Manuel Adorni enfrenta un rechazo del 80% y la sociedad pide su salida

La figura de Manuel Adorni atraviesa su peor momento político y social desde el inicio de la gestión nacional. Según el último informe de opinión pública de la consultora CEOP Latam, realizado en junio de 2026 sobre una muestra de 2100 casos en todo el país, el funcionario enfrenta un profundo deterioro de su imagen pública y un consenso social mayoritario que reclama su salida inmediata del Poder Ejecutivo. El estudio revela que el 78,7% de los encuestados considera que Adorni debe salir del Gobierno, en medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, un dato que impacta de lleno en la línea de flotación del relato oficialista.

Una desconfianza casi absoluta en la palabra oficial

Los datos recolectados por la consultora exponen que el rechazo hacia el funcionario se sustenta en una imagen negativa que ya alcanza el 78,0%, lo que deja un saldo neto de -57,6 puntos en su contra. Por el contrario, apenas un 17% de los ciudadanos consultados manifestó su apoyo a la continuidad del funcionario dentro de la estructura gubernamental.

La desconfianza en la palabra del vocero es casi total en los diferentes estratos sociales analizados. El 85,1% de la población total afirma creerle «poco o nada» a sus declaraciones habituales, destacándose que un 75,3% de ese universo directamente manifestó no creerle «nada».

Al pedirle a los encuestados que definan la figura del jefe de Gabinete en una sola palabra, el ranking de respuestas fue encabezado de forma unánime por calificativos de una fuerte carga ética y moral. El término «corrupto» lideró las menciones con el 22,1%, seguido por «ladrón» con el 12,2% y «chorro» con el 9,8% de las respuestas espontáneas, evidenciando un severo daño a su reputación.

El pedido de moción de censura en el Congreso

Ante el escenario de que el funcionario no presente su renuncia de manera voluntaria en el corto plazo, la sociedad civil parece mirar hacia el Poder Legislativo como una vía de resolución institucional. El informe técnico reveló que el 67,3% de los argentinos está de acuerdo con que el Congreso lo eche mediante una «moción de censura».

Este dato estadístico refleja una presión social creciente sobre las instituciones democráticas para intervenir activamente en lo que el informe denomina «el caso Adorni». La demanda social se encuentra fuertemente alimentada por la difusión de una serie de escándalos recientes, entre los que se destacan la utilización de vuelos privados, la existencia de propiedades no declaradas ante los organismos de control y la polémica construcción de una cascada en su propiedad del exclusivo club de campo Indio Cuá.

La erosión del relato gubernamental

El informe de CEOP Latam sugiere que el desgaste de la figura del jefe de Gabinete está afectando de forma directa el relato fundacional de la administración central de Javier Milei. Los datos muestran una erosión evidente de la bandera política fundamental del espacio: la lucha «anti-casta».

De acuerdo con el relevamiento de junio de 2026, el 49,4% de los consultados percibe que la actual gestión es «más casta que otros gobiernos anteriores», en tanto que un 46,0% considera que el Poder Ejecutivo actual es «más corrupto» que las administraciones precedentes. Este cambio de percepción marca un punto de inflexión en el humor social de la base electoral.

La economía permanece en el centro de las preocupaciones

A pesar del fuerte impacto mediático y social de estos escándalos vinculados a la corrupción, que preocupan de forma prioritaria al 33,9% de la población, el rumbo general de la economía real sigue manteniéndose como la principal inquietud de los hogares, concentrando el 43,4% de las respuestas del estudio.

En las conclusiones finales del estudio de opinión pública, se advierte de forma analítica que, si bien el desarrollo del «caso Adorni» puede funcionar coyunturalmente para desviar la atención de los cuestionamientos del frente económico, al mismo tiempo genera un costo político elevado al alejar a los sectores de la clase media que originalmente confiaron en la promesa de transparencia, austeridad y renovación ética del proyecto oficialista.