La violencia institucional vuelve a ponerse en el centro de la escena pol\u00edtica y social de la Ciudad de Buenos Aires. No hab\u00edan transcurrido siquiera 72 horas del asesinato de Gabriel Gonz\u00e1lez en manos de efectivos policiales en Villa Lugano, cuando un nuevo episodio de gatillo f\u00e1cil<\/b> sacudi\u00f3 al barrio de Constituci\u00f3n. El protagonista de esta tragedia, que comenz\u00f3 el pasado 28 de diciembre y culmin\u00f3 con su fallecimiento el 1 de enero, fue V\u00edctor Vargas, un hombre cuya vida estuvo marcada por la precariedad y cuyo final fue sellado por tres disparos reglamentarios.<\/p>\n
Vargas no muri\u00f3 de manera instant\u00e1nea. Su cuerpo resisti\u00f3 cuatro d\u00edas en una cama del Hospital Ramos Mej\u00eda, donde ingres\u00f3 con un cuadro cr\u00edtico que deriv\u00f3 en muerte cerebral. Mientras su familia viajaba desde Formosa para darle el \u00faltimo adi\u00f3s, la estructura judicial y policial comenzaba a desplegar los mecanismos habituales de justificaci\u00f3n que hoy son cuestionados por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.<\/p>\n
V\u00edctor Vargas naci\u00f3 en la provincia de Formosa, pero como tantos otros, busc\u00f3 en la Ciudad de Buenos Aires una oportunidad que el sistema le neg\u00f3 sistem\u00e1ticamente. Era padre de un adolescente y, al momento de ser baleado por la Polic\u00eda de la Ciudad de Jorge Macri, resid\u00eda de forma temporal en un hotel de la zona de Constituci\u00f3n, a escasos metros de donde recibi\u00f3 los impactos de bala.<\/p>\n
Sin un empleo estable, Vargas sobreviv\u00eda realizando \u00abchangas\u00bb. Durante un tiempo se desempe\u00f1\u00f3 como cuidacoches, una actividad que debi\u00f3 abandonar debido al constante hostigamiento de las fuerzas de seguridad. Seg\u00fan relat\u00f3 Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, la polic\u00eda le labraba actas contravencionales de forma recurrente, lo que fue cercenando su \u00fanica fuente de ingresos. \u00abLo mataron por pobre y por marr\u00f3n\u00bb, sentenci\u00f3 Orellano, vinculando el caso a un claro componente de perfilamiento racial y de clase.<\/p>\n
El hecho se produjo el domingo 28 de diciembre, alrededor de las 14 horas, en la intersecci\u00f3n de las calles Salta y Constituci\u00f3n. En ese punto, bajo la jurisdicci\u00f3n de la Comisar\u00eda Vecinal 1C, V\u00edctor se vio involucrado en una pelea callejera con otro hombre que, al igual que \u00e9l, se encontraba en situaci\u00f3n de vulnerabilidad social.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n de los efectivos de la Polic\u00eda de la Ciudad, bajo la conducci\u00f3n operativa del Ministro Horacio Gim\u00e9nez, fue letal. En lugar de mediar o utilizar m\u00e9todos de disuasi\u00f3n no letales, un oficial dispar\u00f3 en tres oportunidades contra Vargas: un proyectil impact\u00f3 en su rostro y otros dos en el torso. La desproporci\u00f3n de la fuerza es el eje de la denuncia de la querella y de los testigos presenciales.<\/p>\n
A pesar de la gravedad del hecho y del fallecimiento de la v\u00edctima, la respuesta judicial ha sido, hasta el momento, lenta y cuestionada. Aunque el arma reglamentaria del efectivo involucrado fue secuestrada, pasaron cinco d\u00edas sin que se iniciara formalmente una investigaci\u00f3n por homicidio.<\/p>\n
Lo m\u00e1s alarmante para los organismos de derechos humanos es la car\u00e1tula inicial impuesta por el Ministerio P\u00fablico Fiscal: \u201catentado a la autoridad y averiguaci\u00f3n de lesiones\u201d. Esta tipificaci\u00f3n legal, lejos de poner el foco en el accionar policial, desplaza la responsabilidad hacia la v\u00edctima, sugiriendo que Vargas habr\u00eda provocado el desenlace. Es una estrategia jur\u00eddica recurrente en casos de gatillo f\u00e1cil<\/b> que busca proteger al uniformado bajo la premisa del cumplimiento del deber.<\/p>\nLa Comisar\u00eda 1C bajo la lupa<\/h4>\n
El caso de Vargas no parece ser un hecho aislado si se analizan las estad\u00edsticas de la propia justicia porte\u00f1a. Un documento del Ministerio P\u00fablico de la Defensa, publicado a comienzos de 2025, se\u00f1ala que la Comisar\u00eda Vecinal 1C es la dependencia que mayor cantidad de hechos de violencia institucional registr\u00f3 durante los a\u00f1os 2023 y 2024.<\/p>\n
Esta recurrencia sit\u00faa a la zona de Constituci\u00f3n como un \u00abpunto caliente\u00bb de abusos policiales, donde la precariedad habitacional y la marginalidad de los transe\u00fantes parecen habilitar un accionar fuera de los protocolos internacionales de actuaci\u00f3n policial.<\/p>\n
Desde su creaci\u00f3n el 1 de enero de 2017, la Polic\u00eda de la Ciudad acumula una estad\u00edstica preocupante. En ocho a\u00f1os, el total de v\u00edctimas de gatillo f\u00e1cil<\/b> asciende a 168 personas. Si se consideran todas las modalidades de muerte en manos de esta fuerza (incluyendo decesos en comisar\u00edas, c\u00e1rceles y casos intrafamiliares), la cifra escala a 205 fallecidos, lo que arroja un promedio de 25 homicidios anuales.<\/p>\n
Bajo la gesti\u00f3n actual de Jorge Macri, la tendencia no ha mostrado signos de desaceleraci\u00f3n. En los primeros dos a\u00f1os de su gobierno, se contabilizan 44 asesinatos bajo diversas modalidades. El caso de V\u00edctor Vargas, ocurrido apenas d\u00edas despu\u00e9s del de Gabriel Gonz\u00e1lez, pone en evidencia una crisis estructural en los protocolos de uso de la fuerza y una falta de control civil efectivo sobre los agentes armados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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