El ENRE recomendó considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del gobierno de Cambiemos
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) recomendó hoy al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos, por considerar que sus resultados no fueron justos, razonables ni transparentes, y alertó por la millonaria condonación de deudas a las distribuidoras.
El ENTE -en un comunicado de prensa- dio a conocer el informe que elaboró la intervención a cargo de Federico Basualdo, en el que concluyó que en la RTI «los ingresos extraordinarios reconocidos para las empresas se determinaron de forma poco transparente, se tradujeron en tarifas exorbitantes, y se omitieron los procesos administrativos internos del ente regulador».
El informe al que accedió télam afirma que «la RTI carece de validez jurídica en tanto no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, no fue razonable ni prudente en su diseño y su aplicación vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de los usuarios».
Para ponderar ese impacto, el trabajo precisó que a pesar de la «supuesta gradualidad» esgrimida por la gestión Cambiemos, el aumento de las facturas entre los años 2015 y 2019 fue en promedio 3200% para usuarios residenciales, 1934% para comercios, 2325% para pequeñas industrias y 1872% para grandes industrias en términos nominales.
En consecuencia, y en el marco de las facultades de la Ley 27.541 y el Decreto 277/2020, la intervención recomendó al Ministerio de Desarrollo Productivo tomar como nula la RTI aplicada por Cambiemos, y alertó sobre la actuación del Enre en cuanto a la flexibilización en la aplicación de sanciones y el control sobre las inversiones de las empresas.
En ese sentido, el ente regulador detalló que las deudas contraídas por las distribuidoras Edenor y Edesur con el Estado argentino, que fueron condonadas en el año 2019, ascienden a $ 13.570 millones, mientras que se les refinanciaron otros $ 18.450 millones.
El informe de auditoría elevado por la intervención del Enre al Ministerio de Desarrollo Productivo -de quien depende la Secretaría de Energía- presenta a lo largo de sus casi 200 páginas un análisis detallado sobre diversos puntos críticos de la RTI.
Entre ellos, se destacó el estudio de sus principales parámetros técnicos, donde «se hace especial énfasis en la metodología de cálculo de los requerimientos de ingresos para el quinquenio 2017-2021» y sus resultados para las empresas Edenor y Edesur.
A la vez, resultó relevante «el análisis del modo en que se aplicaron los incrementos tarifarios definidos en la RTI y su impacto sobre las facturas de los usuarios finales».
«Queda en evidencia, entre otras cosas, que lo establecido por la RTI tuvo que ser modificado desde el inicio por el gobierno de Cambiemos en tanto su aplicación efectiva resultó insostenible por sus efectos nocivos sobre los ingresos de los usuarios y de los sectores productivos», enfatizó el informe.
«La gestión macrista aprobó de forma discrecional, arbitraria y sin ningún sustento técnico seis cuadros tarifarios opacos, que no permiten dilucidar con claridad los costos reales de prestación del servicio», agregó el Enre.
Al mismo tiempo, se generó «una constante refinanciación de una aparente deuda por la aplicación parcial de la RTI, que volvió imprevisible la composición de los cuadros tarifarios previstos a futuro, con la consiguiente afectación del derecho de los usuarios del servicio a una información adecuada y veraz», señalaron.
Por último, advirtieron que la recomposición de ingresos de las distribuidoras sumado al aumento constante de los precios de la energía y la potencia, y la dolarización de la remuneración de los generadores, «produjeron una desarticulación entre el esquema tarifario y la realidad macroeconómica del país».
