Kicillof e intendentes denuncian «catástrofe sanitaria» por el ajuste de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un encuentro clave en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la vicegobernadora Verónica Magario y más de 60 intendentes bonaerenses de diversas fuerzas políticas. El objetivo central de la convocatoria fue analizar el grave estado de la salud pública en el territorio provincial debido a las políticas de ajuste implementadas por la administración del presidente Javier Milei. Durante la jornada, las autoridades presentaron datos estadísticos alarmantes y suscribieron un acta acuerdo para exigir de forma urgente la restitución de los fondos, programas asistenciales y medicamentos discontinuados por el Estado nacional.

Diagnóstico oficial: sobrecarga del sistema y aumento de la mortalidad

El mandatario bonaerense utilizó términos categóricos para describir el escenario actual de la salud pública. Según Kicillof, las decisiones del Ejecutivo nacional constituyen un abandono que calificó de «criminal», asegurando que la provincia se encuentra inmersa en una «catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable». La principal preocupación del Gobierno provincial radica en que el impacto de las medidas fiscales ya se traduce en un deterioro directo de los indicadores básicos de bienestar social en los diferentes distritos.

De acuerdo con el informe estadístico presentado por la cartera sanitaria, la eliminación de programas nacionales de prevención y asistencia médica generó un incremento sin precedentes en variables críticas como la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por patologías que habitualmente son controlables. Este diagnóstico técnico fundamentó el reclamo colectivo de los jefes comunales, quienes enfrentan la demanda en la primera línea de atención de los hospitales municipales.

El factor prepagas y la migración hacia el hospital público

Uno de los puntos más críticos expuestos durante la reunión fue la masiva migración de usuarios desde el sector de la medicina privada hacia el sistema de salud pública. Las autoridades provinciales estiman que más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica en los últimos meses debido a la combinación de tres factores: la crisis económica generalizada, la pérdida de puestos de trabajo y la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga.

Esta situación provocó un cuello de botella en los efectores estatales. Los hospitales y centros de atención primaria, tanto provinciales como municipales, debieron absorber de manera inmediata a una masa de pacientes que ya no puede costear la atención privada ni los remedios básicos, sobrecargando una infraestructura que ya funcionaba al límite de sus capacidades operativas.

Recortes presupuestarios y desabastecimiento de insumos básicos

Por su parte, el ministro Nicolás Kreplak detalló el alcance de la «motosierra» aplicada por la Nación sobre el área sanitaria. El funcionario afirmó que, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, el presupuesto nacional destinado a la salud pública sufrió un recorte real del 40%. Esta reducción de partidas derivó en la paralización casi total de la entrega de medicamentos de alta complejidad y la disminución en la distribución de vacunas que integran el calendario oficial.

Asimismo, Kreplak denunció un fuerte impacto negativo sobre las prestaciones del PAMI, lo que vulnera el acceso de la población de la tercera edad a tratamientos esenciales. El ministro contrapuso esta situación con la política bonaerense, señalando que la gestión provincial trabaja activamente para sostener un esquema de acompañamiento en los 135 municipios a pesar del ahogo financiero provocado por la Casa Rosada.

Estrategia provincial y movilización en las calles

Ante el retiro del Estado nacional, Kicillof anunció la profundización de los programas de contingencia locales, como «Medicamentos Bonaerenses», diseñado para sustituir la provisión de remedios que la Nación dejó de enviar a las provincias. No obstante, el gobernador reconoció las limitaciones financieras para cubrir la totalidad del bache presupuestario y remarcó la necesidad de visibilizar el conflicto en el espacio público.

Como cierre de la jornada de debate y articulación política, se confirmó que las autoridades del gabinete provincial y los intendentes firmantes participarán activamente de la marcha federal convocada para defender el derecho a la salud pública. La movilización buscará federalizar el reclamo por los recursos sanitarios en un contexto de creciente tensión política entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno federal por la distribución de los fondos coparticipables y de asignación específica.