Las organizaciones que luchan por el esclarecimiento del ataque advierten que la administraci\u00f3n de Mauricio Macri \u00abquiere entregar los archivos a una empresa de software que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros\u201d y piden que se declare inconstitucional el decreto que ordena trasladar bajo la \u00f3rbita del Ejecutivo los archivos reservados de la ex SIDE.<\/p>\n
Los familiares de las v\u00edctimas del ataque a la AMIA denunciaron ante la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a que el Gobierno interfiere en el acceso a los archivos del atentado. En esa l\u00edna, pidieron que se declare inconstitucional el decreto por el cual el Ejecutivo decidi\u00f3 trasladar bajo su \u00f3rbita los archivos reservados de la ex SIDE.<\/p>\n
Desde Memoria Activa y Apemia denunciaron que el Gobierno interfiri\u00f3 en la desclasificaci\u00f3n de los archivos secretos de inteligencia sobre el ataque terrorista y obstaculiz\u00f3 la posibilidad de acceder a ellos a las querellas y a los investigadores de la Unidad AMIA y del Grupo Especial de Relevamiento de Archivos (Gerad) de la Procuraci\u00f3n General.<\/p>\n
Los denunciantes sostienen adem\u00e1s, que el Estado argentino est\u00e1 incumpliendo su compromiso ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos de desclasificar informaci\u00f3n secreta.<\/p>\n
Cabe recordar que el Estado argentino reconoci\u00f3 su responsabilidad en el atentado a la AMIA ante la CIDH en 2005 y se comprometi\u00f3 a proceder con la desclasificaci\u00f3n de archivos. En 2015 a trav\u00e9s de un decreto de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner determin\u00f3 que los archivos secretos quedaran disposici\u00f3n de los fiscales que integran la Unidad AMIA y del Gerad, que digitalizaron todo el material.<\/p>\n
La documentaci\u00f3n pas\u00f3 a la \u00f3rbita del Ejecutivo, en la Unidad Especial de Investigaci\u00f3n del Atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia, a cargo de Mario Cimadevilla. Por su parte, Laura Ginsberg, de Apemia (Agrupaci\u00f3n por el Esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA), pidi\u00f3 que se declare la inconstitucionalidad del decreto por el cual el Ejecutivo decidi\u00f3 trasladar bajo su \u00f3rbita los archivos reservados de la ex SIDE ante el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, quien lo rechaz\u00f3. Acompa\u00f1aron el reclamo los integrantes de Memoria Activa, la agrupaci\u00f3n de familiares 18 J, representantes de Amnist\u00eda Internacional y la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria.<\/p>\n
Ginsberg explic\u00f3 que \u00abtenemos sospechas de que puede haber un negocio gest\u00e1ndose para entregar los archivos a una empresa de software llamada Palantir que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros\u201d y que pertenece \u201ca la CIA, a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) de Estados Unidos y est\u00e1 asociada al Mossad de Israel\u201d. Por su parte, la abogada de Memoria Activa, Soledad Ribeiro advirti\u00f3 que \u201cel Poder Ejecutivo pretende interferir en el proceso de desclasificaci\u00f3n y en la custodia que est\u00e1 a cargo los investigadores de Ministerio P\u00fablico Fiscal; esto paraliz\u00f3 todo\u201d.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, el fiscal Filippini explic\u00f3 que los fiscales cuentan con unos 300 mil documentos procesados a los que ante la nueva situaci\u00f3n no pudieron tener acceso las querellas.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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