Desfinanciamiento universitario: un golpe al sistema público de educación
La caída del presupuesto universitario y el deterioro salarial docente son reflejo de las políticas implementadas por el gobierno actual. La situación ha generado un profundo malestar en la comunidad educativa y ha provocado movilizaciones masivas en todo el país.
Desde diciembre de 2023, el presupuesto destinado a las universidades públicas se redujo un 30%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Este recorte ha tenido un impacto directo en los salarios reales de los docentes, que han sufrido una disminución del 23% en el mismo período. A estas cifras se suma el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que marcó un punto de quiebre en el ámbito educativo.
Durante 2024, la comunidad educativa, integrada por estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas, junto con sindicatos de distintos sectores, organizó jornadas de lucha en rechazo a estas medidas. Una de las marchas más significativas se llevó a cabo el 23 de abril, reuniendo a más de 800.000 personas en Buenos Aires y contando con el apoyo del 51% de los encuestados, según un relevamiento del Equipo Mide.
El Gobierno Nacional, sin embargo, minimizó estos reclamos al calificarlos como «genuinos pero basados en mentiras». Además, instaló la idea de que las universidades se resistían a auditorías, pese a que estas son realizadas por la Auditoría General de la Nación desde 1994. A pesar de los intentos por desacreditar el movimiento universitario, las cifras oficiales no revelaron irregularidades en la gestión presupuestaria de las casas de estudio.
En octubre, una nueva Marcha Federal Universitaria volvió a llenar las calles. Esta vez, la participación superó el millón de personas en Buenos Aires y sumó 400.000 manifestantes en el interior del país. A la demanda de un presupuesto justo se sumó el rechazo al veto presidencial y el reclamo por salarios dignos. Sin embargo, la Cámara de Diputados no logró los votos necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo, dejando sin efecto la Ley de Financiamiento Universitario.
El panorama actual es crítico: la Universidad de Buenos Aires, junto con otras instituciones, estima que el sistema educativo requiere $7,2 billones para 2025, mientras que el presupuesto proyectado apenas alcanza los $3,95 billones. La lucha por un financiamiento adecuado sigue siendo una prioridad para la comunidad educativa, que busca garantizar la calidad y la inclusión en el sistema universitario público.
La defensa de la educación pública no es solo un reclamo sectorial, sino una lucha por el futuro del país. Mientras persista el desfinanciamiento, se pone en riesgo el acceso igualitario y la excelencia académica, pilares fundamentales de una sociedad más justa y desarrollada.
