Diputados piden a Casanello que amplíe investigación al primo de Macri
En este sentido, el diputado Tailhade consignó que, en el escrito, pidieron al juez Casanello que “amplíe” la investigación a ese empresario en base a información sumada ayer a la causa por la defensa de Lázaro Báez, que entregó una serie de documentos tendientes a demostrar el vínculo entre su defendido y Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, a quien ya había mencionado días pasados en la ampliación de su indagatoria.
Es que, en su estrategia defensiva en el tramo de la investigación que apunta al delito precedente de las presuntas maniobras de lavado de dinero que lo involucran, Báez había señalado que los fondos depositados en cuentas de Austral Construcciones por la sociedad suiza Helvetic Services Group estaban destinados a competir en la licitación por la construcción de dos represas santacruceñas, en alianza con Iecsa, la empresa de Calcaterra.
En tanto, en la presentación realizada hoy, los diputados del Frente para la Victoria solicitaron también el juez Casanello que disponga “alguna medida que bloquee cualquier posibilidad de venta de Iecsa”, según consignó en diálogo con la prensa en los Tribunales de Comodoro Py el diputado Tailhade.
Ayer, en el marco de este expediente, la defensa de Báez aportó un acta del «acuerdo compromiso suscrito el 10 de diciembre de 2012 para la constitución de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre (la firma china) Sinohydro, Iecsa, Austral, Esuco y Chediak» y el «memorándum de entendimiento» entre las mismas empresas.
La semana pasada, en la ampliación de su indagatoria, Báez había especificado que la conformación de la UTE tuvo por objeto «presentarse a la licitación de los proyectos de las Usinas Hidroeléctricas presidente Kirchner y gobernador Cepernic en la provincia de Santa Cruz».
A su vez, había resaltado que esa conjunción de empresas «permitiría un respaldo importante para presentarse a la licitación del proyecto y poder aumentar las posibilidades de adjudicación como así también asegurar el éxito del empedramiento».
De hecho, el detenido empresario santacruceño había señalado que, para hacerse de capital de cara a esa licitación, la firma Austral Construcciones debió emitir acciones que fueron adquiridas por Helvetic Services Group, y, así, intentó justificar los 33 millones de dólares que ingresaron a las cuentas de su empresa en el Banco Nación.
De acuerdo con la acusación del fiscal Guillermo Marijuan, esos cheques eran el cierre de una operación de lavado de dinero que habría sido sacado del país a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», que se habría utilizado para comprar bonos de la deuda pública Argentina que luego fueron vendidos y el dinero girado por Helvetic a Austral Construcciones.
