La justicia da lugar a una medida cautelar que suspende el tarifazo del agua en Banfield

Un fallo judicial en Lomas de Zamora dio lugar este jueves a una medida cautelar que frena el aumento aplicado por AySA sobre el servicio de agua. Es la segunda causa en el distrito, luego de un amparo decretado el mes pasado. La medida obliga a la empresa a suspender la boleta de una vecina y restituye el monto a pagar “conforme al cuadro tarifario previo a los aumentos”.

Tal como ocurrió el pasado 13 de julio, hoy la Justicia de Lomas de Zamora hizo lugar a una medida cautelar de un particular contra el aumento de AySA. Yanina María Sol Fernández fue la vecina que presentó la denuncia contra el tarifazo, ahora frenado nuevamente por la justicia.

De esta manera, el fallo decreta “como medida cautelar la suspensión del aumento tarifario dispuesto en la Resolución 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda respecto del usuario, hasta tanto el Magistrado Federal de Primera Instancia se expida sobre la cuestión de fondo planteada”.

Asimismo, la justicia ordenó en el fallo al que pudo acceder esta agencia, que la factura con aumento de la vecina de Banfield debe ser desestimada, y el monto a pagar de la misma será restablecido “conforme el cuadro tarifario previo a los aumentos dispuestos”, y que fueron decretados por el ministro de Energía del macrismo, Juan José Aranguren.

De esta manera, el juez ordena la suspensión de la liquidación que emitió AySA en la factura del pasado 28 de mayo.

El aumento del servicio del agua potable y cloaca que presta AySA, y que se dieron de manera similar a lo ocurrido con la luz y el gas en todo el país, llegó casi al 400 por ciento. El mismo está vigente desde el 1 de abril para más de tres millones de usuarios que residen en el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

El abogado que lleva esta y otras medidas cautelares contra los tarifazos en Lomas de Zamora, Facundo Ferro, explicó que los aumentos desmedidos “discriminan a este usuario y a la mayoría de la población al no permitirle el acceso a un derecho humano como la utilización de un bien público básico y esencial”.