Inocencia Fiscal: los funcionarios clave que pidieron entrar al régimen

La polémica en torno al régimen de Inocencia Fiscal sumó un nuevo capítulo de alto impacto político y judicial en las últimas horas. Tras conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa iniciaron los trámites de adhesión, una filtración de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reveló que una decena de altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, legisladores y asesores clave también solicitaron ingresar a este beneficio. La iniciativa legal, diseñada y aprobada bajo la actual administración, otorga a los solicitantes la posibilidad de regularizar activos y fondos fuera del circuito formal sin ser sometidos a investigaciones patrimoniales ni auditorías por parte del fisco sobre ejercicios anteriores.

El núcleo del oficialismo busca el paraguas legal

El gabinete económico y regulatorios en la mira

De acuerdo con los registros informáticos del ente recaudador, las solicitudes para ingresar al marco regulatorio de la Ley 27.799 se multiplicaron durante los meses de mayo y junio. Uno de los nombres de mayor peso específico es el del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuya presentación formal quedó asentada el pasado 7 de mayo.

La contradicción institucional más notoria del listado la protagoniza Andrés Vázquez. El actual titular de ARCA, que es precisamente el organismo estatal encargado de aplicar, auditar y validar los ingresos al régimen de Inocencia Fiscal, figura también como solicitante del beneficio para su patrimonio personal. De aprobarse estas solicitudes, las declaraciones juradas de los funcionarios quedarán eximidas de controles cruzados, permitiéndoles omitir el desglose del origen de sus fondos al inicio de cada año fiscal.

Asesores y legisladores bajo sospecha

La nómina de solicitudes refleja una adopción en cadena dentro de la estructura de La Libertad Avanza. Entre los expedientes tramitados se encuentra el de Aimé «Meme» Vázquez, jefa de Asesores de la Jefatura de Gabinete. A ella se suma Felipe Núñez, director y asesor del Ministerio de Economía, considerado un hombre del círculo de confianza del estratega presidencial Santiago Caputo.

El Poder Legislativo también registra movimientos. El senador nacional por la provincia de Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, formalizó su pedido de adhesión al sistema simplificado. Incluso el ámbito de la comunicación oficial se ve alcanzado: el documentalista presidencial Santiago Oría, responsable de la narrativa audiovisual de la Casa Rosada, inició el trámite ante el fisco.

El caso Espert: lavado y blindaje parlamentario

Nexos bajo investigación penal

El caso del ex diputado José Luis Espert reviste una complejidad judicial mayor. Su solicitud de ingreso a Inocencia Fiscal fue registrada el 9 de junio, en medio de una causa penal abierta en la Justicia Federal de San Isidro. El fiscal Fernando Domínguez investiga al dirigente por presunto lavado de dinero derivado de sus vínculos comerciales y financieros con Federico «Fred» Machado, un empresario argentino que se declaró culpable ante los tribunales de Estados Unidos por cargos de fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

La justicia penal evalúa actualmente transferencias bancarias sospechosas que ascienden a 135.000 dólares y más de 230 millones de pesos, así como la adquisición de vehículos de alta gama y operaciones inmobiliarias que no coinciden con los ingresos declarados del político.

Del Congreso al beneficio propio

La paradoja del expediente radica en que el propio Espert fue el encargado de presentar y defender el proyecto de ley de Inocencia Fiscal en el Congreso de la Nación en junio de 2025, meses antes de declinar su postulación legislativa. Durante el debate parlamentario, el entonces diputado argumentó que la norma buscaba «blindar al ciudadano de bien que preservó su ahorro del descalabro de la casta». Un año después, el propio autor de la normativa utiliza la ley para frenar el avance de las pericias sobre sus bienes.

Las alertas judiciales sobre el entorno de Adorni

El detonante de la filtración masiva fue la postulación de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias, la antesala técnica obligatoria para calificar en el programa de amnistía fiscal. Ambos enfrentan una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito debido a un incremento patrimonial considerado incompatible con sus ingresos históricos desde que asumieron la función pública.

Puntos clave de la investigación a los Adorni:

• Propiedades: Adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un valor declarado de 30.000 dólares, una cifra ostensiblemente menor a los precios de mercado.

• Refacciones: Reformas de infraestructura en una vivienda del country Indio Cuá estimadas en 245.000 dólares.

• Turismo de lujo: Desembolsos superiores a los 30.000 dólares en viajes recientes a Punta del Este, Aruba y el hotel Llao Llao.

Si la ARCA convalida el trámite, el Estado nacional perderá de forma retroactiva la facultad de auditar la evolución de bienes de estos funcionarios correspondientes a los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024, clausurando las vías administrativas de control de transparencia.

Conclusión

La masiva adopción del régimen de Inocencia Fiscal por parte de la cúpula gobernante expone una profunda contradicción entre el discurso de transparencia administrativa y la utilización de mecanismos excepcionales de blanqueo en beneficio propio. El hecho de que exfuncionarios de la primera etapa de gestión, como el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, también se hayan sumado a los pedidos denota un patrón sistemático de resguardo patrimonial. Al obturar la capacidad fiscalizadora de ARCA sobre los años previos a la función pública, la normativa se transforma en un escudo legal que debilita el control republicano y deja bajo un manto de opacidad el origen real de las fortunas de quienes hoy administran el Estado.