En medio de creciente conflicto social, el Gobierno modificó resoluciones para dar luz verde al espionaje con militares

En medio de un creciente conflicto social, el gobierno de Mauricio Macri dio luz verde a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de espionaje interno, tareas que están expresamente vedadas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.

A través de la resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa publicada el viernes en el Boletín Oficial, el Presidente autorizó a personal militar a realizar “informes socio ambientales”, un término que remite al espionaje sobre actores sociales y por lo que hace menos de dos años fue condenado el ex jefe de la Armada, Jorge Godoy.

Según consigna Página/12, el ministro de Defensa, Julio César Martínez, ordenó además que se equipe y capacite a los uniformados en el “principio de progresividad en el uso de la fuerza” -para cualquier delito menor que se le impute a cualquier persona que pise un cuartel-, contrario a la esencia de la formación militar.

Y va más allá para anticiparse a consecuencias de su accionar: habilita a los jefes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea a asistir jurídicamente a quienes enfrenten procesos por las previsibles derivaciones de la resolución.

“El gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales”, advirtió Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde la organización, además, anticiparon que es posible que inicien acciones judiciales dado que la resolución “iría en contra de previsiones legales que establecen que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior, ya sea reprimiendo delitos o haciendo inteligencia”.

Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad de “garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que exigiría un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas”, con “nuevos criterios para minimizar y contrarrestar hechos delictivos”.

En el principio número 5 se asegura que “no procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia” para cumplir la resolución, pero en la oración siguiente se abre la puerta para hacer exactamente lo contrario: “No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal (sic) de cada una de las Fuerzas Armadas”, indica. En los escuetos considerandos no hay un solo fundamento de esta excepción.

“La resolución genera dudas y sugiere que pueden estar preparando el terreno para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior”, señaló Rossi.

La resolución 154-E/2017 deroga además otra firmada por la ministra Nilda Garré y aprueba nuevos “principios para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar”, concepto que reemplaza a “jurisdicción militar” y retrotrae a la división en zonas, subzonas, áreas y sub-áreas importado de los militares franceses durante la dictadura.

Y habilita en su artículo 2° lo siguiente: “Es obligatorio para el personal de las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar”.