Modifican la ley de Compre Argentino para promover la participación de empresas locales
El objetivo permite canalizar el poder de compra del estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover la producción local, y de las inversiones necesarias.
El Gobierno modificó la ley de Compre Argentino para impulsar la promoción de la producción local y de las inversiones necesarias para lograr ese fin, lo hizo a través del decreto de necesidad y urgencia 509/2023, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que los Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP) «consistirán en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de adquirir, contratar, producir o proveer bienes y/o servicios locales».
Además, cuando las entidades alcanzadas por el régimen de Compre Argentino procedan a la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un valor igual o superior a 240.000 módulos, deberá incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no inferior al 20% del valor total de la oferta, puntualizó el decreto. Y añadió que para los suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de cooperación, deberá promoverse el mayor componente de valor agregado.
También, el Gobierno dispuso que los ACP deberán prever la adquisición, producción o contratación de bienes producidos en la Argentina «en los términos de la presente reglamentación o la provisión o contratación de servicios locales, en ambos casos directamente vinculados al proceso productivo realizado en territorio nacional, con el fin de ejecutar el contrato objeto de la licitación».
Mediante la Ley N° 27.437, se estableció el Régimen de Compre Argentino y un programa de Desarrollo de Proveedores con el objeto de otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional.
Ahora, la Casa Rosada consideró necesario realizar diversas modificaciones en relación con los ACP, «con el fin de potenciar el espíritu del texto de la Ley», ya que esa norma «no contempló al momento de su sanción la posibilidad de que la contratación local exigida por la obligación del ACP pudiera ser provista por el propio oferente en su calidad de empresa productora de bienes y/o empresa proveedora de servicios locales».
Esa carencia «perjudica al potencial oferente local en su carácter de productor de bienes o proveedor de servicios locales propios frente a los potenciales oferentes que podrían contratar bienes o servicios locales a un tercero», aclaró el texto oficial.
Para el Poder Ejecutivo, los cambios «garantizan una mayor concurrencia de potenciales oferentes en los procesos de contrataciones del Estado y la igualdad de condiciones entre los mismos».
También, el Gobierno dispuso que los ACP deberán prever la adquisición, producción o contratación de bienes producidos en la Argentina «en los términos de la presente reglamentación o la provisión o contratación de servicios locales, en ambos casos directamente vinculados al proceso productivo realizado en territorio nacional, con el fin de ejecutar el contrato objeto de la licitación».
Mediante la Ley N° 27.437, se estableció el Régimen de Compre Argentino y un programa de Desarrollo de Proveedores con el objeto de otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional.
Ahora, la Casa Rosada consideró necesario realizar diversas modificaciones en relación con los ACP, «con el fin de potenciar el espíritu del texto de la Ley», ya que esa norma «no contempló al momento de su sanción la posibilidad de que la contratación local exigida por la obligación del ACP pudiera ser provista por el propio oferente en su calidad de empresa productora de bienes y/o empresa proveedora de servicios locales».
Esa carencia «perjudica al potencial oferente local en su carácter de productor de bienes o proveedor de servicios locales propios frente a los potenciales oferentes que podrían contratar bienes o servicios locales a un tercero», aclaró el texto oficial.
Para el Poder Ejecutivo, los cambios «garantizan una mayor concurrencia de potenciales oferentes en los procesos de contrataciones del Estado y la igualdad de condiciones entre los mismos».
