Motosierra despiadada: Ajustes en jubilaciones, pensiones y obras públicas para alcanzar el superávit fiscal
El gobierno de Javier Milei logra un superávit fiscal en abril a costa de fuertes recortes en jubilaciones, pensiones y obras de infraestructura, cumpliendo así con las metas del FMI, pero sin considerar el impacto social.
En abril, el gobierno de Javier Milei alcanzó un superávit fiscal que supera las expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, este logro ha venido acompañado de severos ajustes en áreas críticas como jubilaciones, pensiones y obras de infraestructura. El análisis del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) revela que estos recortes han afectado principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, planteando serias preocupaciones sobre las consecuencias sociales de estas medidas.
Superávit fiscal a cualquier costo
El Cepa informó que el sector público nacional registró un superávit fiscal de 264.952 millones de pesos en abril, cifra que se reduce a 17.409 millones de pesos después de cubrir los intereses de la deuda. Este superávit se logró mediante un ajuste significativo en los gastos del Estado, que afectó desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
Según el informe del Cepa, un 36,6% de los recortes se realizó en jubilaciones, el principal componente del ajuste. Además, se registraron fuertes reducciones en los gastos de capital y en los subsidios económicos, principalmente energéticos. «De cada $100 de ajuste en abril, $37 correspondieron a recortes en jubilaciones», detalla el estudio, señalando que los jubilados fueron los más afectados por estas políticas.
Recortes en obras de infraestructura
Otro punto crítico del ajuste fue la paralización de las obras públicas. Los gastos de capital disminuyeron en un 78% en términos reales en abril, alcanzando niveles mínimos desde abril de 2017. La inversión en infraestructura fue prácticamente nula, lo que implica un impacto negativo en el desarrollo y mantenimiento de servicios públicos esenciales.
La falta de inversión en infraestructura no solo afecta la calidad de vida de la población, sino que también tiene repercusiones económicas a largo plazo, ya que la obra pública es un motor clave para la generación de empleo y el crecimiento económico.
Cumplimiento con el FMI
El gobierno de Milei ha sobrecumplido las metas fiscales impuestas por el FMI, priorizando el equilibrio fiscal sobre el bienestar social. Si bien los indicadores fiscales pueden ser celebrados por las autoridades, estos logros se alcanzan a costa de un alto costo social. Los recortes en jubilaciones, pensiones y obras de infraestructura dejan a los sectores más vulnerables desprotegidos y con menos recursos para enfrentar la crisis económica.
Impacto social
El ajuste en jubilaciones y pensiones afecta directamente a los adultos mayores, un grupo que ya enfrenta desafíos económicos significativos. La reducción de estos ingresos puede llevar a un aumento de la pobreza entre los jubilados, agravando aún más su situación.
Por otro lado, la paralización de las obras públicas no solo afecta a los trabajadores de la construcción, sino que también tiene un efecto cascada en la economía. La falta de inversión en infraestructura puede retrasar el desarrollo de proyectos clave y reducir las oportunidades de empleo en el sector.
El lado oscuro del superávit fiscal
El superávit fiscal alcanzado por el gobierno de Javier Milei en abril es un logro significativo desde una perspectiva estrictamente fiscal. Sin embargo, este logro ha sido posible gracias a severos ajustes en áreas fundamentales como jubilaciones, pensiones y obras de infraestructura. Estos recortes han afectado desproporcionadamente a los sectores más vulnerables, planteando serias preocupaciones sobre el impacto social de estas medidas.
El cumplimiento de las metas impuestas por el FMI puede ser celebrado por las autoridades, pero es esencial considerar el costo humano de estas políticas. Los recortes en jubilaciones y pensiones, así como la paralización de las obras públicas, han dejado a muchos argentinos en una situación precaria. Es fundamental que se busquen soluciones que equilibren la necesidad de estabilidad fiscal con la protección de los derechos y el bienestar de la población.