Se profundizan los despidos y las acciones de amedrentamiento contra los trabajadores

Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que superan los 45.000 si se suman los de la administración pública y los del sector privado; también incluyen amenazas generalizadas y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes sindicales y sociales.

La ofensiva patronal contra los trabajadores, avalada e impulsada por el Gobierno Nacional, se ha profundizado en las últimas semanas. Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que han tenido lugar tanto en el sector público (27.139) como en el privado (18.390), sino que también incluyen amenazas generalizadas de despidos, y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales.

Esta ofensiva tiene como objetivo principal reducir sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo. Para ello, los empleadores necesitan doblegar la resistencia de los trabajadores e impedir que a través de las negociaciones salariales se revierta la caída del salario real. En este sentido, el Gobierno Nacional ya ha explicitado su intención de limitar los incrementos salariales nominales a un rango de inflación futura que, según han expresado, debería ubicarse en torno al 20% – 25%.

Considerar dicho rango de inflación implicaría aceptar un escenario que a esta altura del año ya luce más que improbable. El propio Gobierno Nacional ha impulsado medidas económicas que van en sentido contrario. Por un lado la devaluación de la moneda, cuyo impacto inflacionario todavía no puede cuantificarse en su totalidad, y que nada indica que en los próximos meses no vaya a profundizarse ; en segundo lugar, la eliminación de los controles de precios que, más allá de su éxito o fracaso durante la gestión anterior, implicó un aval para impulsar aumentos en algunos de los sectores más concentrados de la economía (en forma evidente en el ámbito de las cadenas de supermercados); finalmente, la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y el incremento de precios, que en el caso de la energía eléctrica se ubican alrededor del 500%.

Debilitar la capacidad de resistencia de los trabajadores es una parte central de la estrategia del Gobierno Nacional para llevar adelante su programa económico. Para ello ha recurrido, en una primera instancia, a un shock de despidos en el sector público en paralelo a las desvinculaciones que ya se venían produciendo en el sector privado. Una primera evaluación de este proceso puede encontrarse en el documento “Salarios vs. Puestos de Trabajo: el chantaje de siempre”, elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA. Como puede apreciarse en los cuadros anexos, este proceso está lejos de haberse detenido, y alcanza a trabajadores del sector público en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal) y del sector privado en distintas actividades económicas y localidades del país.

Las acciones de amedrentamiento de los empleadores y del gobierno en sus distintos niveles no se limitan a efectivizar miles de despidos, sino que también incluyen amenazas concretas de reducir las dotaciones de trabajadores y, en casos más limitados, apelan a la violencia física y a la fuerza pública para reprimir y contener la reacción colectiva.

Los despidos y las amenazas son parte de una misma dinámica ya que apuntan a atemorizar al conjunto de los trabajadores. Para ello es necesario demostrar que las amenazas de despido pueden hacerse efectivas en cualquier momento. Los despidos son de esta manera ejemplificadores, tanto para los trabajadores directamente afectados como para el resto de sus compañeros que permanecen amenazados.

La amenaza de despido es más efectiva para el empleador ya que su costo es virtualmente nulo. Por ende, dicha amenaza tiene una extensión mucho mayor que la cantidad de despidos que efectivamente se producen. Por otra parte, estas amenazas pocas veces trascienden las fronteras del lugar de trabajo, y permanecen como un mecanismo de coerción permanente en cada establecimiento. Aun así, en algunos casos estas amenazas se hacen públicas, dando una idea de la magnitud que asume este fenómeno. En las últimas semanas es posible identificar al menos dos de estas situaciones: por un lado, la presentación de un procedimiento preventivo de crisis por parte de las principales empresas contratistas de la industria petrolera, medida previa a la aplicación de suspensiones o despidos, que podría afectar directa e indirectamente a entre 5.000 y 10.000 trabajadores ; por el otro, el dictado del decreto 254/15 por parte del Gobierno Nacional que habilitó la renovación de miles de contratos en el sector público por el plazo de tres meses (hasta el 31 de marzo), cuya continuidad dependerá de la voluntad del funcionario del área respectiva .

