Muerte de Isabella en Villa Gesell: el desgarrador pedido del hijo de la detenida
La investigación por la muerte de Isabella suma una prueba clave tras la declaración del hijo de Lucía Sosa, quien exigió que su madre continúe en prisión.
Un testimonio crucial ante la Fiscalía General de Mar del Plata
La causa judicial que investiga la trágica muerte de Isabella, la nena de apenas dos años fallecida en la ciudad costera de Villa Gesell, sumó una jornada determinante en el Palacio de Tribunales. En el marco del expediente que busca esclarecer las circunstancias del deceso, se presentó a declarar Lucas R., de 17 años, hijo biológico de Lucía Sosa, la mujer que permanece privada de su libertad e imputada como la principal responsable del hecho. El joven acudió a la cita judicial acompañado por su abogada patrocinante, Erika Hooft Suárez, y por su madre adoptiva, en un trámite procesal rodeado de estrictas medidas de reserva institucional.
A pesar del secreto de sumario que protege los pormenores de la audiencia testimonial, fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal confirmaron que el testimonio es valorado como un elemento probatorio de altísimo impacto. Se prevé que el relato del adolescente permita reconstruir con precisión la dinámica del entorno familiar, el historial de violencia interna y los patrones de conducta de la acusada, aportando evidencias de contexto que resultarán fundamentales para el avance de la causa penal.
El pedido del adolescente que ratifica las acusaciones contra su madre
La citación del joven de 17 años por parte de la fiscalía tiene como objetivo incorporar formalmente al expediente las crudas declaraciones que el menor realizó previamente ante los medios de comunicación. Días atrás, en una entrevista televisiva que generó conmoción social, el muchacho formuló una desgarradora solicitud dirigida a las autoridades judiciales a cargo del caso. «Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos», había expresado el joven, dejando en evidencia un patrón sistemático de peligro dentro del seno familiar.
En ese mismo testimonio público, el hijo de la imputada advirtió que la tragedia era un desenlace previsible si la Justicia no intervenía de manera firme. «Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar», sentenció con contundencia. Esta declaración formal se sumará a la masa probatoria que acumula el fiscal Juan Pablo Calderón, quien evalúa la conducta previa y los antecedentes de la acusada para fundamentar la prisión preventiva y definir si corresponde recategorizar los cargos penales.
Un relato oficial desmontado por los peritajes forenses
El expediente se inició formalmente el pasado 21 de julio, momento en que la pequeña Isabella fue ingresada de urgencia y sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. En aquella oportunidad, Lucía Sosa intentó justificar la situación ante los médicos de guardia alegando que la menor se había broncoaspirado de manera accidental mientras ingería la mamadera.
Sin embargo, las conclusiones médicas preliminares y el posterior informe de la autopsia forense desmintieron de manera categórica la hipótesis del accidente doméstico. Los peritos determinaron que la causa eficiente de la muerte fue una asfixia obstructiva que desencadenó un paro cardiorrespiratorio traumático. Ante este hallazgo, la fiscalía ordenó la inmediata detención de Sosa bajo la imputación inicial de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, delito por el cual se negó a prestar declaración indagatoria haciendo uso de su derecho constitucional.
Un antecedente judicial trágico en el historial familiar
El caso actual cobró una dimensión aún más compleja al salir a la luz que no es la primera vez que la imputada enfrenta un proceso penal por el fallecimiento de uno de sus hijos. En el año 2018, la mujer fue llevada a juicio oral junto a su entonces pareja, Héctor Javier Picart, imputada por el homicidio y presunto abuso sexual de Yazmín, una beba de 11 meses. En aquel proceso, ambos adultos permanecieron dos años bajo prisión preventiva en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
A pesar de la gravedad de los cargos, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata resolvió absolver a la pareja por el beneficio de la duda. Los jueces fundamentaron el fallo en la falta de certeza médica, concluyendo que las lesiones halladas en el cuerpo de la lactante eran compatibles con las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas durante la asistencia de emergencia, al tiempo que descartaron signos de agresión sexual. No obstante, la resolución judicial dejó constancia explícita sobre la situación de extrema vulnerabilidad del grupo familiar, el cual se encontraba bajo seguimiento de los organismos de protección de la niñez.
La investigación profundiza pericias psicológicas y de contexto
Con la incorporación del testimonio de Lucas R. y el análisis del historial médico, la Fiscalía General enfoca sus esfuerzos en determinar el estado de salud mental de la imputada. Los investigadores no descartan solicitar peritajes psiquiátricos exhaustivos para evaluar la presencia de patologías complejas, entre ellas el síndrome de Munchausen por poderes, una afección en la que el cuidador simula o provoca enfermedades en las personas a su cargo.
Las autoridades judiciales avanzarán durante las próximas semanas en el entrecruzamiento de llamadas, la toma de testimonios al entorno cercano y la revisión de los informes de los servicios sociales que intervinieron en el pasado. El objetivo central de la fiscalía es consolidar una acusación sólida que contemple la totalidad de las agravantes, buscando dar respuesta a un caso que volvió a poner en debate la efectividad de los mecanismos del Estado en la prevención del maltrato infantil.
