La reglamentaci\u00f3n de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) por parte del Poder Ejecutivo no ha logrado calmar las aguas en un sector que se declara en estado cr\u00edtico. El Foro Permanente para la Promoci\u00f3n y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emiti\u00f3 este viernes un contundente rechazo a los anuncios oficiales, advirtiendo que las medidas de recomposici\u00f3n econ\u00f3mica resultan insuficientes para revertir el deterioro acumulado. Seg\u00fan el organismo, el sistema de prestaciones b\u00e1sicas sigue operando bajo una \u00abemergencia vigente\u00bb que amenaza la continuidad de centros terap\u00e9uticos, transportistas y profesionales independientes.<\/p>\n
La controversia escal\u00f3 tras la reuni\u00f3n del Directorio del Sistema de Prestaciones B\u00e1sicas, donde se aprob\u00f3 un incremento del 5,78% en los valores del Nomenclador, aplicable a partir de febrero de 2026. Esta cifra fue calculada en funci\u00f3n de la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. Si bien el Gobierno estableci\u00f3 que, desde marzo, los aranceles se actualizar\u00e1n de manera autom\u00e1tica y mensual siguiendo la inflaci\u00f3n del Indec, desde el sector aseguran que la medida es un \u00abparche\u00bb que no ataca el problema de fondo.<\/p>\n
\u00abSi los aumentos se calculan desde bases que ya arrastran deudas y desfasajes hist\u00f3ricos, nunca se va a poder lograr el objetivo de sustentabilidad\u00bb, se\u00f1alaron desde el Foro en un extenso comunicado. La entidad sostiene que, para una recomposici\u00f3n efectiva que garantice los derechos de las personas con discapacidad y la operatividad de los servicios, el incremento inicial deber\u00eda haber sido del 40%<\/b>. Sin esa base de nivelaci\u00f3n, la actualizaci\u00f3n mensual por IPC solo sirve para cristalizar el d\u00e9ficit operativo de las instituciones.<\/p>\nDisputas pol\u00edticas y comparaciones con el sector privado<\/h4>\n
El conflicto no es solo econ\u00f3mico, sino tambi\u00e9n pol\u00edtico. Ante las declaraciones de funcionarios que atribuyeron la crisis actual a una supuesta pasividad del sector durante la gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez, el Foro respondi\u00f3 con dureza. Presentaron actas que documentan el rechazo sistem\u00e1tico a los aumentos otorgados en el per\u00edodo anterior, desmintiendo la falta de reclamos previa.<\/p>\n
Asimismo, la organizaci\u00f3n traz\u00f3 una comparaci\u00f3n cr\u00edtica con otros sectores de la salud. Cuestionaron la disparidad de criterios del Gobierno que, mientras restringe los fondos para discapacidad bajo argumentos de austeridad, ha permitido a las empresas de medicina prepaga aplicar aumentos por encima de la inflaci\u00f3n general. Esta \u00abdoble vara\u00bb es vista por los prestadores como una despriorizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable en favor de la desregulaci\u00f3n del mercado de salud privada.<\/p>\n
El escenario para 2026 se presenta sombr\u00edo para los prestadores de servicios de atenci\u00f3n integral. Muchos centros terap\u00e9uticos y servicios de transporte especial se encuentran \u00abal borde del cierre\u00bb debido a que los aranceles actuales no cubren los costos m\u00ednimos de funcionamiento, combustible y salarios profesionales. La Ley de Emergencia, que el presidente Javier Milei reglament\u00f3 hace diez d\u00edas tras un intento de veto y fuertes presiones judiciales, buscaba precisamente evitar el colapso del sistema, pero su implementaci\u00f3n administrativa est\u00e1 generando nuevas distorsiones.<\/p>\n
La falta de una compensaci\u00f3n adecuada por el per\u00edodo diciembre 2023\/diciembre 2024 es el punto de mayor fricci\u00f3n. El Foro advierte que, de no mediar una mesa de di\u00e1logo que reconozca el atraso estructural, la calidad de vida de las personas con discapacidad se ver\u00e1 seriamente comprometida por la interrupci\u00f3n de terapias y traslados esenciales.<\/p>\n
La crisis en el \u00e1rea de discapacidad dista mucho de haberse resuelto con la firma de un decreto o una actualizaci\u00f3n porcentual m\u00ednima. El reclamo del sector es claro: no se puede indexar la miseria. Mientras el Gobierno se apoya en la actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica por IPC como signo de ordenamiento, los prestadores denuncian que est\u00e1n financiando el sistema con su propio patrimonio. La emergencia contin\u00faa y, con ella, la incertidumbre para miles de ciudadanos que dependen de un Estado que garantice su acceso efectivo a la salud y la integraci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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