{"id":115331,"date":"2025-04-22T01:14:38","date_gmt":"2025-04-22T04:14:38","guid":{"rendered":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=115331"},"modified":"2025-04-22T01:14:38","modified_gmt":"2025-04-22T04:14:38","slug":"auditoria-despiadada-el-gobierno-apunta-a-recortar-400-mil-pensiones-por-discapacidad-y-desata-la-alarma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2025\/04\/22\/auditoria-despiadada-el-gobierno-apunta-a-recortar-400-mil-pensiones-por-discapacidad-y-desata-la-alarma\/","title":{"rendered":"Auditor\u00eda despiadada: el Gobierno apunta a recortar 400 mil pensiones por discapacidad y desata la alarma"},"content":{"rendered":"

El ajuste fiscal del Gobierno nacional tiene un nuevo y preocupante foco: las pensiones por discapacidad. Si bien se hab\u00eda anticipado que este colectivo ser\u00eda una de las \u00abvariables\u00bb del recorte, la magnitud de la medida que se avecina es mucho mayor de lo previsto. Fuentes oficiales confirmaron a P\u00e1gina\/12<\/em> que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) proyecta dar de baja alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral para fines de este a\u00f1o<\/strong>. Esta cifra duplica la estimaci\u00f3n inicial de 200 mil y representa un tercio del total de beneficiarios actuales. El \u00abahorro\u00bb esperado para las arcas del Estado ascender\u00eda a unos 900 mil millones de pesos.<\/p>\n

Esta dr\u00e1stica reducci\u00f3n se implementar\u00e1 a partir de los resultados de una auditor\u00eda impulsada por el titular de la Andis, Diego Spagnuolo, tristemente c\u00e9lebre por firmar una resoluci\u00f3n con insultos denigrantes hacia las personas con discapacidad. En este contexto, la ONG Alapa, que apoya a pacientes con enfermedades poco frecuentes, present\u00f3 un recurso de amparo para frenar lo que considera un proceso que \u00abdegrada la dignidad humana\u00bb.<\/p>\n

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya hab\u00eda dado un sombr\u00edo anticipo de la brutalidad del ajuste al reconocer ante el Congreso que casi el 50 por ciento de las personas con discapacidad auditadas nunca fueron debidamente notificadas<\/strong>. Se trata de un universo inicial de m\u00e1s de 200 mil personas sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual que no recibieron la carta documento informativa. La principal excusa oficial es la inconsistencia en los domicilios declarados, pero la soluci\u00f3n adoptada es la suspensi\u00f3n del cobro, dejando a estos beneficiarios en un limbo sin posibilidad de defender su derecho.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe de Francos, de las 470 mil cartas documento enviadas por la Andis hasta abril, 222.607 nunca llegaron a destino<\/strong>. Estas notificaciones, cuyo env\u00edo est\u00e1 a cargo de la empresa privada Andreani mediante una licitaci\u00f3n millonaria, son solo la primera etapa de una auditor\u00eda que alcanzar\u00e1 a los 1,2 millones de personas que perciben pensiones no contributivas en el pa\u00eds. La Andis planea enviar unas 300 mil notificaciones mensuales para completar el proceso en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n

Paralelamente a las bajas por falta de notificaci\u00f3n, la poda se concretar\u00e1 con aquellos que, a pesar de ser auditados, no superen los ex\u00e1menes m\u00e9dicos de la Andis o no logren demostrar que carecen de empleo y necesitan la pensi\u00f3n. El Gobierno alega buscar \u00abirregularidades\u00bb de la gesti\u00f3n anterior, pero hasta el momento solo ha exhibido casos aislados que no justifican la magnitud del recorte planificado. Incluso, el caso m\u00e1s publicitado result\u00f3 ser una fake news<\/em>.<\/p>\n

La proyecci\u00f3n final del Gobierno es dar de baja unas 400 mil pensiones, una cifra que duplica las estimaciones iniciales del proyecto de presupuesto 2025 y supera ampliamente el intento de Mauricio Macri en 2017, que deriv\u00f3 en un rev\u00e9s judicial.<\/p>\n

El diputado Daniel Arroyo denuncia que la Andis recibi\u00f3 una \u00abpauta de ajuste\u00bb del Poder Ejecutivo imposible de cumplir mediante auditor\u00edas genuinas, lo que obliga a \u00abinventar\u00bb irregularidades y somete a 1,2 millones de personas a la desesperaci\u00f3n de un proceso \u00abcruel e innecesario\u00bb. Arroyo impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en el \u00e1rea de discapacidad, buscando reasignar partidas y proteger no solo las pensiones, sino tambi\u00e9n a los prestadores de servicios esenciales que est\u00e1n al borde del colapso por el ajuste.<\/p>\n

Organizaciones civiles vinculadas a la discapacidad vienen denunciando desde el a\u00f1o pasado el caos y la falta de protocolos adecuados en la auditor\u00eda de la Andis, que obliga a las personas con discapacidad a superar m\u00faltiples barreras burocr\u00e1ticas y realizar tr\u00e1mites presenciales sin considerar sus necesidades espec\u00edficas. La cautelar presentada por Alapa busca \u00abadecuar\u00bb el procedimiento a las posibilidades del colectivo, se\u00f1alando la ausencia de normativas claras y la falta de participaci\u00f3n de las organizaciones en el dise\u00f1o del proceso.<\/p>\n

El decreto 843\/2024, que reinstaur\u00f3 un modelo m\u00e9dico de la discapacidad previo a la Convenci\u00f3n de la ONU, y la Resoluci\u00f3n 187\/2025, que elev\u00f3 el baremo de discapacidad f\u00edsica y conten\u00eda insultos hacia las personas con discapacidad intelectual, son los pilares normativos de este ajuste. A pesar de las tibias disculpas de Spagnuolo, el nuevo baremo sigue vigente, dificultando el acceso a pensiones futuras. Los n\u00fameros expuestos por Francos son elocuentes: en cuatro meses de este a\u00f1o, solo se otorgaron 211 pensiones. La auditor\u00eda, bajo la fachada de combatir irregularidades, se revela como una herramienta para un recorte masivo y despiadado que genera alarma y vulnera los derechos de miles de personas con discapacidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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