«Gestapo-Gate»: Imputaron al ex ministro de Trabajo de Vidal por armar causas contra gremialistas
La fiscal Ana Russo imputó a Marcelo Villegas e impulsó una investigación tras la denuncia de la AFI, por el video donde el ex funcionario promueve el armado de causas.
La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover el armado de causas contra dirigentes gremiales.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías, informaron a Télam fuentes judiciales.
Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que «podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata».
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
De aquella reunión participaron el ex ministro Villegas, Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como «Diego», «Sebastián» y «Darío» –que no habían sido identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.
La propia vicepresidenta Cristina Fernández expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, ex jefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.
La ex presidenta volvió a ironizar en las redes sociales sobre el presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales por parte del gobierno de Vidal, bajo una serie de posteos que tituló «Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas».
«Mira qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas», escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, que por segunda vez consecutiva se pronunció sobre el polémico video en el que aparece el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en una reunión con otros funcionarios y empresarios, a quienes les confiesa: «Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».
Esa filmación, en la que -según los audios- se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales, motivó que el presidente Alberto Fernández instruyera a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, para que presentara una denuncia penal, que se concretó este lunes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.
En sus tuits, la vicepresidenta señaló que «en la concurrida reunión de la mesa judicial de Mariu Vidal del 16/06/17» estaban «Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI».
También menciona, entre los participantes -que además volvió a señalar en una foto- a «Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani» y agregó que «Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015».
El lunes, la vicepresidenta también había reflexionado en las redes sociales sobre el polémico video y advirtió: «¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario?».
«¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?», escribió y vinculó a varios exfuncionarios de Cambiemos con el accionar que tuvo AFI durante ese gobierno, involucrada en espionaje ilegal.
Como Cristina Fernández, también sumaron sus voces de repudio la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y el viceministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena, entre otros funcionarios nacionales.
También lo hicieron los sindicalistas, Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT; y el exgremialista de la Uocra regional La Plata, Juan Pablo «Pata» Medina, detenido el 27 de septiembre de 2017, tres meses después de la reunión grabada en el video, acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y excarcelado en febrero de este año, luego de cumplir detención domiciliaria.
Cerruti salió al cruce de las declaraciones de Villegas, publicadas en el portal Infobae, donde el exministro de Vidal adjudica la aparición de esos videos a «prácticas ilegales» por parte de la actual Gobierno.
Cerruti le recordó al ex funcionario de Cambiemos que esa «filmación» que él denomina «ilegal», en la que se lo escucha diciendo que, si él «pudiera tener una Gestapo, lo haría» para terminar con los gremios, «fue realizada por el Gobierno» del expresidente Macri.
«Nosotros también lo lamentamos. Y denunciamos. Y le recordamos al señor Marcelo Villegas que esta filmación ilegal, parte del espionaje ilegal, fue realizada por el gobierno de @mauriciomacri y @mariuvidal y ya está íntegra en poder de la Justicia», publicó Cerruti, en su cuenta de Twitter.
La AFI presentó el lunes su denuncia penal tras constatar el contenido del video que técnicos informáticos hallaron en un disco en desuso en el cual se ve al exministro Villegas comandar la reunión en la que presuntamente se diseñaban estrategias legales y de inteligencia sobre dirigentes sindicales.
En el portal de Infobae, Villegas dijo: «Lamento que aún en plena democracia se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas, que además de ilegales pueden estar adulteradas».
El ex funcionario también pidió «sinceras disculpas por haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar».
Por su parte, Caamaño insistió que en el video de 2017 se observa «una mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, la mafia de María Eugenia Vidal» que estaba «haciendo un trabajo sucio como lo hacía (Mauricio) Macri con la mesa judicial de Nación».
En declaraciones a la radio FM Urbana Play detalló cómo fue descubierto ese material que sirvió de base para la denuncia presentada ante la justicia.
«Encontramos un disco duro en una computadora que estaba en desuso en una oficina de la AFI. Había muchos discos, algunos averiados. La gente de tecnología los empezó a probar para ponerlos en funcionamiento».
En esa línea, continuó: «La mayoría de los discos estaban rotos o vacíos; pero este tenía un archivo. Se hizo una copia forense y me lo dieron para verlo».
«El video es en el Banco Provincia. Había tres personas de la AFI, yo puedo especular por qué lo grabaron. Se grababa de todo», planteó Caamaño, quien asimismo explicó: «Se grababa de todo, no solo a la oposición, sino entre ellos».
En ese sentido, estimó que «esa filmación es un control que hacía Nación a provincia de Buenos Aires».
A su vez, Mena consideró «abrumador» y «verdaderamente escandaloso» el hecho que muestra el video de 2017 que trascendió este lunes.
«No hubo en la historia argentina registros tan claros de la organización de causas judiciales para encarcelar gente con fines políticos», juzgó Mena en declaraciones a Radio Nacional y señaló que «esto no es cuentapropismo», ya que en ese hecho «están las máximas autoridades del sistema de inteligencia y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires organizando el armado de causas judiciales para perseguir gente».
En tanto, desde el sindicalismo, Pablo Moyano dijo que con la difusión del video de 2017 «salió la verdad a la luz después de cuatro años», al tiempo que calificó a la exgobernadora como «máxima responsable de la persecución» a gremialistas, mientras el «Pata» Medina calificó el contenido del video como «muy grave».
«Esta gente demostró en ese video que no tenía limites, iban mucho más allá de querer armarme una causa a mí: tenían bajada línea de ir por todo de una manera que da miedo», precisó.
Medina fue detenido el 27 de septiembre de 2017, tres meses después de la reunión grabada en el video, acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y fue excarcelado en febrero de este año, luego de cumplir detención domiciliaria. télam
