El empleo registrado de trabajadoras de casas particulares sufri\u00f3 un fuerte retroceso en Argentina al perderse 30.133 puestos formales entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. La contracci\u00f3n del poder adquisitivo de los hogares de clase media y trabajadora oblig\u00f3 a miles de familias a prescindir del personal dom\u00e9stico o recortar dr\u00e1sticamente sus horarios de contrataci\u00f3n. Seg\u00fan un informe del Centro de Econom\u00eda Pol\u00edtica Argentina (CEPA), elaborado a partir de las estad\u00edsticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la masa de asalariadas registradas se redujo de 629.660 a 599.527 operarias, lo que equivale a la desaparici\u00f3n sistem\u00e1tica de m\u00e1s de 33 empleos formales diarios en el sector.<\/p>\n
La din\u00e1mica contractiva del empleo de trabajadoras de casas particulares responde de manera directa al deterioro del presupuesto dom\u00e9stico de sus empleadores. Al tratarse de un servicio financiado \u00edntegramente por los ingresos de otras familias asalariadas y profesionales, cualquier ca\u00edda en el salario real de la clase media se traslada de inmediato a este eslab\u00f3n. La aceleraci\u00f3n inflacionaria, combinada con el congelamiento relativo de ingresos y el aumento en tarifas y servicios esenciales, gener\u00f3 una ola de despidos y rescisiones de contratos en los principales centros urbanos del pa\u00eds.<\/p>\n
Para los hogares empleadores, prescindir de este servicio represent\u00f3 una de las primeras medidas de contingencia para equilibrar gastos mensuales. Sin embargo, para el eslab\u00f3n m\u00e1s vulnerable de la cadena laboral, la p\u00e9rdida del empleo formal significa el paso inmediato a la desprotecci\u00f3n absoluta o a la exclusi\u00f3n total del circuito de ingresos regulares.<\/p>\n
El trabajo en casas particulares se mantiene hist\u00f3ricamente como una de las ramas con mayor grado de vulnerabilidad de la estructura econ\u00f3mica argentina. Datos procesados por la organizaci\u00f3n EcoFeminita, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, revelan que el 77,5% de las trabajadoras de casas particulares no realiza aportes al sistema jubilatorio ni cuenta con cobertura formal.<\/p>\n
Este nivel de informalidad implica que casi ocho de cada diez trabajadoras carecen de acceso a obra social, licencias pagas por enfermedad, vacaciones reglamentarias, indemnizaci\u00f3n ante despidos y sueldo anual complementario. La destrucci\u00f3n del empleo registrado no solo engrosa las listas de desocupaci\u00f3n, sino que empuja a un porcentaje significativo de empleadas hacia la clandestinidad contractual, aceptando condiciones salariales por debajo de los convenios fijados por la Comisi\u00f3n Nacional de Trabajo en Casas Particulares.<\/p>\n
La crisis del sector no se manifiesta \u00fanicamente a trav\u00e9s de las cesant\u00edas directas, sino tambi\u00e9n mediante el subempleo involuntario. La reducci\u00f3n unilateral de la jornada laboral se transform\u00f3 en el mecanismo predominante utilizado por los hogares para amortiguar los costos de mantenimiento del servicio. Si bien algo m\u00e1s del 50% de las operarias cumple jornadas habituales de entre 35 y 45 horas semanales, cerca de un tercio del total se encuentra actualmente en situaci\u00f3n de subocupaci\u00f3n demandante, necesitando trabajar m\u00e1s horas para alcanzar un piso m\u00ednimo de subsistencia.<\/p>\n
En el plano salarial, el ingreso promedio mensual del sector se ubica en $338.700, con una mediana a\u00fan m\u00e1s alarmante: el 50% de las trabajadoras percibe remuneraciones inferiores a los $300.000 mensuales. La gravedad socioecon\u00f3mica de estos montos se magnifica al constatar que casi cuatro de cada diez empleadas dom\u00e9sticas constituyen el principal sost\u00e9n econ\u00f3mico de sus respectivos grupos familiares, manteniendo a hijos y adultos mayores a cargo con ingresos que se sit\u00faan ampliamente por debajo de la l\u00ednea de pobreza.<\/p>\n
Las representaciones sindicales han denunciado con insistencia la ausencia de medidas gubernamentales orientadas a preservar los puestos de trabajo y fiscalizar la registraci\u00f3n. Ana Altamirano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SINPECAF), remarc\u00f3 la asimetr\u00eda existente entre los incrementos de precios y los ajustes salariales homologados para la actividad. La dirigente subray\u00f3 que muchas de las empleadas son trabajadoras al servicio de otros asalariados con ingresos deprimidos, lo que limita la capacidad de negociaci\u00f3n paritaria e impide recuperar el poder de compra perdido.<\/p>\n
Desde el sector gremial se advierte adem\u00e1s sobre el abandono de los programas estatales de incentivo y subsidio cruzado que en a\u00f1os previos fomentaron la formalizaci\u00f3n mediante el alivio de cargas sociales patronales. La falta de mecanismos de est\u00edmulo a la registraci\u00f3n consolida un escenario de precarizaci\u00f3n estructural en el que la variable de ajuste recae sobre las trabajadoras con menores herramientas de defensa econ\u00f3mica.<\/p>\n
La p\u00e9rdida sostenida de puestos de trabajo entre las trabajadoras de casas particulares expone las consecuencias m\u00e1s profundas del reordenamiento econ\u00f3mico. Sin pol\u00edticas p\u00fablicas focalizadas en la formalizaci\u00f3n ni herramientas de sostenimiento para los ingresos familiares, la actividad dom\u00e9stica profundiza su vulnerabilidad hist\u00f3rica, relegando a cientos de miles de mujeres a la informalidad y la desprotecci\u00f3n previsional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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