Nuevamente la precariedad contractual, que ha alcanzado a miles de trabajadores en el sector público durante los últimos años, ha facilitado significativamente la tarea de los nuevos funcionarios de turno, que en muchos casos se han limitado a no renovar contratos temporales. En este sentido, la gran mayoría de los trabajadores alcanzados por esta primera tanda de despidos han sido aquellos que estaban en una situación de mayor precariedad contractual: integrantes de cooperativas de trabajo que realizaban tareas propias del sector público, trabajadores que eran obligados a vincularse al Estado por medio de una locación de servicios (monotributistas), integrantes de la planta transitoria (por más que se mantuvieran en dicha condición por muchos años).

Una consecuencia adicional de este mecanismo de disciplinamiento sobre el conjunto de los trabajadores es un potencial aumento de la intensidad del trabajo. En efecto, en un contexto donde el miedo al desempleo vuelve a ser instalado por los empleadores, y en mayor medida por el propio Gobierno Nacional, aun aquellas empresas que no enfrentan dificultades económicas aprovechan la situación para desprenderse de una parte de sus trabajadores, intensificando el ritmo de trabajo de quienes mantienen su puesto de trabajo.

Finalmente, el avance sobre el conjunto de los trabajadores se completa con una profundización de las acciones de criminalización y represión de la protesta social. La violencia física cierra así el círculo de disciplinamiento sobre el conjunto de los trabajadores.

En los últimos meses se ha registrado una intensificación de este proceso:

-El 3 de diciembre 28 docentes y camioneros de Tierra del Fuego fueron condenados a penas de entre 8 meses y 4 años de prisión por hechos que se desarrollaron en el marco de una huelga general en mayo de 2013.

-El 21 de diciembre trabajadores de la avícola Cresta Roja fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional mientras protestaban en la Autopista Ricchieri en el conurbano bonaerense. Como resultado de esta represión, que incluyó el uso de gases y balas de goma, decenas de trabajadores presentaron heridas de diversa consideración.

-El 8 de enero trabajadores de la Municipalidad de La Plata se movilizaron a la sede comunal y fueron reprimidos por la policía bonaerense con gases y balas de goma. Como resultado de esta represión 12 trabajadores presentaron heridas de diversa consideración.

-El 16 de enero fue detenida Milagro Sala, dirigente de la organización Tupac Amaru, por organizar un acampe en San Salvador de Jujuy para protestar contra medidas dispuestas por el gobierno provincial.

-El 26 de enero fue detenido Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y de la CTA Autónoma de Río Negro, por su participación en una medida de fuerza contra el despido de 12 trabajadores tercerizados de la Universidad del Comahue en Fisque Menuco (General Roca). La justicia federal de Río Negro ya había procesado a Aguiar en el mes de octubre de 2015 por cortes de ruta que tuvieron lugar en agosto y diciembre de 2013.

Los casos identificados anteriormente dan cuenta de un avance de la criminalización y la represión de la protesta. La intensificación de un proceso prexistente es muy clara en los casos de Tierra del Fuego y Río Negro, donde los procesos penales se remontan al año 2013. Podríamos denominar a este proceso como “continuidad con cambio”.

Frente a este avance patronal, cuya punta de lanza es el propio Gobierno Nacional, es necesario profundizar las acciones de resistencia, que requieren un fuerte activismo en cada lugar de trabajo y al mismo tiempo una mayor centralización en la respuesta colectiva. Por otra parte, no basta con reclamar la reversión de las medidas que han afectado los derechos de los trabajadores, en tanto ello implicaría limitarse a acciones defensivas. En el ámbito del sector público resulta imprescindible cuestionar de raíz el estado de precarización contractual que ha sido la regla durante décadas, y que se extiende a nivel nacional, provincial y municipal. A nivel más general, no debe perderse de vista que no estamos frente a una situación de crisis donde “todos pierden”. Por el contrario, existen claros ganadores del programa de ajuste económico en curso (el sector ligado a la exportación de productos primarios, las empresas concentradas del sector servicios y de algunas ramas industriales, y el sector financiero) que, una vez más, se preparan para “llevársela en pala”. Hacia ellos también debe dirigirse el cuestionamiento del conjunto de los trabajadores.