Un reciente pronunciamiento de la C\u00e1mara V de Apelaciones del Trabajo, integrado por los jueces Gabriel de Vedia y Beatriz Friedman, ha desatado una ola de cr\u00edticas y preocupaci\u00f3n en el \u00e1mbito laboral y jur\u00eddico. Pese a ratificar el fallo de primera instancia que reconoc\u00eda a una trabajadora como v\u00edctima de acoso laboral (\u00abmobbing\u00bb) por parte de la c\u00fapula jer\u00e1rquica de la Confederaci\u00f3n Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el tribunal determin\u00f3 que la damnificada deber\u00e1 afrontar el 60% de los costos del extenso expediente judicial, \u00a1incluyendo los honorarios de la defensa de su propio acosador!<\/p>\n
Esta resoluci\u00f3n, que contradice la l\u00f3gica m\u00e1s elemental de la justicia y la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas, ha generado un profundo malestar, sum\u00e1ndose a la reciente pol\u00e9mica generada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN) en un caso de quiebra que releg\u00f3 los derechos de los trabajadores.<\/p>\n
En primera instancia, la jueza Mar\u00eda Elena L\u00f3pez hab\u00eda fallado a favor de la trabajadora, concluyendo que su despido fue injustificado y que existi\u00f3 un claro caso de acoso laboral, tal como lo confirm\u00f3 posteriormente la Sala V, se\u00f1alando que las acciones de hostigamiento proven\u00edan directamente de los altos mandos de CAME.<\/p>\n
Sin embargo, la sorpresa y la indignaci\u00f3n llegaron con la decisi\u00f3n de los jueces De Vedia y Friedman de imponer a la v\u00edctima la carga de sufragar el 60% de los gastos del juicio. La ins\u00f3lita medida llam\u00f3 la atenci\u00f3n de organismos internacionales como la Oficina de la OIT para el Cono Sur. El especialista en Normas Internacionales del Trabajo, Sergio Paix\u00e3o Pardo, y la Oficial de G\u00e9nero, Larraitz Lexartza, convocaron de urgencia a la damnificada a una reuni\u00f3n virtual para informarse sobre el caso.<\/p>\n
El involucramiento de la OIT radica en el Convenio 190, ratificado por Argentina en 2022, que recomienda la sanci\u00f3n de una ley espec\u00edfica sobre acoso laboral, un tema a\u00fan pendiente de debate en el Congreso de la Naci\u00f3n. Durante el encuentro virtual, los funcionarios de la OIT hicieron hincapi\u00e9 en esta alarmante falta de legislaci\u00f3n.<\/p>\n
Ante este rev\u00e9s judicial, la defensa de la trabajadora anunci\u00f3 la presentaci\u00f3n de un recurso de queja ante la CSJN, buscando revertir este fallo que consideran re-victimizarte.<\/p>\n
De la reuni\u00f3n informativa tambi\u00e9n particip\u00f3 la Dra. Marisa Belluomini, de la Oficina de Violencia Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que recepcion\u00f3 el caso en su inicio y acompa\u00f1\u00f3 a la denunciante en su dif\u00edcil periplo judicial. En di\u00e1logo con InfoGremiales, la Dra. Belluomini expres\u00f3 su profunda preocupaci\u00f3n: \u00abNo es habitual y llama la atenci\u00f3n que en este momento se d\u00e9 un fallo as\u00ed que vuelve a poner en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad a quien ya pas\u00f3 una situaci\u00f3n as\u00ed. Es il\u00f3gico que pase esto, que una acosada pague a su acosador por los gastos judiciales. Es una brutalidad jur\u00eddica. Es desandar un camino recorrido porque estos fallos desaniman a hacer la denuncia; es, dir\u00edamos, una brutalidad jur\u00eddica\u00bb.<\/p>\n
La v\u00edctima, cuya identidad se mantiene reservada, se desempe\u00f1\u00f3 durante ocho a\u00f1os en el \u00e1rea de Comunicaci\u00f3n de CAME. Su calvario comenz\u00f3 tras denunciar formalmente el acoso laboral por parte de la c\u00fapula de la entidad, siguiendo el propio C\u00f3digo de \u00c9tica de la empresa. La respuesta de CAME fue contundente e inesperada: a las 48 horas de realizar la denuncia, la trabajadora fue despedida. \u00abSe usan los protocolos internos como tramperas: si denunci\u00e1s que tu jefe te est\u00e1 acosando, te despiden\u00bb, lament\u00f3 la demandante en conversaci\u00f3n con InfoGremiales.<\/p>\n
La situaci\u00f3n se agrava al considerar dos factores adicionales: el despido se produjo en plena vigencia del decreto que prohib\u00eda las cesant\u00edas durante la pandemia de COVID-19, y la trabajadora contaba con un legajo intachable, sin sanciones previas en casi una d\u00e9cada de servicio.<\/p>\n
Seg\u00fan consta en la causa judicial, el acoso se intensific\u00f3 tras la asunci\u00f3n de Alfredo Gonz\u00e1lez a la presidencia de CAME. La defensa de la trabajadora present\u00f3 pruebas documentales y testimoniales que acreditaron una serie de acciones sistem\u00e1ticas de hostigamiento. Entre ellas, se destacan la misteriosa desaparici\u00f3n del CPU de su escritorio, el bloqueo de su cuenta de correo electr\u00f3nico mediante el blanqueo de su contrase\u00f1a, y la creaci\u00f3n de un grupo de WhatsApp donde se coordinaban las tareas del sector, excluy\u00e9ndola deliberadamente.<\/p>\n
Si bien la justicia de primera instancia conden\u00f3 a CAME a pagar m\u00e1s de 50 millones de pesos en concepto de da\u00f1os morales y diferencias salariales, la reciente resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara del Trabajo ha generado una profunda sensaci\u00f3n de injusticia y re-victimizaci\u00f3n para la trabajadora, quien ahora se ve obligada a costear parte de un juicio que precisamente buscaba reparar el da\u00f1o sufrido. Este fallo sienta un precedente alarmante y podr\u00eda tener un efecto disuasorio en futuras denuncias de acoso laboral, perpetuando la vulnerabilidad de las v\u00edctimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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