta política económica recuerda etapas críticas como los años ’90 y el plan de Martínez de Hoz durante la última dictadura, con resultados catastróficos para la producción nacional.
Ambos sectores coinciden en exigir regulaciones que protejan a la industria local y a los trabajadores, advirtiendo que sin medidas concretas el país podría enfrentar una crisis aún mayor.
La apertura económica, aunque busca modernizar y globalizar el mercado, plantea un desafío significativo para la economía argentina, particularmente en un contexto de bajo consumo y débil competitividad. La falta de regulaciones adecuadas podría profundizar la pérdida de empleo y agravar la situación de miles de familias.
