Nuevo esquema de Ganancias: más de un millón de trabajadores podrían volver a pagar el impuesto

El debate sobre la reposición del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría ha cobrado relevancia en el escenario político argentino. En medio de negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores por la distribución de fondos nacionales a las provincias, se plantean cambios que podrían impactar en la situación financiera de más de un millón de trabajadores.

El nuevo proyecto de ley contempla ajustes en el impuesto a las Ganancias que podrían tener consecuencias significativas para los trabajadores con ingresos superiores a $1.300.000. Según las estimaciones, más de 1,1 millones de trabajadores podrían volver a pagar el impuesto si se aprueba el nuevo esquema propuesto.

Se destaca que entre 2003 y 2022 ha aumentado significativamente la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados por este tributo en relación al total. Se hace mención a la ley 27.725, sancionada en octubre de 2023, que buscaba reducir la presión fiscal sobre los trabajadores y simplificar la liquidación del impuesto, limitándolo a quienes poseen mayores ingresos.

El proyecto actual elimina el impuesto cedular a los altos ingresos y retorna al esquema anterior a 2021, lo que aumentaría la carga impositiva para más de un millón de trabajadores que actualmente están exentos, con alícuotas que oscilan entre el 5% y el 35%.

Se resalta la importancia del mínimo no imponible y las escalas, destacando que el proyecto oficial contempla actualizaciones trimestrales del piso a partir de enero de 2025. Sin embargo, advierte que esto implicaría que para 2024, dos millones de trabajadores estarían pagando el impuesto, a menos que el Gobierno ajuste el mínimo durante este año para evitar este escenario.

El debate en torno al nuevo esquema de Ganancias refleja las tensiones entre el Gobierno y los distintos sectores sociales y políticos del país. La preocupación por el impacto que esta medida podría tener en más de un millón de trabajadores resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre la necesidad de financiamiento estatal y la protección del poder adquisitivo de los asalariados.