Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que superan los 45.000 si se suman los de la administraci\u00f3n p\u00fablica y los del sector privado; tambi\u00e9n incluyen amenazas generalizadas y un creciente uso de la fuerza p\u00fablica contra dirigentes sindicales y sociales.<\/p>\n
La ofensiva patronal contra los trabajadores, avalada e impulsada por el Gobierno Nacional, se ha profundizado en las \u00faltimas semanas. Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que han tenido lugar tanto en el sector p\u00fablico (27.139) como en el privado (18.390), sino que tambi\u00e9n incluyen amenazas generalizadas de despidos, y un creciente uso de la fuerza p\u00fablica contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales.<\/p>\n
Esta ofensiva tiene como objetivo principal reducir sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo. Para ello, los empleadores necesitan doblegar la resistencia de los trabajadores e impedir que a trav\u00e9s de las negociaciones salariales se revierta la ca\u00edda del salario real. En este sentido, el Gobierno Nacional ya ha explicitado su intenci\u00f3n de limitar los incrementos salariales nominales a un rango de inflaci\u00f3n futura que, seg\u00fan han expresado, deber\u00eda ubicarse en torno al 20% – 25%.<\/p>\n
Considerar dicho rango de inflaci\u00f3n implicar\u00eda aceptar un escenario que a esta altura del a\u00f1o ya luce m\u00e1s que improbable. El propio Gobierno Nacional ha impulsado medidas econ\u00f3micas que van en sentido contrario. Por un lado la devaluaci\u00f3n de la moneda, cuyo impacto inflacionario todav\u00eda no puede cuantificarse en su totalidad, y que nada indica que en los pr\u00f3ximos meses no vaya a profundizarse ; en segundo lugar, la eliminaci\u00f3n de los controles de precios que, m\u00e1s all\u00e1 de su \u00e9xito o fracaso durante la gesti\u00f3n anterior, implic\u00f3 un aval para impulsar aumentos en algunos de los sectores m\u00e1s concentrados de la econom\u00eda (en forma evidente en el \u00e1mbito de las cadenas de supermercados); finalmente, la eliminaci\u00f3n de los subsidios a las tarifas de los servicios p\u00fablicos y el incremento de precios, que en el caso de la energ\u00eda el\u00e9ctrica se ubican alrededor del 500%.<\/p>\n
Debilitar la capacidad de resistencia de los trabajadores es una parte central de la estrategia del Gobierno Nacional para llevar adelante su programa econ\u00f3mico. Para ello ha recurrido, en una primera instancia, a un shock de despidos en el sector p\u00fablico en paralelo a las desvinculaciones que ya se ven\u00edan produciendo en el sector privado. Una primera evaluaci\u00f3n de este proceso puede encontrarse en el documento \u201cSalarios vs. Puestos de Trabajo: el chantaje de siempre\u201d, elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA. Como puede apreciarse en los cuadros anexos, este proceso est\u00e1 lejos de haberse detenido, y alcanza a trabajadores del sector p\u00fablico en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal) y del sector privado en distintas actividades econ\u00f3micas y localidades del pa\u00eds.<\/p>\n
Las acciones de amedrentamiento de los empleadores y del gobierno en sus distintos niveles no se limitan a efectivizar miles de despidos, sino que tambi\u00e9n incluyen amenazas concretas de reducir las dotaciones de trabajadores y, en casos m\u00e1s limitados, apelan a la violencia f\u00edsica y a la fuerza p\u00fablica para reprimir y contener la reacci\u00f3n colectiva.<\/p>\n
Los despidos y las amenazas son parte de una misma din\u00e1mica ya que apuntan a atemorizar al conjunto de los trabajadores. Para ello es necesario demostrar que las amenazas de despido pueden hacerse efectivas en cualquier momento. Los despidos son de esta manera ejemplificadores, tanto para los trabajadores directamente afectados como para el resto de sus compa\u00f1eros que permanecen amenazados.<\/p>\n
La amenaza de despido es m\u00e1s efectiva para el empleador ya que su costo es virtualmente nulo. Por ende, dicha amenaza tiene una extensi\u00f3n mucho mayor que la cantidad de despidos que efectivamente se producen. Por otra parte, estas amenazas pocas veces trascienden las fronteras del lugar de trabajo, y permanecen como un mecanismo de coerci\u00f3n permanente en cada establecimiento. Aun as\u00ed, en algunos casos estas amenazas se hacen p\u00fablicas, dando una idea de la magnitud que asume este fen\u00f3meno. En las \u00faltimas semanas es posible identificar al menos dos de estas situaciones: por un lado, la presentaci\u00f3n de un procedimiento preventivo de crisis por parte de las principales empresas contratistas de la industria petrolera, medida previa a la aplicaci\u00f3n de suspensiones o despidos, que podr\u00eda afectar directa e indirectamente a entre 5.000 y 10.000 trabajadores ; por el otro, el dictado del decreto 254\/15 por parte del Gobierno Nacional que habilit\u00f3 la renovaci\u00f3n de miles de contratos en el sector p\u00fablico por el plazo de tres meses (hasta el 31 de marzo), cuya continuidad depender\u00e1 de la voluntad del funcionario del \u00e1rea respectiva .<\/p>\n
