Piden nuevo juicio por crimen de las turistas francesas

El objetivo del pedido es revertir condenas de personas inocentes, ya que el ADN hallado en la escena del crimen «no es compatible con el detenido ni con su línea paterna», según la organización de DDHH peticionante.

Una organización de derechos humanos reclamó este martes la realización de un nuevo juicio por el doble crimen de las turistas francesas en Salta en julio de 2011, tras seis años desde la presentación del último recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la liberación del único condenado por el hecho, Clemente Vera, a quien incluso el padre de una de las víctimas considera que es inocente.

Dicho pedido fue presentado por Innocence Project (creada en Estados Unidos y cuyo fin es revertir condenas de personas inocentes) el 1 de agosto del 2017, en el cual la organización esgrimió que Vera, es «inocente» del asesinato de Cassandre Bouvier (29) y Houria Mounmi (23) ya que el peritaje de ADN hallado en la escena del crimen «no es compatible con el detenido ni con su línea paterna».

Según explicaron las fuentes, el recurso federal -cuya resolución se espera- fue solicitado luego que el Tribunal de Impugnación provincial condenara a Vera a la pena de prisión perpetua en febrero de 2016.

Al respecto, la organización señaló que, en los últimos seis años, «el expediente ha recorrido 39 despachos sin que la Corte Suprema haya emitido una respuesta» y pidió la realización de un nuevo debate.

«Hay estudios genéticos y familiares de las víctimas que sostienen la inocencia de Clemente Vera. Hace seis años que se pide un nuevo juicio y la Corte Suprema sigue sin responder. Se trata de un inocente preso y de dos femicidios sin resolver. Se trata de hacer justicia», señaló al respecto Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina.

Por otro lado, la organización consideró que la investigación de los asesinatos de Bouvier y Mounmi fue realizada «bajo una fuerte presión mediática y con una investigación cargada de irregularidades: declaraciones bajo tortura, amenazas, descuido en los protocolos y desaparición de pruebas», que derivaron en la detención y condena de Vera, descripto como «un baqueano que había colaborado inicialmente en la investigación».

«Se realizaron dos análisis de las muestras extraídas a las víctimas. El realizado por genetistas forenses de Francia a pedido de jueces de ese país indicó que el ADN obtenido no es compatible con Vera ni con su línea paterna. Este resultado es contrario a lo afirmado por el perito oficial local, que fue tomado en cuenta por los jueces de apelaciones de Salta para condenarlo. Ante esta situación, la evidencia biológica es clave para realizar un nuevo peritaje frente a resultados manifiestamente contradictorios», pidieron desde Innocence Project, que patrocina a Vera desde 2017.

Sin embargo, desde la organización explicaron que «el peritaje no pudo ser reproducido porque las autoridades judiciales dijeron haber extraviado las muestras de ADN remanentes que estaban bajo su cuidado».

Por este hecho, el 2 de junio de 2014, la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó por unanimidad a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del «robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa».

Ese mismo día, el tribunal condenó a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval, a la pena de dos años de prisión condicional, por encubrimiento calificado, mientras que a Daniel Vilte Laxi y a Vera los absolvió por el beneficio de la duda.

Al resolver, los jueces Rubén Arias Nallar y Luciano Martini advirtieron que el hecho «presenta rasgos de inusitada atrocidad y crueldad que lo tornan excepcional frente a las tipologías delictivas e, incluso, otros atentados dirigidos contra idéntico bien jurídico».

Para ellos, «la monstruosidad del hecho y su resultado trágico -como bien lo ha caracterizado el tribunal de juicio- son cuando menos evidentes y resultan absolutamente repugnantes a los valores individuales y sociales que, con preciado cuidado, forman la construcción piramidal de nuestro ordenamiento jurídico.»

A pesar de ello, el 3 de febrero de 2016, por la apelación del fiscal de la causa, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo condenó a la pena de prisión perpetua, por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi.

Esa decisión se basó particularmente en una prueba de ADN, por entender que una huella genética incorporada a la causa «corresponde a la patrilínea de Vera».

Entre otras cosas, la defensa de Vera solicitó que se ordene un nuevo juicio, pero el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, no hizo lugar a ese punto, por lo que espera que la Corte Suprema falle en este sentido.

Por su parte, Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, pidió por en reiteradas ocasiones la libertad de Vera y expresó su esperanza en que la Corte Suprema autorice la reanudación de las investigaciones para conocer la verdad sobre el doble crimen, y anticipó que, de no lograr ese objetivo, su intención es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El crimen de Bouvier y Mounmi tuvo lugar cuando ambas estaban de vacaciones en la ciudad de Salta y conmocionó a la provincia, causando una amplia repercusión nacional e internacional.

Las jóvenes fueron vistas por última vez con vida el 15 de julio, cuando fueron a recorrer el circuito turístico de la Quebrada de San Lorenzo y sus cuerpos fueron encontrados dos semanas después, cerca del sendero principal de El Mirador de ese paraje.

Los forenses determinaron que ambas turistas habían sido abusadas sexualmente y asesinadas de un disparo cada una con una escopeta Bataan calibre 22.