Caso Loan Peña: la fiscalía definió la cadena de responsabilidades en la desaparición
Funcionarios del Ministerio Público Fiscal delimitaron el papel de los tíos, vecinos y de quienes intentaron entorpecer el caso. Hay imputaciones cruzadas por sustracción y encubrimiento.
El Tribunal Federal de Corrientes suspendió la segunda audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal. El proceso oral busca esclarecer el destino del menor, quien desapareció tras participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Los fiscales federales lograron estructurar la plataforma fáctica de la acusación, delimitando con precisión los roles de los tíos de la víctima, de los vecinos presentes en el lugar y de una red de falsos colaboradores que se desplegó con el único fin de desviar el curso de la investigación judicial.
Los presuntos artífices de la captación en el monte
Para el fiscal federal Carlos Schaefer, la desaparición de Loan Peña se ejecutó mediante una estructura coordinada de roles específicos. En la cúspide de la maniobra de captación inicial se ubican los tíos paternos del niño, Laudelina Peña y Antonio Benítez, junto a una pareja de vecinos de extrema confianza de la familia, integrada por Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi. De acuerdo con la hipótesis oficial de la fiscalía, este grupo de cuatro personas asumió la responsabilidad directa de separar al menor de la custodia de sus padres, José Peña y María Noguera, aprovechando una caminata hacia un naranjal cercano.
La acusación contra Antonio Benítez es una de las más severas dentro del dictamen fiscal. Schaefer sostuvo ante el tribunal que Benítez posee una participación penal directa en la sustracción del menor, fundamentada en que fue la última persona adulta en tener contacto visual con Loan dentro del perímetro del monte correntino. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal destacó las profundas contradicciones y baches temporales detectados en sus relatos posteriores, los cuales no coinciden con las declaraciones de los otros menores que formaban parte de la comitiva.
Por su parte, a Laudelina Peña se la señala como una pieza fundamental en las maniobras operativas destinadas a dilatar el hallazgo del niño y desorientar de forma temprana a las brigadas de rescate. La fiscalía le endilgó formalmente haber sido quien colocó un botín perteneciente a Loan, enterrándolo de manera deliberada en una zona lodosa alejada del punto cero. El hallazgo de este calzado por parte de las autoridades provinciales durante los primeros días de rastrillaje consolidó de manera errónea la hipótesis de que el nene se había perdido por sus propios medios.
El traslado vehicular y el rol del excomisario Maciel
El plan criminal habría contemplado una segunda instancia operativa de ocultamiento y traslado fuera de la localidad de 9 de Julio. En este eslabón, la fiscalía ubicó a la exfuncionaria municipal de Goya, María Victoria Caillava, y a su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez. La acusación fiscal sostiene que el matrimonio retiró a Loan Peña de la provincia de Corrientes a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca. Los registros camineros confirmaron que el vehículo arribó a la ciudad de Resistencia, Chaco, el 14 de junio, apenas veinticuatro horas después de denunciada la desaparición del nene.
Para sustentar esta grave imputación, los funcionarios judiciales se valieron de un elemento probatorio de altísima fidelidad técnica: el peritaje de odorología forense. Los perros adiestrados de la Policía detectaron rastros aromáticos moleculares que resultaron plenamente compatibles con el perfil biológico del menor dentro del habitáculo y en la caja de la camioneta Ford Ranger perteneciente a los sospechosos.
La pata institucional indispensable para dar cobertura a la organización estuvo representada, según la fiscalía, por el excomisario Walter Maciel. Se lo acusa formalmente de actuar como partícipe necesario al obstaculizar las primeras horas de búsqueda del menor, consideradas críticas para cualquier protocolo de trata de personas. Maciel habría adoptado resoluciones arbitrarias destinadas a desviar la atención de los investigadores, validando activamente versiones falsas como el testimonio inicial de Laudelina, quien intentó instalar la teoría de un accidente de tránsito inexistente.
La red de encubrimiento y la falsa fundación
La investigación penal también avanzó sobre un segundo grupo de imputados vinculados a maniobras de entorpecimiento cuando el expediente ya se tramitaba ante el Juzgado Federal a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo. La fiscalía apuntó contra Elizabeth Noemí Cutaia y Alan Cañete, quienes irrumpieron en la localidad simulando ser profesionales pertenecientes a la «Fundación Dupuy». Esta organización resultó ser una fachada ficticia utilizada para manipular las declaraciones testimoniales de los niños que presenciaron los hechos.
Entre los miembros procesados de esta supuesta organización civil se encuentran Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni y Valeria Liliana López. A este esquema de obstrucción se sumó Nicolás Gabriel Soria, conocido bajo el alias de «El Americano», quien intentó amedrentar a familiares y fuerzas de seguridad fingiendo ser un agente operativo de la organización internacional INTERPOL.
El proceso oral continuará tras una decisión de los jueces Enrique Belforte, Simón Pedro Bracco y Fermín Cerolini, quienes rechazaron el pedido de detención inmediata para los imputados que llegan al juicio en libertad y reprogramaron la reanudación del debate. Se prevé que las próximas jornadas estén dedicadas en exclusividad a las declaraciones testimoniales de los padres de la víctima, en una causa que mantiene en vilo al país.
