El brutal asesinato de \u00c1ngel L\u00f3pez<\/b>, un ni\u00f1o de apenas cuatro a\u00f1os, ha desencadenado un nuevo frente judicial en Comodoro Rivadavia, Chubut. En esta oportunidad, el foco de la investigaci\u00f3n se ha desplazado hacia la responsabilidad de los peritos que intervinieron en el proceso de revinculaci\u00f3n familiar. Dos psic\u00f3logas, identificadas como Jennifer Leiva<\/b> y Vanesa Mar\u00edn<\/b>, han sido denunciadas formalmente ante la Justicia bajo la acusaci\u00f3n de haber elaborado informes que resultaron clave para que el menor fuera entregado a su madre, hoy principal sospechosa del crimen junto a su pareja.<\/p>\nEvaluaciones profesionales bajo sospecha<\/h4>\n
La denuncia, impulsada por una fundaci\u00f3n dedicada a la protecci\u00f3n de los derechos de la infancia, sostiene que las profesionales habr\u00edan incurrido en graves irregularidades al momento de evaluar la idoneidad del entorno materno. Seg\u00fan la presentaci\u00f3n judicial, los dict\u00e1menes de Leiva y Mar\u00edn no solo fueron determinantes para la decisi\u00f3n del juez interviniente, sino que habr\u00edan omitido se\u00f1ales de alerta cr\u00edticas sobre la estabilidad y seguridad del ni\u00f1o.<\/p>\n
La querella argumenta que existi\u00f3 una desconexi\u00f3n alarmante entre las conclusiones de las psic\u00f3logas y la realidad f\u00e1ctica que rodeaba al menor. En este sentido, se busca determinar si hubo negligencia profesional al avalar una convivencia que termin\u00f3 en tragedia, en lugar de priorizar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y su integridad f\u00edsica.<\/p>\n
Uno de los puntos m\u00e1s controvertidos de la denuncia es la presunta falta de un estudio ambiental exhaustivo. Los denunciantes sostienen que las evaluaciones se limitaron a entrevistas de gabinete, sin profundizar en las condiciones reales de la vivienda ni en la din\u00e1mica cotidiana del grupo familiar donde \u00c1ngel ser\u00eda insertado. Este paso, considerado esencial en cualquier proceso de tenencia, habr\u00eda permitido advertir la vulnerabilidad extrema del menor.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la acusaci\u00f3n resalta que la madre ya contaba con antecedentes de cuidados cuestionados en el \u00e1mbito judicial. La omisi\u00f3n o minimizaci\u00f3n de estos antecedentes en los informes psicol\u00f3gicos es lo que hoy coloca a las dos profesionales en una situaci\u00f3n procesal comprometida, bajo sospecha de haber facilitado, a trav\u00e9s de sus firmas, el escenario que deriv\u00f3 en el infanticidio.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n penal ha comenzado a recolectar testimonios que agravan la situaci\u00f3n. Seg\u00fan registros escolares y declaraciones del entorno cercano, \u00c1ngel L\u00f3pez hab\u00eda comenzado a mostrar signos evidentes de angustia, enojo y cambios dr\u00e1sticos en su comportamiento antes de que se concretara el traslado definitivo con su madre. Estos indicios, que habr\u00edan sido reportados en el \u00e1mbito educativo, no fueron integrados ni analizados debidamente en los informes de las psic\u00f3logas denunciadas.<\/p>\n
Para los denunciantes, estas \u00abluces rojas\u00bb eran visibles y suficientes para detener el proceso de revinculaci\u00f3n. Sin embargo, los dict\u00e1menes profesionales habr\u00edan mantenido una postura favorable a la entrega del ni\u00f1o, desoyendo las manifestaciones sintom\u00e1ticas que el propio \u00c1ngel expresaba a trav\u00e9s de su conducta diaria.<\/p>\n
El caso \u00c1ngel L\u00f3pez vuelve a poner en debate la eficacia de los equipos interdisciplinarios que asesoran a los juzgados de familia. La tragedia de Comodoro Rivadavia expone las grietas de un sistema que, en ocasiones, prioriza los plazos administrativos o los sesgos ideol\u00f3gicos por sobre la seguridad efectiva de los ni\u00f1os. Mientras la madre y su pareja permanecen detenidas a la espera del juicio por asesinato, la causa contra las psic\u00f3logas busca sentar un precedente sobre la responsabilidad civil y penal de los peritos judiciales.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la muerte de \u00c1ngel no solo es un hecho criminal, sino un s\u00edntoma de un fallo sist\u00e9mico. La denuncia contra las profesionales Leiva y Mar\u00edn es el primer paso para determinar hasta qu\u00e9 punto un informe t\u00e9cnico puede transformarse en una sentencia de muerte cuando carece del rigor, la empat\u00eda y la profundidad que la protecci\u00f3n de la infancia exige.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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