La gesti\u00f3n del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Jorge Macri, ha hecho p\u00fablica y con orgullo la realizaci\u00f3n de m\u00e1s de 460 desalojos en lo que va del mandato, una cifra que exponen activamente en sus redes sociales. Sin embargo, los datos oficiales que se desprenden de estos operativos dibujan un panorama social alarmante: m\u00e1s de 800 ni\u00f1os y ni\u00f1as y 1.200 personas mayores pasaron a vivir en situaci\u00f3n de calle como consecuencia directa. Esta dolorosa realidad, que totaliza m\u00e1s de 2.000 personas en vulnerabilidad extrema, es sistem\u00e1ticamente silenciada por las autoridades, quienes, lejos de ofrecer soluciones, han optado por reducir dr\u00e1sticamente el financiamiento de las pol\u00edticas p\u00fablicas destinadas a la vivienda.<\/p>\n
Seg\u00fan un an\u00e1lisis presupuestario realizado por la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las partidas para pol\u00edticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tienen hoy el menor financiamiento de los \u00faltimos 14 a\u00f1os<\/b>, representando apenas el 0,9% del presupuesto total. Esta dr\u00e1stica reducci\u00f3n se da en un contexto de profunda crisis habitacional en CABA<\/b> que afecta a diversos sectores de la poblaci\u00f3n.<\/p>\nEl drama de los inquilinos y la desregulaci\u00f3n<\/h4>\n
Uno de los principales ejes de la crisis habitacional en CABA<\/b> se concentra en el mercado de alquileres. Hoy, uno de cada tres habitantes de la Ciudad alquila su vivienda, una tendencia que muestra un retroceso en la propiedad: los due\u00f1os pasaron de ser el 69% en 2001 al 52,9% en 2022.<\/p>\n
Esta p\u00e9rdida de la seguridad habitacional se produce en un escenario de total desregulaci\u00f3n del mercado. Tras los cambios normativos, los contratos de alquiler se realizan desde un mes hasta tres a\u00f1os, con aumentos ejecutados seg\u00fan lo imponga el locador a trav\u00e9s de diversos \u00edndices y cambios. Las pocas pol\u00edticas de apoyo destinadas a este sector \u2013como los subsidios en seguros de cauci\u00f3n o la gratuidad de firmas\u2013 se encuentran desfinanciadas e invisibilizadas, dejando a los inquilinos a merced de un mercado vol\u00e1til e inestable.<\/p>\n
La falta de inversi\u00f3n estatal tambi\u00e9n impacta gravemente en los barrios populares, donde cerca del 10% de la poblaci\u00f3n porte\u00f1a reside con graves deficiencias en el acceso a servicios b\u00e1sicos y a la vivienda digna. A pesar de que la integraci\u00f3n sociourbana es un derecho reconocido por legislaci\u00f3n local y nacional, el compromiso presupuestario del gobierno porte\u00f1o va en sentido contrario.<\/p>\n
Si bien el presupuesto general de la Ciudad aumentar\u00e1 un 3,67% respecto al a\u00f1o anterior, las partidas destinadas a organismos clave como el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y las \u00e1reas de integraci\u00f3n sociourbana caer\u00e1n un alarmante 22,9%<\/b>. Solo el IVC, encargado de la reurbanizaci\u00f3n y el apoyo al acceso a alquileres y cr\u00e9ditos hipotecarios, registra una reducci\u00f3n del 14,5%.<\/p>\n
En una clara paradoja de gesti\u00f3n, la contracara de este recorte es el aumento del 3,8% en las partidas destinadas a la atenci\u00f3n de personas en situaci\u00f3n de calle. La mayor parte de este incremento se destina a financiar subsidios habitacionales \u2014que solo permiten acceder a una habitaci\u00f3n de hotel por un plazo temporal y no resuelven el problema de fondo\u2014 y a la asistencia en los Centros de Inclusi\u00f3n Social (CIS).<\/p>\n
La inversi\u00f3n en subsidios habitacionales no resuelve la crisis habitacional en CABA<\/b>; de hecho, la consolida. Estos subsidios se limitan a ofrecer una soluci\u00f3n temporal, obligando a las personas a vivir en hoteles por un plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o, aceptando soluciones transitorias como si fueran definitivas. El aumento en el presupuesto para atender la situaci\u00f3n de calle, simult\u00e1neo a una activa campa\u00f1a de desalojos, indica que la pol\u00edtica p\u00fablica se enfoca en gestionar la urgencia en lugar de prevenirla y resolverla.<\/p>\nViolencia institucional y el paradigma de \u00aborden y limpieza\u00bb<\/h4>\n
La situaci\u00f3n de las personas sin hogar es cr\u00edtica y est\u00e1 marcada por el crecimiento y la violencia. El Tercer Censo Popular relev\u00f3 11.982 personas viviendo en la calle en la Ciudad, lo que representa un dram\u00e1tico aumento del 64%<\/b> respecto a 2019.<\/p>\n
Lo m\u00e1s preocupante es el trato que reciben: el 80,7% de las personas censadas denunci\u00f3 haber sufrido violencia institucional por parte de la Polic\u00eda de la Ciudad y trabajadores del Ministerio de Espacio P\u00fablico e Higiene Urbana. Este retiro del Estado en \u00e1reas sociales sustantivas coincide con el inicio de la gesti\u00f3n, donde el desplazamiento de personas en situaci\u00f3n de calle se convirti\u00f3 en una acci\u00f3n prioritaria bajo el paradigma de \u00aborden y limpieza\u00bb.<\/p>\n
Recientemente, el ministro de Desarrollo Humano y H\u00e1bitat, Gabriel Mraida, defendi\u00f3 el presupuesto de su cartera presentando como \u00abavance\u00bb la compra de veh\u00edculos (motos y camionetas) para lograr identificar tempranamente a las personas en situaci\u00f3n de calle. Esta pol\u00edtica se limita a la identificaci\u00f3n y a la oferta de subsidios o estad\u00edas temporales en los CIS, desentendi\u00e9ndose de la necesidad de soluciones habitacionales permanentes.<\/p>\n
La Ciudad de Buenos Aires no puede desvincularse de la crisis habitacional en CABA<\/b>. La pol\u00edtica de atender \u00fanicamente la urgencia no solo fracasa en resolver la problem\u00e1tica, sino que la perpet\u00faa, desmantelando los mecanismos de acceso a la vivienda digna y empujando a miles de personas a la calle.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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