La reforma laboral profundiza desigualdades: más flexibilidad y derechos laborales en discusión

Una propuesta que prioriza la flexibilidad empresarial a costa de derechos adquiridos, debilitando las protecciones laborales históricas.

El proyecto de reforma laboral presentado por el bloque de La Libertad Avanza desata polémica por sus profundas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Mientras el discurso oficial lo presenta como una solución para modernizar las relaciones laborales, gremios y especialistas lo califican como un grave retroceso en derechos fundamentales de los trabajadores, privilegiando los intereses empresariales.

Desprotección legal: el fin de la irrenunciabilidad

Uno de los puntos más alarmantes es la reforma del artículo 12 de la LCT, que hasta ahora protegía a los trabajadores de renunciar a derechos adquiridos. Con esta modificación, los empleadores podrán negociar acuerdos que los empleados, muchas veces bajo presión económica, no tendrán más opción que aceptar. Este cambio desdibuja décadas de conquistas laborales que habían establecido un mínimo de seguridad y equidad en las relaciones laborales.

Condiciones laborales más precarias

La reforma también altera el artículo 66, dificultando que los empleados puedan reclamar judicialmente la restitución de condiciones laborales alteradas por los empleadores. Además, permite sancionar a los trabajadores mediante métodos digitales, eliminando formalidades que garantizaban transparencia y registro en los procedimientos disciplinarios.

Por otra parte, se amplían los beneficios sociales no remunerativos, como bonos para alimentación o servicios como internet, pero estos no se consideran parte del salario. En la práctica, esto reduce las contribuciones patronales, perjudicando el acceso de los trabajadores a beneficios como jubilación o cobertura médica completa.

Flexibilidad extrema: vacaciones y ausencias bajo control empresarial

El proyecto flexibiliza las vacaciones, permitiendo su fraccionamiento y ajustándolas a las necesidades del empleador, lo que debilita el derecho al descanso efectivo. En cuanto al ausentismo, endurece los requisitos para justificar inasistencias, priorizando controles que podrían ser excesivos y desconsiderados en situaciones personales o médicas.

Críticas de gremios y especialistas

Gremios y juristas han cuestionado enérgicamente esta propuesta, señalándola como un ataque directo a la clase trabajadora. “Se está desmantelando el principio de protección laboral en nombre de una supuesta modernización que solo beneficia a los empresarios”, advierte Graciela Carrasco, abogada laboralista.

En un contexto de crisis económica, donde el empleo formal ya enfrenta desafíos, estas modificaciones podrían precarizar aún más las condiciones laborales y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.