Escándalo judicial: el contrato trucho que complica a José Luis Esper
El fiscal federal Fernando Domínguez sospecha que el documento de consultoría minera es una maniobra ilícita para blanquear un pago de 200.000 dólares de Fred Machado.
La Justicia federal avanza en una investigación penal contra el diputado nacional José Luis Espert por la presunta presentación de un contrato trucho. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales exhibido por el legislador es falso y constituyó una simulación orientada a blanquear un pago ilegal de USD 200.000 en su cuenta bancaria, proveniente de Fred Machado, un empresario fuertemente vinculado al narcotráfico internacional. Esta hipótesis dinamita la estrategia de defensa que el economista liberal sostuvo durante años.
El origen de los fondos bajo sospecha
Durante un prolongado período, Espert negó de forma sistemática haber recibido financiamiento o dádivas de personas ligadas al crimen organizado. Sin embargo, ante la acumulación de pruebas en los tribunales, el legislador cambió su estrategia y admitió la existencia de las transferencias, aunque brindó una explicación que los investigadores calificaron de insólita. Según su declaración, el dinero correspondía a honorarios legítimos por asesorías privadas.
La sospecha de la fiscalía se consolidó al analizar el presunto contrato de consultoría minera en Guatemala que el dirigente político presentó para justificar el ingreso de las divisas. El documento vinculaba a Espert con la firma Minas del Pueblo S.A. No obstante, los cruces de datos migratorios y las pericias oficiales revelaron inconsistencias insalvables que transformaron la justificación en un indicio de criminalidad.
Las pruebas que complican al diputado
La Justicia federal recolectó evidencia documental que refuta la versión del economista. En primer lugar, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron que Espert nunca viajó a Guatemala en los períodos declarados para prestar los supuestos servicios de asesoría. En segundo lugar, mediante la cooperación internacional, se constató que las minas pertenecientes a la empresa Minas del Pueblo S.A. ni siquiera estaban operativas al momento de la firma del documento.
«La hipótesis que manejamos es la de una simulación jurídica. No existe correlación entre el dinero percibido y las actividades comerciales de la firma remitente», señalaron fuentes judiciales cercanas al caso. La sospecha principal es que el legislador recibió un adelanto neto de 200 mil dólares por un trabajo inexistente.
El fiscal Domínguez sostiene que el entramado montado en Guatemala funcionó como una pantalla jurídica para dar apariencia de legalidad a fondos de origen espurio. Fred Machado, el presunto financista detrás de la operación, enfrenta graves cargos por lavado de activos y tráfico de estupefacientes a nivel global, lo que agrava la situación institucional del diputado.
El impacto político y los próximos pasos judiciales
El dictamen fiscal deja al actual diputado en las puertas de una declaración indagatoria por falsificación de documento y lavado de dinero. En el entorno del Congreso, la oposición ya analiza pedidos de informes para evaluar la conducta ética del legislador, mientras que su equipo legal trabaja en una contraofensiva para intentar desacreditar los informes provenientes de Centroamérica.
El avance de esta causa pone bajo la lupa los mecanismos de financiamiento de la actividad política y la efectividad de los controles bancarios ante transferencias internacionales de alta denominación. La resolución del caso dependerá de las próximas medidas de prueba que ordene el juez a cargo, quien deberá decidir si procesa al economista por encubrimiento y falsedad ideológica.
