En un movimiento que busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupci\u00f3n, el Centro de Investigaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Criminalidad Econ\u00f3mica (CIPCE) ha presentado una querella ante la justicia federal solicitando ser parte activa en la investigaci\u00f3n del controvertido caso del criptoactivo $LIBRA. La organizaci\u00f3n no gubernamental acusa directamente al presidente Javier Milei del delito de negociaciones incompatibles con la funci\u00f3n p\u00fablica, argumentando que su intervenci\u00f3n p\u00fablica en la promoci\u00f3n del token configura una clara infracci\u00f3n penal.<\/p>\n
Pedro Biscay, directivo del CIPCE y responsable de la presentaci\u00f3n judicial, fue contundente al se\u00f1alar la necesidad de que el Poder Judicial demuestre si el lema oficial de que \u00abel que las hace la paga\u00bb se aplica tambi\u00e9n a quienes ostentan el poder. La querella califica el hecho como un \u00abcaso excepcional de corrupci\u00f3n\u00bb, resaltando su car\u00e1cter \u00abpr\u00e1cticamente flagrante\u00bb y la abundancia de pruebas de \u00abp\u00fablico conocimiento\u00bb. Asimismo, el CIPCE expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n ante la posibilidad de que la fiscal\u00eda a cargo de la investigaci\u00f3n incurra en t\u00e1cticas dilatorias que favorezcan la impunidad de los responsables.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n del CIPCE reviste una significaci\u00f3n particular al constituirse como la primera querella bajo la figura de \u00abquerellante de la sociedad civil\u00bb en este caso. Esta figura legal, contemplada en el C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n, permite a asociaciones civiles participar activamente en causas que involucren graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el escrito presentado por el CIPCE subraya la conexi\u00f3n intr\u00ednseca entre la lucha contra la corrupci\u00f3n y la garant\u00eda de los derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales, cuya realizaci\u00f3n efectiva depende de la correcta administraci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos. La organizaci\u00f3n cita jurisprudencia tanto nacional como internacional que avala la participaci\u00f3n de la sociedad civil en casos de corrupci\u00f3n, destacando la importancia de esta herramienta para fortalecer la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
\u00abNo es usual que un caso de corrupci\u00f3n sea cometido a la vista de todos\u00bb, enfatiz\u00f3 Biscay, alertando sobre el riesgo de que los tribunales federales y la Procuraci\u00f3n General conviertan esta investigaci\u00f3n en un \u00abprenda de negociaci\u00f3n\u00bb con el gobierno de turno, una pr\u00e1ctica que, seg\u00fan el directivo del CIPCE, suele ocurrir en este tipo de episodios. La querella tambi\u00e9n critica la reciente creaci\u00f3n por parte del Presidente de una \u00abUnidad Transitoria de Investigaci\u00f3n\u00bb dependiente del propio jefe de Estado investigado, lo que genera, a juicio del CIPCE, \u00abfundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
La imputaci\u00f3n central de la querella se basa en la publicaci\u00f3n realizada por el presidente Milei en su cuenta de la red social X el pasado 14 de febrero. En dicho mensaje, el mandatario promocion\u00f3 el proyecto privado \u00abViva La Libertad Project\u00bb, cuyo eje central era la compra y venta del token $LIBRA. La presentaci\u00f3n judicial detalla c\u00f3mo, tras la publicaci\u00f3n del tuit presidencial, el valor del criptoactivo experiment\u00f3 un incremento exponencial, pasando de 0,10 a un m\u00e1ximo de 4,50 d\u00f3lares en un breve lapso de tiempo.<\/p>\n
Para el CIPCE, esta acci\u00f3n configura el delito de negociaciones incompatibles con la funci\u00f3n p\u00fablica, tipificado en el art\u00edculo 256 del C\u00f3digo Penal. Este delito sanciona a los funcionarios p\u00fablicos que se interesan en negocios privados de cualquier \u00edndole, ya sea de forma directa o indirecta, independientemente del resultado econ\u00f3mico de la negociaci\u00f3n. La querella destaca que esta figura penal es crucial en la lucha contra la corrupci\u00f3n, ya que no requiere la existencia de un intercambio de dinero o d\u00e1divas para su configuraci\u00f3n.<\/p>\n
El escrito presentado ante la justicia sostiene que el presidente Milei ten\u00eda pleno conocimiento del proyecto \u00abViva La Libertad Project\u00bb y de su impulsor, Mark Davis. La difusi\u00f3n a trav\u00e9s de su cuenta oficial de informaci\u00f3n clave como el enlace al proyecto, el c\u00f3digo del contrato del token y su denominaci\u00f3n, sumado a la coincidencia de los prop\u00f3sitos del token con la descripci\u00f3n del proyecto privado, evidenciar\u00edan un inter\u00e9s directo del mandatario en el negocio.<\/p>\n
La querella tambi\u00e9n reconstruye una secuencia temporal que considera clave: la habilitaci\u00f3n del token, el tuit presidencial y el inmediato aumento de su valor. Adem\u00e1s, subraya el uso por parte del Presidente de una cuenta de X con \u00abverificaci\u00f3n gris\u00bb, un distintivo que obtuvo precisamente por su condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico, lo que le otorgaba una mayor visibilidad y credibilidad a su mensaje.<\/p>\n
En su petitorio, el CIPCE solicita la incorporaci\u00f3n a la causa de la entrevista realizada al Presidente por el periodista Jonatan Viale, en la cual Milei reconoce su conocimiento sobre el proyecto. Asimismo, requiere la preservaci\u00f3n de la evidencia digital y la solicitud de informaci\u00f3n detallada a Solana, la plataforma digital donde se comercializa el token $LIBRA. Finalmente, la querella demanda la conformaci\u00f3n de una causa separada, exclusivamente destinada a investigar la responsabilidad penal del Presidente en este hecho, marcando un nuevo cap\u00edtulo en este creciente esc\u00e1ndalo que sacude la escena pol\u00edtica y econ\u00f3mica del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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