Rechazos a la nueva ley de ART

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«Una reforma de este tipo no podría ser aprobada hoy por el Congreso, que es donde debió ser tratada. Claramente el presidente firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia porque el tiempo no le alcanza para que se apruebe un proyecto de ley de esta índole, y en diciembre el gobierno cambia. No hay otras razones de necesidad y urgencia que lo justifiquen”, indico Luis Enrique Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).

Ramírez aseguró que la modificación, impuesta por DNU, «la vuelve impugnable judicialmente».

El decreto firmado por el mandatario modificó el modo de calcular la parte de la indemnización que el trabajador accidentado -o su familia, en caso de fallecimiento- recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que el pago de la sentencia se hace efectivo. Normalmente ese tiempo supera los tres o cuatro años.

Hasta el decreto del presidente la indexación de la actualización se calculaba aplicando los intereses de la tasa activa del Banco Nación y ahora se hará en base al índice RIPTE, un promedio salarial que viene quedando muy por debajo de la inflación.

A su vez Guillermo Gianibelli advirtió que «no hay dudas de que la justicia a va declarar el DNU inconstitucional, no da para nada con los parámetros de necesidad y urgencia».

También se pronunció el abogado laboralista y ex diputado nacional Héctor Recalde quien advirtió que el decreto «viola la Constitución». En declaraciones, detalló: «Cualquier norma regresiva con respecto a la legislación laboral, según la Constitución del ´94, es inconstitucional. Se puede derogar. El Parlamento debe revisar estos decretos regresivos”.

En ese sentido, Recalde aseguró que el Gobierno «optó por beneficiar al lucro de las ART». (De)