Nuevamente la precariedad contractual, que ha alcanzado a miles de trabajadores en el sector p\u00fablico durante los \u00faltimos a\u00f1os, ha facilitado significativamente la tarea de los nuevos funcionarios de turno, que en muchos casos se han limitado a no renovar contratos temporales. En este sentido, la gran mayor\u00eda de los trabajadores alcanzados por esta primera tanda de despidos han sido aquellos que estaban en una situaci\u00f3n de mayor precariedad contractual: integrantes de cooperativas de trabajo que realizaban tareas propias del sector p\u00fablico, trabajadores que eran obligados a vincularse al Estado por medio de una locaci\u00f3n de servicios (monotributistas), integrantes de la planta transitoria (por m\u00e1s que se mantuvieran en dicha condici\u00f3n por muchos a\u00f1os).<\/p>\n
Una consecuencia adicional de este mecanismo de disciplinamiento sobre el conjunto de los trabajadores es un potencial aumento de la intensidad del trabajo. En efecto, en un contexto donde el miedo al desempleo vuelve a ser instalado por los empleadores, y en mayor medida por el propio Gobierno Nacional, aun aquellas empresas que no enfrentan dificultades econ\u00f3micas aprovechan la situaci\u00f3n para desprenderse de una parte de sus trabajadores, intensificando el ritmo de trabajo de quienes mantienen su puesto de trabajo.<\/p>\n
Finalmente, el avance sobre el conjunto de los trabajadores se completa con una profundizaci\u00f3n de las acciones de criminalizaci\u00f3n y represi\u00f3n de la protesta social. La violencia f\u00edsica cierra as\u00ed el c\u00edrculo de disciplinamiento sobre el conjunto de los trabajadores.<\/p>\n
En los \u00faltimos meses se ha registrado una intensificaci\u00f3n de este proceso:<\/p>\n
-El 3 de diciembre 28 docentes y camioneros de Tierra del Fuego fueron condenados a penas de entre 8 meses y 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n por hechos que se desarrollaron en el marco de una huelga general en mayo de 2013.<\/p>\n
-El 21 de diciembre trabajadores de la av\u00edcola Cresta Roja fueron reprimidos por la Gendarmer\u00eda Nacional mientras protestaban en la Autopista Ricchieri en el conurbano bonaerense. Como resultado de esta represi\u00f3n, que incluy\u00f3 el uso de gases y balas de goma, decenas de trabajadores presentaron heridas de diversa consideraci\u00f3n.<\/p>\n
-El 8 de enero trabajadores de la Municipalidad de La Plata se movilizaron a la sede comunal y fueron reprimidos por la polic\u00eda bonaerense con gases y balas de goma. Como resultado de esta represi\u00f3n 12 trabajadores presentaron heridas de diversa consideraci\u00f3n.<\/p>\n
-El 16 de enero fue detenida Milagro Sala, dirigente de la organizaci\u00f3n Tupac Amaru, por organizar un acampe en San Salvador de Jujuy para protestar contra medidas dispuestas por el gobierno provincial.<\/p>\n
-El 26 de enero fue detenido Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y de la CTA Aut\u00f3noma de R\u00edo Negro, por su participaci\u00f3n en una medida de fuerza contra el despido de 12 trabajadores tercerizados de la Universidad del Comahue en Fisque Menuco (General Roca). La justicia federal de R\u00edo Negro ya hab\u00eda procesado a Aguiar en el mes de octubre de 2015 por cortes de ruta que tuvieron lugar en agosto y diciembre de 2013.<\/p>\n
Los casos identificados anteriormente dan cuenta de un avance de la criminalizaci\u00f3n y la represi\u00f3n de la protesta. La intensificaci\u00f3n de un proceso prexistente es muy clara en los casos de Tierra del Fuego y R\u00edo Negro, donde los procesos penales se remontan al a\u00f1o 2013. Podr\u00edamos denominar a este proceso como \u201ccontinuidad con cambio\u201d.<\/p>\n
Frente a este avance patronal, cuya punta de lanza es el propio Gobierno Nacional, es necesario profundizar las acciones de resistencia, que requieren un fuerte activismo en cada lugar de trabajo y al mismo tiempo una mayor centralizaci\u00f3n en la respuesta colectiva. Por otra parte, no basta con reclamar la reversi\u00f3n de las medidas que han afectado los derechos de los trabajadores, en tanto ello implicar\u00eda limitarse a acciones defensivas. En el \u00e1mbito del sector p\u00fablico resulta imprescindible cuestionar de ra\u00edz el estado de precarizaci\u00f3n contractual que ha sido la regla durante d\u00e9cadas, y que se extiende a nivel nacional, provincial y municipal. A nivel m\u00e1s general, no debe perderse de vista que no estamos frente a una situaci\u00f3n de crisis donde \u201ctodos pierden\u201d. Por el contrario, existen claros ganadores del programa de ajuste econ\u00f3mico en curso (el sector ligado a la exportaci\u00f3n de productos primarios, las empresas concentradas del sector servicios y de algunas ramas industriales, y el sector financiero) que, una vez m\u00e1s, se preparan para \u201cllev\u00e1rsela en pala\u201d. Hacia ellos tambi\u00e9n debe dirigirse el cuestionamiento del conjunto de los trabajadores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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