Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos participamos este jueves de una audiencia convocada por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la protesta en la Argentina, en la que tambi\u00e9n estuvieron presentes representantes del Estado nacional.<\/p>\n
Durante la audiencia, los comisionados y el Relator Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la CIDH rescataron el valor de las protestas sociales y manifestaron su preocupaci\u00f3n por discursos estatales que buscan deslegitimarlas.<\/p>\n
En tal sentido, preguntaron al Estado sobre sus criterios para el uso de la fuerza y de las llamadas \u201carmas menos letales\u201d, que seg\u00fan afirmaron pueden causar muertes. Tambi\u00e9n cuestionaron la intervenci\u00f3n sin identificaci\u00f3n ni uniforme de agentes de las fuerzas de la seguridad en las manifestaciones. Condenaron la represi\u00f3n y detenci\u00f3n de trabajadores\/as de prensa que estaban registrando las manifestaciones y enfatizaron la necesidad de garantizar que puedan cubrir el desarrollo de las protestas.<\/p>\n
El Relator Especial, Edison Lanza, destac\u00f3 que en algunas protestas durante 2017 \u2013entre ellas, la del 8 de marzo y otras que involucraban reclamos sindicales\u2013, hubo un uso desproporcionado de la fuerza e incluso \u201calg\u00fan tipo de sa\u00f1a\u201d contra las y los manifestantes. Por lo cual pregunt\u00f3: \u201centonces \u00bfqu\u00e9 evaluaci\u00f3n hicieron las fuerzas de seguridad y el Estado de todas estas situaciones?\u201d.<\/p>\n
Sin responder a esa pregunta, en general el Estado pretendi\u00f3 justificar su accionar afirmando que hay protestas pac\u00edficas y otras violentas en las que las fuerzas de seguridad hicieron lo que ten\u00edan que hacer. Este argumento sin embargo no da cuenta de la gran cantidad de situaciones de represi\u00f3n, detenciones arbitrarias y criminalizaci\u00f3n de manifestantes que ocurrieron en protestas en las que no se registraron episodios de violencia. Tampoco explic\u00f3 por qu\u00e9, a\u00fan en aquellas protestas en las que hubo desmanes y agresiones, la respuesta policial fue desmedida y arbitraria. Incluso en esos casos se registraron muchas detenciones injustificadas y, respecto de las manifestaciones de diciembre pasado, hoy se mantiene a dos personas detenidas.<\/p>\n
Abusos represivos<\/p>\n
A pesar de que, en 2017, las fuerzas de seguridad cometieron innumerables abusos en los operativos, en la audiencia el Estado solo se refiri\u00f3 al procesamiento del efectivo de la Polic\u00eda Federal Argentina Dante Barisone, quien atropell\u00f3 con su motocicleta a un joven, ocasion\u00e1ndole lesiones graves \u2013un hecho que fue grabado y tuvo mucha visibilidad. Es contradictorio que el Ministerio de Seguridad haya afirmado en la audiencia su compromiso con el avance de esta causa judicial cuando la defensa de Barisone est\u00e1 a cargo de la Divisi\u00f3n de Asuntos Penales de la Polic\u00eda Federal, dato que omitieron mencionar.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, hubo al menos 175 detenidos en contextos de protesta en la Argentina. Y se observ\u00f3 una estrategia pol\u00edtica y judicial para acusar a las personas detenidas de \u201cintimidaci\u00f3n p\u00fablica\u201d, un delito de competencia federal. De los cinco casos que se iniciaron bajo esa figura, tan solo queda uno abierto con esa calificaci\u00f3n, \u201cpero en el transcurso de esos procesos, muchas personas fueron detenidas e incomunicadas,\u201d dijo Diego Morales, director del \u00c1rea de Litigio y defensa legal del CELS.<\/p>\n
La activista del movimiento feminista Natalia Milduberger remarc\u00f3 que en las protestas de mujeres, lesbianas, travestis y trans se intersectan las violencias machistas y las violencias policiales. Ella fue una de las personas detenidas arbitrariamente despu\u00e9s de que finalizara la protesta del 8 de marzo en el contexto de una cacer\u00eda policial y estuvo sujeta a un proceso penal durante casi un a\u00f1o.<\/p>\n
Violencia contra la prensa<\/p>\n
La representante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) present\u00f3 un documento conjunto con el CELS sobre la violencia policial contra reporteros\/as y periodistas e hizo notar, entre otras cuestiones, que m\u00e1s de cuarenta y cinco trabajadores de prensa fueron heridos por balas de goma mientras registraban las manifestaciones en 2017.<\/p>\n
El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educaci\u00f3n Fueguina (SUTEF) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educaci\u00f3n de Buenos Aires (SUTEBA), adem\u00e1s de enumerar una serie de episodios de represi\u00f3n a protestas sindicales, plantearon situaciones de persecuci\u00f3n de sus dirigentes y de criminalizaci\u00f3n de su trabajo. Remarcaron que el abuso de la conciliaci\u00f3n obligatoria y el intento de revocar la personer\u00eda gremial de algunos sindicatos impiden el ejercicio de los derechos a la libertad de expresi\u00f3n, de asociaci\u00f3n o de reuni\u00f3n. (Ig)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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