El presupuesto que nos lleva al Fondo
Durante las últimas semanas uno de los temas más relevantes en el país fue la presentación en el Congreso del Presupuesto Nacional, que de la mano de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, plantea un nuevo año de más ajuste en áreas críticas del Estado.
Sin embargo entre los legisladores, incluso de la oposición a la alianza “Cambiemos”, hay posiciones encontradas: hay quienes piensan que el presupuesto así como está no puede ser ni debatido ni mirado y descartado automáticamente, hay quienes creen que existe la posibilidad de un debate a consciencia que después resuelva modificaciones pertinentes, y hay quienes suponen que la garantía de gobernabilidad (pacto con el FMI), viene de la mano de la votación del presupuesto a libro cerrado.
Pero veamos algunas cuestiones que plantea el presupuesto 2019 en cuestión. El PBI que nos va a dejar Macri es un 1,9% inferior al que él recibiera en el 2015; y en términos de riqueza por habitante, la destrucción es mayor, alcanza al 5,8%. Esta destrucción de la capacidad de generación de riqueza de la economía se agrava al considerar que la tasa de inflación promedio anual de toda la gestión de Macri (2015-2019) será como mínimo de un 32,5% anual. Una tasa de inflación que supera en 7 puntos porcentuales a la tasa de inflación promedio de la gestión de Cristina Kirchner (que en los años 2007-2015 fue del 25,8% promedio anual). Para alguien como Macri que se jactaba de que la inflación era un problema de fácil solución, las evidencias son contundentes en la mostración de su fracaso.
Ahora bien, el rasgo central que define al Presupuesto Nacional es el Ajuste que pretende realizar el Gobierno sobre las cuentas fiscales de nada menos que de $653.587 millones, de los cuales $82.710 millones es el nuevo ajuste del 2018 y para el 2019 el ajuste alcanza a $570.876 millones.
Se trata de un ajuste que recae fundamentalmente sobre la obra pública (-0,5 puntos del PBI de caída en relación con el PBI, que equivalen a $92.077 millones), sobre las provincias (reducción de -0,7 puntos del PBI para los subsidios de transporte y energía – o lo que es lo mismo, tarifazos provinciales-; a lo que se agrega una reducción de -0,3 puntos del PBI por transferencias corrientes que equivalen a $55.246 millones), y sobre el gasto social (-0,14%) con importantes reducciones del gasto social en términos reales en partidas, como por ejemplo Asignaciones Familiares (caen un 3,7% real en el 2019), Vivienda y Urbanismo (- 13,8%), Trabajo (-9,2%), Educación y Cultura (-6,3%) y Agua Potable y Alcantarillado (-5,8%), entre otras. De esta manera, durante la experiencia Macri las partidas del gasto social que más se reducen son: Vivienda y Urbanismo (-70%), Agua Potable y Alcantarillado (-49%); Trabajo (- 47%), Ciencia y Técnica (-31%); Educación y Cultura (-27,5%), y Salud (-16,6%). Por otra parte, en materia salarial, los trabajadores estatales son nuevamente postergados en la discusión presupuestaria, ya que se incorpora, en lugar de una pauta de actualización salarial, una pauta de recorte real del orden del -13,8%, en el mejor de los casos.
La idea del plan económico del presidente de la nación además supone una sequía de pesos en el mercado, un nuevo “parate” del consumo que frene la inflación de precios, y por ende, recaiga en el nuevo empobrecimiento del país. La reducción del presupuesto en áreas sensibles, como la salud, la educación, la infraestructura, y la niñez, y las políticas sociales, muestran un claro ejemplo del plan del gobierno, pero además dejan ver con claridad un problema que preocupa: al enorme empobrecimiento, y a la difícil situación social se pretende agregar el combo explosivo del abandono del Estado. Bajo estos preceptos, pareciera imposible votar un presupuesto que pretende un ajuste tal que lleve a una implosión social que conmocione a la Argentina para pagar una deuda, que por cierto, nunca pasó por el Congreso.
