Tarifas sin límites: el Gobierno desregula los precios de internet, celular y cable
La eliminación de la regulación permitirá aumentos sin topes en los servicios de telecomunicaciones
El Gobierno ha decidido dejar de regular las tarifas de internet, telefonía celular y televisión por cable, permitiendo a las empresas establecer sus precios sin límites. Esta controvertida medida, enmarcada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, anula el DNU 690/2020, que había declarado estos servicios como públicos esenciales y estratégicos, otorgando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la facultad de regular sus tarifas.
Los interventores de ENACOM, Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, eliminaron las reglamentaciones que establecían topes a las subas de los servicios de telecomunicaciones, impidiendo aumentos superiores al 10% mensual. Ahora, las empresas tendrán vía libre para estipular las actualizaciones en sus valores, con la medida tomando aplicación inmediata. Esta decisión llega en un momento crítico y parece ignorar las necesidades y realidades de la población.
Contexto y decisiones
La decisión del organismo intervenido entrará en vigencia desde su publicación, impactando las tarifas de cable, celulares e internet desde julio. El DNU 302/2024 establece que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
El argumento del Gobierno es que los servicios de TIC han sido creados en competencia y que la facultad de los licenciatarios para fijar sus precios libremente es esencial para su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, este razonamiento es superficial y carece de una comprensión profunda del impacto social y económico que la desregulación puede tener en un país que enfrenta serias dificultades económicas.
Impacto en los consumidores
La desregulación de las telecomunicaciones ocurre en un contexto de recesión económica que ha afectado a las familias argentinas, las cuales están buscando reducir el impacto de los costos de conectividad en sus presupuestos. Un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) reveló que muchas familias están optando por reducir sus gastos en servicios de telecomunicaciones debido a la situación económica actual.
Permitir aumentos ilimitados en las tarifas de internet, telefonía celular y televisión por cable es una medida que podría resultar desastrosa para los consumidores, especialmente para aquellos con ingresos limitados. En lugar de fomentar un mercado más competitivo, esta desregulación podría dar lugar a un monopolio de precios, donde las empresas aprovechan la falta de regulación para aumentar sus tarifas desmesuradamente, haciendo que los servicios esenciales se vuelvan inaccesibles para una gran parte de la población.
Reacciones y perspectivas
La desregulación ha generado una oleada de críticas en el ámbito político y social. Muchos consideran que esta medida es una muestra más de las malas políticas implementadas por el Gobierno, que parecen desentenderse de las necesidades y derechos básicos de los ciudadanos.
La falta de regulación adecuada y la confianza ciega en el libre mercado para un sector tan crucial como las telecomunicaciones es, en el mejor de los casos, ingenua y, en el peor, negligente. Esta medida no solo pone en riesgo la accesibilidad a servicios esenciales, sino que también puede agravar la brecha digital, excluyendo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La eliminación de la regulación de las tarifas de internet, telefonía celular y televisión por cable marca un cambio significativo en el sector de las telecomunicaciones en Argentina. Sin embargo, este cambio no parece estar motivado por un deseo de mejorar el bienestar de la población, sino más bien por una política errática y desconectada de las realidades económicas y sociales del país.
El Gobierno debe reconsiderar esta decisión y buscar un equilibrio entre la regulación y la competencia, asegurando que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios de telecomunicaciones a precios justos y razonables. Ignorar las necesidades de la población y ceder completamente al libre mercado en este sector es una receta para el desastre, y las consecuencias de estas malas políticas podrían ser profundas y duraderas.
En resumen, la desregulación de las tarifas de telecomunicaciones es una medida que pone en evidencia las fallas en la gestión gubernamental y la desconexión con las necesidades reales de la sociedad. Es fundamental que se adopten políticas más responsables y equitativas para proteger a los consumidores y garantizar el acceso universal a servicios esenciales.
