La responsabilidad del poder político ante la deuda con las mujeres

En el marco del día internacional de la no violencia contra las mujeres, las calles se volvieron a colmar de miles de mujeres, jóvenes, ancianas, y niñas que marcharon desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para decir “ni una menos, vivas nos queremos”.

Con una convocatoria quizás menos nutrida que otras cientos de veces, en las cuales las mujeres se convocan o autoconovocan, pero con el mismo ímpetu y la misma valentía de volver a ganar un lugar, de exigirlo a gritos o de arrebatarlo, y de decir basta de diferencias, basta de violencia, equidad de género e igualdad de oportunidades; las mujeres no sólo marcharon, sino también estrecharon lazos entre iguales para recordarle al poder político de este país y de Latinoamérica, que siguen teniendo una deuda y fundamentalmente desde el lugar de poder que ocupan, una responsabilidad.

Quizás la bronca y el dolor de saber que la cifra de los femicidios cada vez es más alarmante tengan mucho que ver: según el nuevo estudio del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), en los últimos 11 meses se llevó a cabo un Femicidio cada 30 horas, lo que arroja un total de 250 casos, de los cuales el 18 por ciento, ya había tenido denuncias previas contra los agresores y el 12 por ciento, alguna medida en contra del victimario.

La organización feminista que se ocupa de monitorear los casos registrados, también precisó que el 75 por ciento de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo de la víctima; 13 por ciento, conocidos; 5 por ciento, extraños; y 7 por ciento, sin información. Segura y lamentablemente la cifra para fin de año siga creciendo y engrosando las estadísticas, que fríamente se ciernen sobre las mujeres, niñas y adolescentes, que sufren este flagelo. De los mismos datos, se obtiene incluso una cifra más difícil de ver: casi un 50 por ciento de las mujeres víctimas de estos crímenes eran madres, por lo cual además se deduce que cientos de niños quedaron huérfanos.    

Pero el problema no solamente está en las dolorosas, aunque frías cifras, sino en los hechos contundentes que se agolpan: miles de mujeres más, que no han sufrido un femicidio, todos los días batallan contra la violencia diaria por el hecho de ser mujeres, y no lo denuncian, no saben dónde hacerlo, o ni siquiera reconocen los hechos de violencia como tales, gracias a la naturalización vergonzosa de cientos de situaciones.

A esto se le suma que la violencia machista no es prioridad del Gobierno Nacional, a pesar de que la ley  26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres vigente desde el año 2009, prevé su tratamiento y la asignación de presupuesto para el mimo. «Durante el 2017 el presupuesto nacional representó tan solo 8,50 pesos por mujer y para el año 2018 ni siquiera existe mención alguna en la partida presupuestaria nacional», destaca la organización.

Tampoco han existido campañas para la erradicación de la violencia de alcance nacional, que concienticen a la sociedad, y que apunten a la no naturalización de la misma, que especifiquen que prácticas se consideran violentas y que actos no deberían llevarse a cabo, más allá de aquellos considerados criminales.

Más allá de las pequeñas victorias, que son reales: como la sanción del cupo y las argumentaciones de algunos legisladores que pugnan por que se implemente; más allá de aquellas organizaciones y partidos políticos que se ocupan de poner la discusión de la equidad y la igualdad en la agenda pública de la sociedad, lo cierto es que erradicar la violencia machista (como la llaman las organizaciones feministas), o de género, lleva un cambio de mentalidad en el imaginario social de las comunidades, que se resiste, que no entiende de movimientos, por más masivos que sean, y que exige que las naciones presten especial atención y le den un real tratamiento.

Cambiar ese imaginario de prácticas arraigadas, también exige que la temática se constituya como una prioridad dentro de la agenda política nacional, y que se destinen los recursos necesarios para asegurar no solo la vida, sino la integridad y la sanidad de miles de mujeres que hoy siguen esperando una respuesta.