Crisis energética o especulación: el impacto de las políticas de desinversión en el sistema eléctrico
Argentina no enfrenta una crisis energética, pero sí sufre las consecuencias de un modelo que prioriza la especulación sobre la inversión en infraestructura. ¿Qué papel juegan las políticas actuales en el deterioro del sistema y cómo afecta esto a la industria nacional?
Con una potencia instalada de 43.148 megawatts (MW), el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) tiene la capacidad de cubrir ampliamente la demanda energética del país, incluso en picos extremos de consumo. Sin embargo, la desinversión, los sobreprecios y la falta de planificación estratégica están generando un escenario de incertidumbre que golpea directamente a la industria, los trabajadores y los usuarios residenciales.
El consumo energético alcanzó un máximo de 29.653 MW en febrero del año pasado, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Este registro está muy por debajo de la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional, lo que demuestra que Argentina no atraviesa una crisis energética, sino una crisis de gestión y especulación en la formación de precios.
A pesar de esta holgura, los cortes de luz y las subas en las tarifas son cada vez más frecuentes. Esto, según representantes del gremio de Luz y Fuerza, responde a la falta de mantenimiento e inversión de las empresas privadas que operan el transporte y distribución de energía, como Transener. Estas empresas, amparadas por la desregulación del sector, especulan con la rentabilidad en lugar de garantizar un servicio eficiente.
El impacto de estas políticas se extiende a la industria, que enfrenta un escenario crítico: la demanda eléctrica industrial cayó un 18% en enero respecto al mes anterior y un 27% en comparación con el año pasado. La combinación de recesión económica, quita de subsidios y apertura a las importaciones genera un círculo vicioso que desincentiva la producción y reduce la demanda energética.
Además, la eliminación de subsidios y el ajuste tarifario afectan directamente a los hogares y pequeñas empresas, mientras que los grandes generadores tienen la libertad de ajustar precios trimestralmente, muchas veces por encima de la inflación. Este modelo, apuntan especialistas, es antiindustrial y refuerza la dependencia del sector energético privado, debilitando aún más la capacidad del país para sostener un desarrollo productivo.
El sistema eléctrico argentino no enfrenta una crisis energética, sino un problema estructural derivado de políticas que priorizan la especulación financiera sobre la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de la industria nacional. Para revertir esta situación, es necesario un cambio de modelo que contemple el desarrollo de redes de alta y extra alta tensión, la expansión de la capacidad de generación y una política tarifaria justa que impulse la producción y garantice el acceso a la energía para todos los sectores. Argentina tiene los recursos, el conocimiento y la capacidad técnica para liderar la región, pero necesita voluntad política para dejar de lado la especulación y apostar por un futuro productivo.
