Granja Tres Arroyos ratificó 1.250 despidos tras fracasar la conciliación obligatoria
La avícola oficializó 1.250 despidos tras fracasar la conciliación. Enfrenta un pasivo millonario, cautelares judiciales y cuatro meses de salarios atrasados a operarios.
La crisis de Granja Tres Arroyos escaló este jueves a un punto crítico luego de que concluyera sin acuerdo la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata, lo que dejó firmes 1.250 despidos en tres plantas de la provincia de Buenos Aires. La mayor empresa avícola del país enfrenta una compleja tormenta financiera marcada por un concurso de acreedores, medidas judiciales que frenan sus activos en el exterior y un fuerte conflicto sindical por cuatro meses de salarios impagos.
Un ajuste masivo en tres plantas bonaerenses
El conflicto laboral, que involucra de lleno al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), se cristalizó tras el cierre formal de la conciliación obligatoria. Según el relevamiento oficial de la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires, el recorte impacta de manera directa en 700 trabajadores en la planta de Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
Durante las negociaciones paritarias y administrativas, el apoderado legal de la firma, Walter Carrizo, defendió las cesantías bajo el argumento de adecuar la estructura corporativa a los niveles reales de actividad disponible. Desde la compañía sostienen que esta reestructuración resulta indispensable para garantizar la continuidad operativa general. No obstante, la conducción rechazó de plano las acusaciones de vaciamiento lanzadas por las organizaciones gremiales, atribuyendo la debacle financiera a un pasivo total estimado en 350,9 millones de dólares, motivo por el cual tramitan la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
Freno judicial a los activos y sospechas por liquidez
En paralelo al frente laboral, la causa comercial avanza con determinaciones severas contra el patrimonio de la empresa. El Juzgado Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, dictó la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares depositados por la avícola en el Banco de Comercio, con el propósito de resguardar los intereses de la masa de acreedores y de los operarios afectados.
Asimismo, el magistrado intimó a la compañía a justificar el destino y la disponibilidad real de otros 16 millones de dólares detectados en el Eurobanco. El tribunal cuestionó la compatibilidad de dicha liquidez con la supuesta imposibilidad financiera esgrimida por la patronal para cumplir con sus obligaciones laborales más elementales.
A estas medidas se sumó el fallo del Juzgado Comercial N° 24, el cual ordenó la inhibición general de bienes y un embargo por 605 millones de pesos, impulsado por el Banco Credicoop a raíz de saldos comerciales impagos.
Salarios atrasados, pago en pollos y un futuro incierto
La situación social de los operarios es dramática, ya que continúan reclamando el cobro prioritario de cuatro meses de sueldos atrasados y el aguinaldo correspondiente. Semanas atrás, la firma protagonizó una fuerte polémica al proponer cancelar parcialmente los sueldos mediante la entrega de pollos como parte de pago. Dicha oferta generó rechazo absoluto y colisiona abiertamente con el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que estipula un tope máximo del 20% de la remuneración para cualquier modalidad de retribución en especie.
Por otro lado, la efectivización de las indemnizaciones —que se liquidarán bajo la figura del artículo 247 de la LCT por fuerza mayor o falta de trabajo— permanece en suspenso. La decisión final aguarda que la Cámara Comercial resuelva un conflicto de competencia entre los juzgados N° 1 y N° 21, un paso previo e indispensable para designar al síndico que administrará formalmente los créditos concursales.
Conclusión
El colapso operativo y financiero de Granja Tres Arroyos expone la vulnerabilidad de una pieza clave en la agroindustria nacional. Con 1.250 familias en la incertidumbre laboral, cuentas embargadas y millones bajo la lupa de la Justicia comercial, el desenlace de este concurso de acreedores marcará un precedente crítico para la regulación de las crisis empresariales y la protección de los derechos laborales en el sector alimenticio argentino.
