Aumento de tarifas de servicios públicos: un golpe al bolsillo que no se traduce en mejoras

Desde diciembre de 2023, los costos de los servicios básicos en Argentina han experimentado un incremento promedio de 369%, un ajuste que ha impactado fuertemente en la economía de los hogares. Las tarifas de gas natural lideraron los aumentos con un 715%, seguidas por el transporte (601%), el agua (289%) y la electricidad (162%), todos muy por encima de la inflación oficial.

Una carga cada vez mayor para los hogares

En octubre de 2024, los servicios públicos consumían un 12,2% del ingreso promedio de las familias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el doble de lo que representaban en diciembre del año anterior. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET, este incremento impactó de manera especial en los hogares de ingresos bajos y medios, para quienes el peso de los servicios básicos se ha vuelto un desafío creciente.

Julián Rojo, economista del IIEP, explica que el efecto de los incrementos se amplifica en ciertas épocas del año debido a la variación estacional en el consumo, especialmente de gas y electricidad. Sin embargo, más allá de esta variación, el foco está en el fuerte impacto que las subas tarifarias tienen en el bolsillo de los hogares, que deben enfrentar tarifas cada vez más elevadas para cubrir sus necesidades básicas.

Reducción de subsidios sin mejoras en la calidad

El gobierno de Javier Milei ha implementado estos aumentos con el objetivo de reducir el gasto en subsidios. No obstante, esta reducción no ha resultado en mejoras significativas en la calidad de los servicios. Según Rojo, “a pesar del esfuerzo de los usuarios con los aumentos, todavía no se ha iniciado un proceso de mejora en la infraestructura”, destacando que, aunque los subsidios han disminuido un 37% en términos reales, la calidad del servicio no ha mejorado sustancialmente.

Esta situación deja a los usuarios en una posición complicada: están pagando más por servicios que, en muchos casos, no cumplen con las expectativas mínimas de calidad, sin una clara perspectiva de cambio a corto plazo.

Una cobertura de costos desigual

Actualmente, los usuarios están cubriendo alrededor del 49% del costo promedio de la electricidad y el 56% del gas natural, con el Estado asumiendo el resto. Sin embargo, esta cobertura es significativamente mayor para los hogares de altos ingresos, generando una desigualdad en la carga económica de los aumentos tarifarios. Los hogares con menos recursos se ven obligados a destinar una mayor proporción de sus ingresos a pagar estos servicios, mientras que los sectores más acomodados cubren un porcentaje más elevado del costo, pero sin experimentar el mismo nivel de presión económica.

Perspectivas a futuro

Frente a esta realidad, es probable que los aumentos continúen mientras el gobierno busca alcanzar sus objetivos fiscales. Sin embargo, la pregunta que persiste en la sociedad es si estos ajustes lograrán, en algún momento, mejorar realmente la infraestructura y la calidad de los servicios.