Precarización laboral: un problema creciente en Argentina

La precarización laboral sigue avanzando en Argentina, afectando a casi la mitad de la fuerza laboral del país. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, esta situación es aún más alarmante, alcanzando al 70% de este grupo etario. La falta de empleos registrados y la proliferación de trabajos informales o mal remunerados son parte de un contexto económico adverso que debilita el mercado laboral y deteriora las condiciones de vida de los trabajadores.

Según el último análisis del IPyPP, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el 46,8% de los trabajadores en Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Esto incluye empleos informales, cuentapropismo y monotributistas que no logran cubrir una canasta básica. Este fenómeno se agrava entre los jóvenes de 18 a 24 años, quienes enfrentan una tasa de precarización del 70%, siendo los más afectados por la inestabilidad laboral y los bajos ingresos.

Claudio Lozano, coordinador del IPyPP, señala que estos datos reflejan una Argentina que atraviesa un período de fuerte regresividad en términos distributivos, agravado por un mercado interno deteriorado y un programa económico que no contempla medidas efectivas para mejorar la calidad del empleo. En este contexto, la pobreza laboral también ha escalado, alcanzando al 45% de los trabajadores ocupados.

La administración actual, con sus políticas de ajuste y reforma laboral, ha sido criticada por no abordar las raíces del problema. La nueva Ley Bases y el DNU 70/23, que facilitan la flexibilización laboral, han contribuido a un aumento en la informalidad y el autoempleo de subsistencia. “El enfoque principal debe ser reactivar la economía a través de la recuperación de los ingresos populares y establecer un umbral de dignidad laboral”, señala Lozano.

La situación laboral en Argentina requiere de políticas activas que no solo frenen la caída de los ingresos sino que también promuevan la creación de empleo de calidad. Los expertos sugieren la reducción de la jornada laboral como un mecanismo para distribuir el trabajo existente, lo que podría liberar hasta 2,25 millones de puestos y reducir significativamente el desempleo. Mientras tanto, la precarización sigue siendo un flagelo que profundiza la desigualdad y la inestabilidad en el país.