Cortes de gas: industriales critican con dureza las restricciones oficiales

La intensa ola polar que atraviesa la Argentina volvió a exponer con fuerza las debilidades estructurales del sistema energético nacional. Con el objetivo de priorizar el abastecimiento residencial frente al fuerte incremento de la demanda invernal, el Gobierno nacional dispuso severas restricciones en el suministro de gas natural para el sector industrial y las estaciones de GNC. Esta medida, lejos de pasar desapercibida, desató una ola de fuertes cuestionamientos por parte de las principales entidades productivas del interior del país, las cuales advierten sobre plantas completamente paralizadas, una alarmante pérdida de competitividad y sobrecostos que duplican o triplican los presupuestos habituales para sostener la actividad básica.

Tucumán denuncia un fuerte impacto asimétrico

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) fue una de las primeras corporaciones en alzar la voz para expresar su profunda preocupación ante el escenario actual. A través de un duro comunicado oficial, la entidad norteña remarcó que numerosos establecimientos fabriles se vieron obligados a afrontar costos extraordinarios para no cortar de manera definitiva sus líneas de producción. Para la UIT, el criterio de distribución del recurso resulta discriminatorio hacia las provincias alejadas del centro del país.

Desde la entidad fabril tucumana afirmaron que resulta muy complejo comprender los motivos por los cuales el Norte vuelve a ser el principal perjudicado por las limitaciones del sistema energético, incluso cuando no se han registrado temperaturas extremas que justifiquen técnicamente una emergencia de esta magnitud.

El punto más crítico del reclamo radica en la enorme distorsión de precios que conllevan las restricciones. Según detallaron las empresas afectadas, mientras que en algunas regiones del país el insumo básico ronda los 3 dólares por millón de BTU, las industrias norteñas se han visto empujadas a pagar cerca de 27 dólares por millón de BTU por gas importado. Ante esta realidad, las autoridades de la UIT lanzaron un interrogante directo a la gestión energética nacional sobre quién se beneficia con un esquema que obliga a las industrias a pagar un gas hasta nueve veces más caro, exigiendo de manera inmediata una absoluta transparencia en el funcionamiento del mercado.

Córdoba advierte por la vulnerabilidad de las pymes

Por su parte, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) calificó el panorama energético como crítico, poniendo especial énfasis en la delicada situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la provincia. De acuerdo con el análisis de la UIC, las pymes carecen de la escala y de la capacidad de negociación necesarias para acceder de forma directa a contratos alternativos de Gas Natural Licuado (GNL), quedando completamente desprotegidas ante los cortes regulatorios.

La cámara cordobesa enfatizó que el problema actual no representa una simple incomodidad administrativa para las firmas, sino que se traduce directamente en plantas enteras que deben reducir drásticamente su nivel de actividad o reorganizar por completo sus turnos y procesos productivos para evitar suspensiones masivas de personal.

Asimismo, desde la provincia mediterránea apuntaron contra la falta de previsibilidad y los canales de comunicación de la Secretaría de Energía. La UIC denunció que existe una marcada asimetría de información en el sector, criterios de restricción que carecen de claridad técnica y una escasa certeza sobre cuál es la disponibilidad real de gas dentro del sistema troncal de gasoductos, lo que impide cualquier tipo de planificación empresarial mínima.

Salta llega a un escenario de parálisis total

El diagnóstico más dramático llegó desde el extremo norte del territorio nacional. El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), Julio Fazio, confirmó que las restricciones al suministro para el sector fabril alcanzaron el 100% de los volúmenes contratados, forzando un apagón productivo total en diversas ramas de la actividad local.

Fazio describió la velocidad del deterioro señalando que apenas tres días atrás la industria salteña operaba con una restricción del 50%, pero que la disposición oficial posterior cortó el suministro por completo, obligando a las empresas a llevar sus procesos productivos a cero de manera inmediata.

Para los empresarios salteños, la única ventana de supervivencia comercial para sostener contratos internacionales o entregas urgentes consiste en volcarse de forma masiva al mercado spot de gas. Sin embargo, los valores que se manejan en ese ámbito rondan los 18 dólares por millón de BTU, una cifra que contrasta de manera prohibitiva con los 4,5 dólares que las fábricas abonan bajo condiciones contractuales normales. El sobrecosto operativo resulta inviable a mediano plazo para el entramado productivo regional.

Un cierre bajo la sombra de la incertidumbre

El recrudecimiento del invierno pone de manifiesto que la tensión entre el consumo residencial de emergencia y la actividad industrial formal está lejos de resolverse de manera armónica. Las quejas unificadas de Córdoba, Tucumán y Salta no solo exponen las debilidades logísticas de la infraestructura energética actual, sino que también encienden las alarmas sobre el impacto directo que estos cortes tendrán sobre los niveles de empleo, la inflación por costos y el normal abastecimiento de productos en el mercado interno durante los próximos meses.