La Confederación Sindical de las Américas se pronunció ante la pandemia
La confederación Sindical de las Américas hizo un llamado urgente a la acción de los Estados en defensa de los trabajadores, la garantía de los derechos y la democracia en actual el contexto de la crisis provocada por la pandemia del nuevo Coronavirus (Covid-19).
La entidad que representa más de 55 millones de trabajadores en América Latina, llamó la atención sobre “varios elementos de orden político, social y económico para que la respuesta a la pandemia sea en favor de la población”.
En un comunicado, la organización reconoce que “según la última evaluación preliminar de la OIT, el COVID-19 podría causar que 25 millones de personas queden desempleadas en todo el mundo. Los efectos directos sobre la región aún no están estimados, pero ante un cuadro de recesión económica y de aumento de la desigualdad en los últimos años, es de estimarse que sus consecuencias sean aún más nefastas para los trabajadores”.
“En esa dirección la CSA demanda de los gobiernos la adopción de medidas urgentes a gran escala para mitigar los efectos negativos provocados por la parálisis económica a raíz de las crisis sanitarias generadas a nivel global. Es indispensable la solidaridad internacional coordinada para poder salir adelante y atender la pandemia sin que los más afectados sean los trabajadores y los pueblos”, continúa.
En ese sentido, desde la CSA instan a priorizar “la vida, la salud, los empleos, los salarios y la protección social de las personas frente a los intereses de las grandes empresas y el capital financiero y fortaleciendo el rol del estado frente a la presión privatizadora sobre los servicios públicos” y además agregan que “igualmente, el Estado debe actuar firmemente frente a las empresas privadas que prestan los servicios de alimentación, salud y otros servicios necesarios e impedir que se imponga el interés de la ganancia, por sobre las necesidades de la población”.
“La CSA demanda la adopción de políticas de tasación de las grandes fortunas, las ganancias y la confiscación de los fondos ilícitos ocultos en las guaridas fiscales en todo el mundo, para atender esta emergencia. Nos oponemos firmemente a las políticas de disminución de salarios, despidos masivos, cierres compulsivos o cualquier medida que ponga a los trabajadores a pagar el costo de esta pandemia. Igualmente, sobre la adopción de medidas sin las debidas consideraciones de los impactos económicos, sociales y psicosociales que están ocasionando serias dificultades a los trabajadores, como lo son: el teletrabajo, las vacaciones compulsivas, suspensión de jornadas sin goce de salarios, así como el agravamiento de la violencia doméstica hacia las mujeres, producto del confinamiento por la cuarentena”, remarcan.
En tal sentido, también sostienen la necesidad de “colocar en el centro de la respuesta a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como son quienes viven en situación de calle y de pobreza extrema, los trabajadores en situación de informalidad, las trabajadoras domésticas, así como las trabajadoras de la salud, la alimentación, el aseo urbano y de otros sectores que están en la primera línea de lucha frente al virus”.
En otro orden, reconocieron y acompañaron “las iniciativas de algunos gobiernos por atender la crisis con criterios de mayor equidad y justicia. Hacia ellos expresamos nuestra disposición de seguir fortaleciendo medidas de emergencia y políticas públicas permanentes, centradas en la justicia y la inclusión social”.
“Expresamos nuestra solidaridad y alentamos a las organizaciones sindicales en todos los países, que, en condiciones extremadamente desfavorables, mantienen una posición en defensa de los derechos de los trabajadores y en contra de aquellos gobiernos y empleadores que pretenden aprovecharse de la crisis para profundizar la situación de precariedad de la población”, finalizaron desde la CSA.
