A 90 años del golpe de Estado que interrumpió la vigencia de la Constitución
El golpe de Estado auguró un mecanismo de recambio mediante el cual las Fuerzas Armadas se constituyeron en una fracción política que actuaba al servicio de los intereses de las clases sociales dominantes y que se prolongaría hasta 1983.
El general José Félix Uriburu, al mando del Ejército, derrocaba hace 90 años a Hipólito Yrigoyen, dos veces presidente constitucional de Argentina, por medio de un golpe de Estado que interrumpía por primera vez la continuidad institucional que regía en el país desde 1853.
Fue una asonada que inauguró un mecanismo de recambio mediante el cual las Fuerzas Armadas se constituyeron en una fracción política que actuaba al servicio de los intereses de las clases sociales dominantes y que se prolongaría hasta 1983.
La crisis del capitalismo que tuvo lugar tras el crack bursátil de Nueva York, en 1929, determinó un fuerte descenso de los precios internacionales de las materias primas y esto significó un duro golpe para la economía Argentina y su modelo agroexportador.
El radical Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, el primer jefe de Estado electo por el voto universal y secreto tras la implementación de la Ley Sáenz Peña de 1916, cumplía su segundo mandato y su autoridad comenzó a ser cuestionada por sectores que creían que el Ejército debía hacerse cargo de la situación.
Diarios como La Nación, La Prensa y Crítica, propiedad del empresario Natalio Botana, iniciaron una campaña de desprestigio contra el Gobierno y la figura del viejo caudillo popular.
En los días previos a la asonada se acuñó el mito de que a Yrigoyen sus acólitos «le hacían un diario» en el que le contaban una realidad idílica, pero se trataba de una mentira difunda por la prensa opositora, interesada en mostrar al presidente como un hombre confundido y senil.
En medio del clima de libertades públicas que reinaba, se sucedían manifestaciones contra la figura del presidente por parte de conservadores, radicales antpersonalistas y socialistas, quienes en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y La Plata llamaban «tirano» a Yrigoyen.
Al amparo de los sectores terratenientes, que veían con preocupación que ante la crisis el gobierno tomara medidas que pusieran en riesgos sus intereses, los militares pusieron en marcha la conspiración.
Desde un comienzo se vislumbraron dos posturas claras en el movimiento golpista: los que pretendían instaurar un Estado fascista y corporativo al estilo del que regía en Italia con Benito Mussolini y los conservadores que soñaban con volver al régimen político anterior al de 1916, caracterizado por el fraude electoral.
Los que soñaban con un Estado corporativo se identificaban con Uriburu y estaban inspirados en las ideas que proclamaba el escritor Leopoldo Lugones, en tanto que los conservadores se aglutinaban detrás de la figura del general Agustín P. Justo.
El sábado 6 de septiembre de 1930, una partida de cadetes del Colegio Militar marchó sobre Buenos Aires y desalojó de la Casa de Gobierno al vicepresidente Enrique Martínez, en ejercicio del Poder Ejecutivo, ya que Yrigoyen se encontraba de licencia por enfermedad.
El presidente fue apresado y llevado a la isla Martín García; Uriburu asumió la presidencia dos días después y el 10, la Corte Suprema emitió una sentencia que convalida el golpe en una abierta violación a la Constitución Nacional.
El régimen naciente de ese hecho ilegal impone una fuerte censura, estado de sitio, ley marcial, interviene las universidades y las provincias, con excepción de Entre Ríos y San Luis.
En lo económico, ante la necesidad de afrontar compromisos externos toma créditos de parte las entidades financieras internacionales y aplica fuertes reducciones del déficit fiscal.
En medio del descontento, en 1932, Uriburu se ve obligado a llamar a elecciones para luego partir a Europa, donde morirá el 29 de septiembre.
El gobierno proscribió al ex presidente Marcelo T. de Alvear y el radicalismo decide no presentarse, lo que favorece a Justo, que se impuso con facilidad en medio de un fraude generalizado.
Se inició así un período signado por el fraude electoral, denominado como Década Infame, y que se prolongará hasta 1943, cuando mediante otro golpe de Estado se inicie una transición para que el general Juan Domingo Perón llegué a la presidencia.
