Ante un contexto de crisis social y econ\u00f3mica, el Ejecutivo responde con m\u00e1s represi\u00f3n. La movilizaci\u00f3n multisectorial que se sum\u00f3 a la marcha semanal de jubilados frente al Congreso de la Naci\u00f3n fue recibida con amenazas oficiales de castigos arbitrarios y medidas al margen de la legalidad. El lenguaje del gobierno se resume en una sola respuesta: m\u00e1s control y violencia institucional.<\/p>\n
Una de las caracter\u00edsticas de reg\u00edmenes con tendencias autoritarias es la difuminaci\u00f3n de los l\u00edmites entre lo legal y lo ilegal. En esta l\u00f3gica, las fuerzas de seguridad act\u00faan con potestad para reprimir sin rendir cuentas, deteniendo y atacando sin apego a la normativa vigente. Esto genera un escenario en el que cualquier ciudadano puede ser considerado sospechoso y enfrentar consecuencias sin garant\u00edas procesales. Seg\u00fan declaraciones de un candidato oficialista, \u00aba los criminales les corresponde c\u00e1rcel o bala\u00bb, una frase que sintetiza la pol\u00edtica de seguridad en curso.<\/p>\n
Un ejemplo de esta estrategia es la amenaza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de aplicar el derecho de admisi\u00f3n deportivo a hinchas de f\u00fatbol que participen en protestas, con el objetivo de desarticular cualquier manifestaci\u00f3n organizada. Esta acci\u00f3n, de dudosa legalidad, se suma a una serie de medidas que han sido criticadas por organismos de derechos humanos.<\/p>\n
El Congreso tambi\u00e9n jug\u00f3 un papel clave en este escenario con la aprobaci\u00f3n de la Ley Antimafias, que otorga herramientas extraordinarias al gobierno para perseguir opositores y criminalizar la protesta. Esta norma, que cont\u00f3 con respaldo de legisladores de diferentes bloques, permite la detenci\u00f3n sin orden judicial hasta por 48 horas, extensible a 15 d\u00edas o m\u00e1s en casos de \u00abinvestigaci\u00f3n compleja\u00bb. Adem\u00e1s, habilita allanamientos y escuchas telef\u00f3nicas sin intervenci\u00f3n de la Justicia, un precedente in\u00e9dito en la democracia argentina.<\/p>\n
Una de las disposiciones m\u00e1s alarmantes de la ley establece que todos los integrantes de una manifestaci\u00f3n pueden ser penalmente responsables por cualquier delito cometido en su contexto, incluso si es perpetrado por un infiltrado. Este mecanismo amplifica el margen de acci\u00f3n represivo y pone en riesgo el derecho a la libre expresi\u00f3n y manifestaci\u00f3n.<\/p>\n
Mientras tanto, surgen versiones preocupantes sobre operaciones encubiertas en el pa\u00eds. Seg\u00fan el periodista Carlos Pagni, un vuelo privado proveniente de Miami fue eximido de controles aduaneros por orden de altas autoridades, transportando presuntamente no solo dinero en efectivo sino tambi\u00e9n tecnolog\u00eda para espionaje ilegal.<\/p>\n
La combinaci\u00f3n de represi\u00f3n, vigilancia y criminalizaci\u00f3n de la protesta conforma un panorama inquietante para el futuro inmediato. En este contexto, el desaf\u00edo de la sociedad civil ser\u00e1 sostener y defender los derechos democr\u00e1ticos ante un esquema de seguridad que prioriza el control y la disciplina por sobre las libertades individuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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