Denuncian la pérdida de 91.000 empleos en la construcción por el freno a la obra pública
La parálisis de los proyectos de infraestructura estatal impacta de lleno en el mercado laboral y habitacional, transformando el acceso a la vivienda en un privilegio inalcanzable.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunció este miércoles ante la Cámara de Diputados que se perdieron más de 91.000 puestos de trabajo formales en el sector desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La presentación del informe sociolaboral tuvo lugar en el marco de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara Baja. Allí, los representantes gremiales y empresarios expusieron un panorama crítico marcado por la suspensión de la obra pública nacional y el fuerte encarecimiento de los costos de edificación privada en dólares.
El impacto directo en la vivienda social
El director Ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, fue el encargado de detallar la gravedad de las cifras que afectan a la actividad. Según precisó el referente sindical, de los 91.000 empleos destruidos en el último período, entre 35.000 y 50.000 correspondían a proyectos de vivienda social. Esta rama de la arquitectura social se caracteriza por demandar una utilización intensiva de mano de obra en comparación con las grandes obras viales o de infraestructura pesada.
Gándara fundamentó la necesidad urgente de transparentar la situación de las obras en ejecución y solicitó al Poder Legislativo herramientas para obtener datos fehacientes sobre el estado de la construcción de viviendas sociales en el país. Asimismo, el directivo reclamó la unificación de criterios técnicos y la creación de un estándar normativo que simplifique las burocracias provinciales y municipales que obstaculizan los desarrollos inmobiliarios, advirtiendo además sobre la preocupante ausencia de políticas estatales destinadas a la formación y recalificación de los operarios desempleados.
Desfase de costos y falta de financiamiento privado
La mirada del sector empresarial coincidió con el diagnóstico del sindicato respecto a las dificultades estructurales que atraviesa el mercado inmobiliario. Iván Szczech, titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), expuso las razones por las cuales el sector privado no logra absorber la mano de obra desplazada por el Estado.
El dirigente empresarial advirtió que el elevado costo en dólares del metro cuadrado neutraliza la rentabilidad del sector corporativo. Sumado a la histórica escasez de crédito hipotecario de largo plazo y de financiamiento bancario para proyectos de gran escala, la posibilidad de comprar un inmueble propio se ha restringido drásticamente. «Hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos», sentenció Szczech, haciendo un llamado generalizado a la dirigencia política para revertir la tendencia estructural del déficit habitacional independientemente de los signos partidarios de turno.
El debate federal por una ley nacional de vivienda
La reunión informativa, coordinada por el diputado nacional Itai Hagman, sirvió como caja de resonancia para funcionarios provinciales del área de infraestructura que cuestionaron la visión desreguladora y la retirada del Gobierno nacional del financiamiento de los planes federales, incluyendo la disolución de herramientas de articulación como el plan Procrear.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, propuso la redacción de una nueva ley nacional de vivienda. La iniciativa busca coordinar esfuerzos técnicos y económicos entre las provincias, los municipios, el sector inmobiliario y el sistema financiero para achicar un déficit habitacional que, bajo los parámetros actuales, demandaría más de seis décadas resolver. En sintonía con este reclamo federal, la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, cuestionó la idea de que la libre competencia pueda resolver las asimetrías sociales. «Cuando el Estado se corre del rol de construcción de vivienda, no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema», concluyó.
El cierre de la jornada legislativa dejó planteado el desafío de buscar consensos multipartidarios para reactivar un sector que dinamiza la economía interna y representa el sustento de miles de familias.
